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¿Cuáles son las Fuentes de la Corrupción?

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En un blog anterior analizamos los factores que han llevado el tema de la corrupción al centro del debate de políticas acertadas sobre gestión económica. Una pregunta relacionada se refiere a las fuentes de la corrupción: ¿de dónde proviene y qué factores la han impulsado y transformado en un obstáculo tan poderoso para el desarrollo económico sostenible? Los economistas parecen estar de acuerdo en que una importante fuente de corrupción se origina en la función distributiva del Estado. Para bien o para mal, el papel del Estado en la economía ha aumentado en gran medida durante el siglo pasado. En 1913, las 13 economías más grandes del mundo, que representaban la mayor parte de la producción económica mundial, tenían un coeficiente medio de gasto en relación con el producto interno bruto (PIB) de alrededor del 12%. En 1990, este coeficiente había subido al 43%, si bien muchos países superaban ampliamente el 50%. Este incremento estaba asociado a la proliferación de beneficios estatales y a diversas formas en que el Estado impone costos a la sociedad. Aunque un Estado más grande no tiene por qué tener  correlación  con mayores niveles de corrupción —los países nórdicos ilustran esto— se da el caso de que cuanto más grande es el número de interacciones entre funcionarios y ciudadanos particulares, tanto mayor es la cantidad de oportunidades en las que los últimos pueden tener la intención de pagar para recibir beneficios a los que no tienen derecho, o evitar responsabilidades o costos a los que están obligados.

Gobernar a menudo consiste en emitir licencias y permisos. Desde que nace hasta que muere, un ciudadano común tiene que realizar transacciones en alguna oficina o con un burócrata gubernamental para obtener un certificado de nacimiento o un pasaporte, pagar impuestos, abrir un nuevo negocio, conducir un automóvil, registrar una propiedad, participar en actividades de comercio exterior, vender un bien o servicio al Gobierno, contratar un empleado o recibir un permiso para construir una casa, entre muchas otras. El informe Doing Business (DB) del Banco Mundial se ha convertido en un compendio anual de gran utilidad sobre la carga que representan las disposiciones reguladoras de la actividad empresarial en 189 países. La situación que surge del informe para un gran número de países es preocupante. Visite el sitio web del informe y vea por qué en tantas partes del mundo las empresas toleran niveles sorprendentes de burocracia y papeleo. De hecho, los datos de Doing Business destacan con elocuencia en qué medida muchos Gobiernos desalientan el espíritu empresarial en los sectores privados de sus propios países. Como era de esperar, la prevalencia de la corrupción guarda una estrecha correlación con la frecuencia de la burocracia y la excesiva regulación. El gráfico a continuación muestra la clasificación de los países en el último Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional y de DB 2014, que incluye 175 naciones. La cifra habla por sí misma: cuanto mayor es la burocracia, mayor es la incidencia de corrupción, llegando el coeficiente de correlación a cerca de 0,80.
 





Varios estudios han demostrado que las empresas destinan una cantidad considerable de tiempo y recursos para gestionar la burocracia. A menudo pueden creer que el pago de sobornos es una manera de ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia y, en muchos países, que posiblemente sea la única manera de hacer negocios sin socavar la posición competitiva de la empresa frente a los que pagan cohechos de forma sistemática. Obviamente, cuanto más disfuncional sea el sistema económico y legal y más onerosas las regulaciones, mayor será el incentivo para que las personas y compañías acorten el camino mediante conductas corruptas. La literatura está llena de ejemplos: los absurdos de la planificación centralizada en la Unión Soviética indujeron a actos de “corrupción” a los jefes de fábrica, para agregar un cierto grado de flexibilidad a un sistema que ponía en ridículo la eficiencia en la asignación de recursos. Cuanto más incomprensibles sean las normas, más probabilidades existen que no sean respetadas por los participantes en el sistema.

Leff, un investigador de Harvard, argumentó en un análisis detallado en 1964 que quienes veían la corrupción como algo irreparablemente malo suponían de manera implícita que los Gobiernos estaban bien motivados y comprometidos con la implementación de políticas que hacían avanzar la causa del desarrollo económico. En realidad, Leff pensaba que en muchos países las políticas estaban orientadas en gran parte a promover los intereses de la élite gobernante. Leff y Nye (un colega de Harvard) sugirieron que la corrupción era en parte una respuesta a las distorsiones del mercado, la burocracia, las regulaciones excesivas e irracionales, y las malas políticas, pero estas, a su vez, eran afectadas también por los niveles de corrupción dominantes en el país de una manera bidireccional simbiótica de causalidad que transformaba la corrupción en un problema social y económico inabordable. Si bien queda claro que los sobornos y la corrupción pueden ser en algunos casos respuestas a la existencia de distorsiones en la economía, veremos en un futuro blog que lejos de mejorar la eficiencia, este problema impone altos costos a la sociedad en diversos frentes.

