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Transición política y alternancia en el poder: una oportunidad para fortalecer las instituciones

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Democracias, elecciones y transiciones

Las transiciones políticas presentan grandes oportunidades para profundizar la agenda de desarrollo en nuestros países.

Lejos de ser obstáculos para la continuidad de las acciones de gobierno, los períodos electorales y los cambios de gobierno pueden ser utilizados como una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos de desarrollo y explorar la posibilidad de convertir las acciones particulares de los gobiernos en verdaderas políticas de Estado.

La gobernabilidad democrática no sólo provee la oportunidad de elegir en las urnas quienes guiarán el destino del país. Las elecciones competitivas –donde el resultado no está determinado previamente– presentan la oportunidad de confrontar ideas, visiones de país y caminos alternativos para hacer realidad las aspiraciones de millones de ciudadanos y ciudadanas.

Pero ¿qué ocurre cuando el resultado de estas elecciones, abiertas y transparentes, determina un cambio de gobierno o de signo político en el poder? Es interesante ver cómo los agentes económicos y muchos miembros de la comunidad internacional identifican estos períodos con incertidumbre, que en muchas ocasiones provoca estados de parálisis colectiva.

La experiencia internacional muestra que es en estos momentos cuando la fortaleza de las instituciones públicas y la participación activa de la sociedad civil juegan un papel preponderante.

En contextos en los que existen instituciones públicas sólidas, las transiciones políticas son entendidas como una oportunidad de oxigenar el sistema político y encontrar nuevas miradas a los desafíos que enfrentan nuestras sociedades.

Las instituciones fuertes garantizan que los funcionarios públicos de carrera podrán mantener sus cargos, que se respetará la división de poderes y la autonomía de instituciones tales como los bancos centrales, y que permanecerán abiertos los canales para escuchar las voces de las ciudadanas y ciudadanos.

Por su parte, la participación activa de la sociedad civil es una condición esencial para poder convertir programas de gobierno en políticas de Estado. Por medio de una participación activa de las organizaciones e individuos que la componen, la sociedad civil logra –en muchas ocasiones- “blindar” los avances realizados por gobiernos anteriores y asegura la posibilidad de continuar esas acciones en el futuro.

Algunos ejemplos de este fenómeno son la evolución del Programa Solidaridad en México, el Programa para la Mejora de la Gestión Pública en Chile, y el Programa Juventud y Empleo en la República Dominicana.

Mediante la complementariedad entre las formas de democracia representativa y participativa, las instituciones públicas logran fortalecerse, aportando nuevas soluciones para continuar construyendo sociedades más justas, con menores niveles de pobreza y con oportunidades para todos.

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