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Poner a prueba la resiliencia del sector transporte de Argentina ante el cambio climático

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​¿Se imagina tener que evacuar su poblado en bote porque el único camino para ir a la escuela o por donde llegan los suministros está inundado?
 
Puede parecer una ficción, pero para algunos residentes de la provincia de Salta, en el norte de Argentina, se convirtió en una terrible realidad en febrero de 2018, después de que lluvias torrenciales hicieran desbordar los ríos Bermejo y Pilcomayo. Las inundaciones causaron una muerte, forzaron la evacuación de cientos de personas y arrasaron con un segmento de la ruta provincial 54, dejando al poblado de Santa Victoria del Este completamente aislado.
 
De igual forma, una parte de la ruta nacional 7, uno de los principales corredores del Mercosur, ha estado intransitable desde hace más de un año debido al aumento en el nivel de la laguna Picassa producido por precipitaciones extremas y falta de coordinación entre las provincias sobre cómo lidiar con los excedentes hídricos. La expansión de la laguna obliga diariamente a 4000 vehículos a realizar un desvío de 165 kilómetros y agrega un día de tránsito a los 1560 trenes de carga que se desplazan cada año entre Buenos Aires y Mendoza. Las inundaciones lastran la economía e inflan unos costos logísticos ya de por sí elevados.

De hecho, un reciente estudio del Banco Mundial calculó el costo de este tipo de daños e interrupciones en alrededor del 0,34 % del PIB anual debido inundaciones fluviales, además de un 0,32 % del PIB por inundaciones urbanas.
 
Para hacer frente a estos riesgos, el Ministerio de Transporte argentino y el Banco Mundial comenzaron a explorar formas de reducir la vulnerabilidad de la red. Con subvenciones del Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación (GFDRR, por sus siglas en inglés), nuestro equipo dio inicio a un proyecto de asistencia técnica que proporcionará nuevos conocimientos respecto a la magnitud y ubicación de los actuales y futuros riesgos de inundación en las rutas de transporte multimodal (carretera, tren y vías navegables) de Argentina, y formulará recomendaciones para la reducción de riesgos. El estudio incluirá tres componentes principales:
  1.  ​​Una evaluación de vulnerabilidad para hacer una identificación sistemática de todos los nodos y enlaces de transporte vulnerables ante una inundación.
  2. Una evaluación de criticidad para determinar, en caso de un evento climático, qué partes de la red son las más esenciales para mantener la conectividad. La respuesta a esta pregunta puede ayudar muchísimo a la hora de priorizar, gestionar y asignar recursos.
  3. El desarrollo de una herramienta online de visualización de datos para asegurar que los hallazgos del estudio puedan ser usados de forma generalizada y apoyen una toma de decisiones efectiva. 

Estas actividades implican la superposición de datos sobre el clima y la red de transporte para evaluar riesgos actuales y futuros. Esto nos permitirá simular posibles fallas e interrupciones, así como evaluar el impacto sobre los flujos de transporte de carga y pasajeros. Estos análisis luego serán usados para calcular el impacto macroeconómico de los daños en la infraestructura de transporte, teniendo en cuenta tanto el panorama regional como nacional.

Esta iniciativa es una de las principales prioridades del Ministerio de Transporte, en el sentido que complementa y expande sus compromisos de incorporar una mirada sobre el cambio climático en el desarrollo de la infraestructura. Además de esta asistencia técnica, el Banco Mundial también está haciendo de la adaptación al cambio climático una parte integral de su cartera de proyectos en Argentina. El Proyecto del Corredor Vial de Desarrollo del Noroeste (US$300 millones), por ejemplo, incluirá estándares de diseño adaptados al cambio climático e incorporará un régimen de mantenimiento vial más riguroso para potenciar la resiliencia climática.

Desastres como el que tuvo lugar en Santa Victoria del Este probablemente se vuelvan más frecuentes bajo los efectos del cambio climático, y su impacto sobre las personas y la economía seguirá creciendo. Para afrontar este desafío, es hora de que gobiernos y donantes internacionales amplíen su apoyo al planeamiento para la resiliencia. Los esfuerzos de Argentina por evaluar en profundidad el riesgo climático e identificar respuestas apropiadas sin dudas son un paso en la dirección correcta.

 

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