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¿Mejorar la dieta subiendo los impuestos? Una mirada a México y Hungría

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Hace unos años, los autores Peter Menzel y Faith D’Aluisio publicaron “Hungry Planet [Planeta Hambriento]”, un libro fascinante con fotos de lo que comen las familias de todo el mundo.

La imagen de México era reveladora. Si uno la examina rápidamente, parece mostrar una dieta bastante saludable, variada y con muchas frutas y verduras. Pero si se mira más detenidamente, notará, en segundo plano, una docena de botellas de gaseosas de 2 litros y alrededor de dos docenas de botellas de cerveza. Además, frente a dos niños se puede ver una mesa con pan dulce y otros refrigerios ricos en calorías.

Lamentablemente, esta imagen es un reflejo exacto de las dietas de muchos hogares mexicanos, al menos en lo que concierne a las bebidas azucaradas. 

De acuerdo a informes del gobierno, alrededor de un quinto de las calorías consumidas en México provienen de las bebidas, la mayoría de ellas azucaradas. Datos de diversas encuestas de hogar muestran que en 2012 alrededor del 70% de los mismos consumían bebidas con azúcar añadida, en comparación con el 50% en 1989.

Esto en un país donde cerca de un tercio de los adultos son obesos; según datos de la OCDE, entre los países miembros solo Estados Unidos supera esta tasa. De manera similar, México exhibe la mayor prevalencia de diabetes de entre todos los países de la OCDE.

¿Por qué le debería importar este patrón de consumo al gobierno mexicano? Bueno, por la siguiente razón: existe nueva y creciente evidencia de que el consumo de bebidas azucaradas aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad, y además está asociado a condiciones crónicas como la diabetes tipo 2, formación de caries, riesgo cardiovascular en adultos y otros efectos negativos para la salud.

De hecho, los funcionarios de salud pública ya están tomando cartas en el asunto.  Como parte de una estrategia más amplia de lucha contra el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, y en el marco de la gran reforma fiscal del año pasado, México introdujo un impuesto al consumo de bebidas azucaradas y una tasa impositiva del 8% a refrigerios ricos en calorías de escaso valor nutricional.

En contraste con los impuestos al tabaco y el alcohol, sobre los cuales se ha llevado a cabo una gran cantidad de investigaciones relacionadas con su impacto en el consumo y la salud, se ha trabajado mucho menos en torno al efecto de gravar las gaseosas y los refrigerios poco saludables, particularmente en relación a su consumo, los niveles de obesidad y la prevalencia de otras enfermedades crónicas. Muy pocos países han establecido este tipo de políticas, por lo tanto los datos escasean.

La mayor parte de la evidencia sobre el impacto de estas decisiones proviene de Estados Unidos, donde varios estados gravan las bebidas con azúcar añadida y, en el caso de algunos de ellos, los refrigerios poco saludables.

Estos impuestos tienden a ser bajos y por lo tanto su impacto final en términos de consumo y salud hasta ahora ha sido limitado. Sin embargo, las investigaciones también sugieren que una mayor presión impositiva puede tener un efecto significativo en el consumo y el peso, en particular entre los niños, en poblaciones de bajo ingreso y personas que ya sufren de sobrepeso u obesidad.

En los últimos años, algunos países han establecido impuestos sobre las bebidas dulces y los refrigerios con niveles elevados de azúcar y sal. Nauru, Samoa, Fiji y la Polinesia Francesa, que también enfrentan un grave problema de obesidad, han fijado tributos sobre estas bebidas.

Entre los países más grandes, Estados Unidos, Francia, Finlandia y Noruega gravan las bebidas con azúcar añadida y algunos tipos de refrigerios poco saludables.  Otros países han establecido impuestos sobre un número limitado de bebidas azucaradas.

Solo dos países de ingreso medio han llevado a cabo alguna política similar en tiempos recientes: México y Hungría. Esta última, con un gran porcentaje de adultos obesos, estableció en 2011 un impuesto a las bebidas dulces, así como a refrigerios con alto contenido de sal y azúcar.

Pasará algún tiempo hasta conocer el impacto final de estos impuestos, al menos en el caso de México, dado que este nuevo tributo apenas se hizo efectivo el 1.º de enero de este año. Sin embargo, la información tributaria del primer trimestre de este año sugiere que se recaudó una cantidad similar o superior a la prevista.  Por otro lado, datos del gobierno sobre el índice de precios al consumidor de los refrescos embotellados muestran un incremento, sugiriendo que los productores transfirieron al menos parte del impuesto al consumidor final.

 Lo que ocurra en los países que hayan establecido este tipo de políticas dentro de un contexto general tendiente a mejorar la dieta, podría servir de referencia para medidas similares en el mundo. Por lo tanto, aquellos que trabajamos en políticas en pos de una vida saludable —en el Banco Mundial y en otras instituciones— tenemos una gran oportunidad de apoyar la generación y difusión de evidencia sobre el impacto de estas experiencias, como lo hemos hecho con los impuestos al tabaco.
Varios países han mostrado interés en medidas similares, incluyendo Chile, Brasil y Vietnam. Nuestras miradas deben posarse en México y Hungría como casos prácticos en el movimiento de salud pública para la lucha contra el exceso de peso y la obesidad.

Información relacionada
Rudd Report: Sugar-Sweetened Beverage Taxes
Reseña de investigación de la Robert Wood Johnson Foundation
Banco Mundial y México
 

Comments

ENVIADO POR DR. CARLOS QUIZHPE EL

EN ECUADOR TAMBIEN HAY INCREMENTO DE LA EPIDEMIA GLOBAL DE LA OBSEIDAD Y SOBREPESO. EL GOBIERNO NO TOMA MEDIDAS PARA FRENAR EL ATENTADO AL BUEN VIVIR POR LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHATARRA.
SE DEBE CREAR UN IMPUESTO SIMILAR PERO QUE PAGUEN LOS PODERES FACTICOS DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS Y OTRAS BASURAS PROCESADAS.

ENVIADO POR Claudio Arce R EL

Coincido plenamente con la autora: es necesario esperar la evidencia que surja de estas experiencias. Ello se torna esencial para diseñar, desarrollar política públicas basadas en evidencia y al mismo tiempo hacer frente con algún grado de éxito (es claro que la política pública es naturalea política) las presiones de los grupos de interés. En Costa Rica desde el Seguro de Salud público estamos empezando a sugerir estos impuestos; en tabaco tenemos experiencia, y es llamativa, pues el consumo no parece mostrar cambios significativos a pesar del impuesto (esto a pesar de que varios estudios encuentran una relación inversa precio-consumo, por ejemplo, Baltagi y Goel, 1987; Peterson et al., 1992), podría ser un tema que el BM explore e investigue. El BM podría como lo destaca la autora patrocinar o llevar cabo investigaciones sobre los resultados de estas políticas para que nuestros países cuenten con evidencia para decidir que camino elegir.

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