Por el reconocimiento de la igualdad en el ejercicio de derechos de todas y todos

En los últimos años, son muchos los avances conseguidos en materia de igualdad, pero todavía queda mucho por recorrer. En la actualidad, más de 70 países en el mundo criminalizan la homosexualidad y condenan los actos sexuales entre personas del mismo sexo con prisión.

De manera más preocupante todavía, tal y como indica el informe Homofobia de Estado 2017 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), en ocho de esos países se mantiene para estos casos la pena de muerte.

En Latinoamérica la situación también dista mucho de ser la ideal para la población LGBTI. Entre enero de 2013 y marzo de 2014, cerca de 600 personas LGBTI fueron asesinadas por motivos relacionados con su orientación sexual o su identidad de género.

En Perú, diversas organizaciones locales denunciaron el asesinato de 13 personas por los mismos motivos en apenas un año (abril de 2014 – marzo de 2015). Estos entre otros son los datos más estremecedores que arroja el reporte Violencia contra personas LGBTI, preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2015).

Pero los estigmas que sufre esta población en el país no se limitan a episodios puntuales de violencia física, sino que se observan en el día a día. La Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2017, reveló que un 56.5% de los peruanos que respondieron siente temor de expresar su orientación sexual y/o identidad de género, principalmente para no ser discriminado o agredido, no perder el empleo o no ser aceptado por familia y/o amigos.

Es un problema social y político que obliga a la población LGBTI peruana a una lucha cotidiana por el ejercicio de sus derechos y a demandar una presencia estatal real y efectiva.

Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia (IDAHOT), el 17 de mayo, la oficina del Banco Mundial en Lima se sumó a la celebración con un evento informativo para conversar acerca de la situación de la población LGBTI en el Perú. Se contó con la presencia de un panel experto y diverso, integrado por Miluska Luzquiños, directora de la Red Trans Perú, Marivel Saldaña, presidenta de la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima, y Alejandro Merino, miembro de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual de Perú.

Nuestros/as invitados/as nos iluminaron con sus análisis y reflexiones como activistas miembros de organizaciones LGBTI del país, y con sus experiencias en esta larga reivindicación de igualdad de derechos. Las reflexiones que se compartieron giraron alrededor de tres ejes:

• La familia y el hogar: La familia, en vez de ser un espacio de acogida o soporte frente a la discriminación, es, en la mayoría de los casos, un espacio que invisibiliza, excluye, infunde vergüenza, culpa y temor de manera cotidiana y sistemática. Los familiares toman parte en amenazas directas contra las personas LGBTI, que en casos graves implican la participación forzosa en las terapias de reconversión sexual o incluso violaciones correctivas en el caso de las lesbianas. A todo ello se suma la coacción, la intromisión en la privacidad, las constantes amenazas, la manipulación emocional y la negación al acceso a derechos como la educación, la vivienda o la alimentación. Muchos ciudadanos LGBTI se ven, por tanto, forzados a abandonar el hogar y los estudios, y quedar relegados a situaciones de marginalidad y rechazo.
• La visibilidad y reconocimiento social: Dentro de la población LGBTI, podemos observar diferentes niveles de aceptación. Frente a la relativa normalización de los hombres homosexuales, las lesbianas suelen tener que enfrentarse a la invisibilización, siendo esta una de las principales formas de violencia contra ellas. Por otro lado, es común encontrar un rechazo a reconocer las diferentes vivencias que se producen en el ejercicio de la sexualidad. Las relaciones humanas son complejas y diversas en todos los ámbitos, incluyendo el sexual, con lo que la conducta basada en la heteronormatividad no es universal ni la única de carácter legítimo. Debería prevalecer el derecho a disfrutar de una sexualidad sana, mutuamente consentida y sin imposiciones de ningún tipo. 
• El papel del Estado: El Estado en su rol garante de derechos humanos y rector de políticas públicas debería proporcionar los mecanismos para asistir a la población LGBTI en todos los niveles estatales. Los servicios de atención médica aún deben garantizar servicios de calidad para atender a esta población sin generar discriminación, estigma o rechazo. A esto se suma la falta de información y diagnósticos oficiales que permitan visibilizar la problemática de la violencia contra la población LGTBI, que como se ha expuesto anteriormente, presenta una elevada incidencia en el país. La encuesta virtual de 2017 es solo un primer hito. Es necesario ampliar esta información y diseñar políticas específicas que respondan a las necesidades de las personas LGTBI. En el caso concreto de las mujeres transgénero, se evidencia una problemática que suele pasar desapercibida, pero cuyos efectos son de especial gravedad: se ven obligadas a huir de sus lugares de residencia, generalmente de zonas rurales y amazónicas hacia la capital y, debido a que en muchos casos no cuentan con documentación por la pobreza de sus condiciones de vida y las trabas administrativas, quedan marginadas del sistema. Estas paupérrimas condiciones se vuelven sistémicas ante la falta de apoyo, viéndose en muchos casos abocadas a la prostitución o la delincuencia. El acceso a la documentación es fundamental, facilitando por tanto el acceso a la atención médica, subvenciones y otros servicios sociales prestados por el Estado y/o sector privado. Y lo que es más importante para la población transgénero, en esta documentación debería respetarse la identidad de género. Para modificar la identidad, es necesario realizar un procedimiento en el juzgado de paz, siendo el juez el que determina la identidad de género, en lugar de realizarse mediante un simple trámite administrativo, únicamente dependiente de la voluntad de la persona solicitante. Podrá parecer sutil, pero es una forma de violencia contra esta población.

¿Cómo se podría aportar una solución a estos problemas?

Atendiendo a las demandas fundamentales de la población LGTBI en el Perú. La inclusión del enfoque de género y no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género es esencial, implementando la igualdad y el acceso equitativo a los servicios, y fomentando la aceptación de la diversidad humana desde la esfera pública.

Este enfoque es fundamental para la definición de políticas públicas. En este ámbito, la propuesta de Ley de Identidad de Género, discutida en las Comisiones de Mujer y Familia, y de Constitución y Reglamento del Congreso de la República peruano, pero sin haber alcanzado la fase de debate en el pleno, supondría un importante paso adelante. Las leyes de matrimonio igualitario o protección contra la “LGTBIfobia” son otros dos ejemplos del trabajo que queda por hacer. Un trabajo que no solo repercute en términos de justicia social, sino también económicos. Como demuestra el estudio del Banco Mundial titulado Inclusión económica de grupos LGBTI en Tailandia, queda en evidencia que la exclusión de las población LGTBI conlleva costos a nivel personal (psicológicos y emocionales), que con toda certeza se trasladan a la economía del país.

En definitiva, Perú tiene la oportunidad de convertirse en un Estado referente en la lucha por la igualdad y la garantía de derechos de las personas LGTBI, por medio del diseño e implementación de medidas específicas y políticas públicas dirigidas a la integración de todos y todas.