El sistema tributario en sí es a menudo una fuente de corrupción, en particular en los casos en que la legislación subyacente no es clara o es difícil de entender, otorgando presumiblemente a los inspectores y auditores fiscales una considerable libertad de interpretación. Leyes tributarias confusas darán lugar a “compromisos” dañinos entre inspectores fiscales y contribuyentes. En términos más generales, hay muchas maneras en que diversas funciones de la organización y las políticas del gobierno crean incentivos para el surgimiento de conductas corruptas. Como ya se señaló, la imponente presencia del Estado en la economía y, en particular, el suministro de bienes y servicios a precios inferiores a los del mercado, crea un terreno fértil para la corrupción. Invariablemente da lugar a la creación de algún tipo de mecanismo de racionamiento para controlar el exceso de demanda, quedando a criterio de algún funcionario público. Recuerdo una reunión en el Banco Central de Rusia en mayo de 1992, en la que nos mostraron un documento de varias páginas que contenía los tipos de cambio para la importación de diversos artículos, como automóviles de lujo, medicamentos y coches infantiles. Algunos burócratas habían logrado elaborar algunas misteriosas pautas que establecían decenas y decenas de precios para el tipo de cambio según el producto de importación. Demás está decir que la lista permitía una alta discrecionalidad.

Existía un régimen similar para los cupos de exportación, permitiendo a quienes obtenían una licencia beneficiarse de la enorme brecha entre el precio interno y el precio internacional. Otro legado de la Unión Soviética fue un programa de crédito dirigido, que incluyó esencialmente préstamos altamente subvencionados para la agricultura e industria. A tasas de interés que eran absurdamente negativas en términos reales, la demanda de los mismos fue inusualmente elevada y, por supuesto, los criterios de asignación muy poco transparentes.

Si bien es fácil observar los incentivos para la práctica de los sobornos que muestran estos ejemplos, también resultan evidentes las pérdidas de eficiencia en materia económica. Los créditos dirigidos en Rusia no siempre terminaban en manos de agricultores. Más bien los recibían quienes habían hecho la mejor oferta, y luego usaban los fondos para comprar divisas extranjeras y financiar la fuga de capitales (los créditos mismos nunca se reembolsaban o se pagaban en rublos sumamente depreciados). Los cupos de exportación daban como resultado enormes pérdidas para el presupuesto de Rusia, en un momento en que el país atravesaba una severa contracción económica y cuando, por consiguiente, había enormes presiones para aumentar el gasto social. Susan Rose-Ackerman, una de las principales expertas en corrupción, los denomina sobornos que limpian el mercado o equiparan la oferta y la demanda.

Algunos cohechos se ofrecen como pagos de incentivos para los burócratas. Estos pueden adoptar una variedad de formas, como el “dinero para acelerar trámites”, omnipresente en muchas partes del mundo, y que se usa generalmente para “facilitar” algunas transacciones, evitar las filas, etc. Ciertos economistas han argumentado que esto podría mejorar la eficiencia dado que los estímulos se ofrecen para trabajar más rápido y los que valoran altamente su tiempo pueden avanzar con mayor celeridad. Sin embargo, Gunnar Myrdal (1968) ha señalado que, con el tiempo, los incentivos podrían funcionar a la inversa: los burócratas frenarán las cosas intencionalmente, o, peor aún, encontrarán obstáculos imaginarios o crearán ellos mismos nuevos impedimentos, con el fin de obtener pagos para simplificar los trámites. De modo que, en definitiva, el “dinero para acelerar procesos”, no se paga para apurar las cosas, sino más bien para evitar retrasos creados artificialmente por burócratas corruptos. De hecho, algunas de las regulaciones vigentes en muchas partes del mundo son tan irracionales que solo se puede inferir que fueron introducidas para generar oportunidades para llevar a cabo prácticas de soborno. Lejos de ser una forma de mejorar la eficiencia, estos actos ilegales preservan y fortalecen la maquinaria de la corrupción. Este es un tema amplio. Usted puede encontrar muchos más ejemplos aquí. En nuestro próximo blog dirigiremos nuestra atención a las diversas consecuencias o efectos de la corrupción.
 

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