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Iniciativas privadas en proyectos de infraestructura: un desafío para encontrar el equilibrio entre incentivos y competencia

Philippe Neves's picture
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Photo: kupicoo/ iStock

Un desafío clave a la hora de elaborar una política sobre gestión de “IPs” – iniciativas privadas (también llamadas propuestas no solicitadas o “unsolicited proposals” en inglés) en proyectos de infraestructura es lograr un equilibrio entre el hecho de generar interés de empresas privadas para someter IPs y el de crear un entorno que permita generar una tensión competitiva atrayendo a más postores. En un blog anterior, advertimos que las IPs deben utilizarse con cautela como una excepción a la regla general según la cual los proyectos de infraestructura deberían ser iniciativas del sector público, y sostuvimos que contar con una política adecuada para la gestión de las IPs puede ayudar a garantizar la transparencia y la previsibilidad, y a proteger el interés público.
 
Ciertamente, un Gobierno que decida considerar IPs y elabore una política para su gestión esperará recibir propuestas que cumplan los requisitos establecidos. Al mismo tiempo, el Gobierno debe asegurarse de que el proyecto represente un precio justo de mercado y optimice los recursos públicos. Pero, ¿qué incentivo tiene el sector privado para presentar una iniciativa privada si el Gobierno la toma y somete a un proceso de adquisición competitiva? ¿Qué puede hacer un Gobierno para que las IPs despierten el interés del sector privado y, al mismo tiempo, atraigan suficientes oferentes?

Una década de alianzas público-privadas en América Latina y el Caribe: ¿qué hemos aprendido?

Roland Michelitsch's picture

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Foto (derecha): Amarin Jitnathum / Shutterstock

La región de América Latina y el Caribe registra una brecha de infraestructura: necesita invertir al menos el 5 % del producto interno bruto (PIB) para atender sus necesidades en ese sector, pero actualmente invierte solo la mitad de ese porcentaje. Por decirlo de manera suave, los sectores público y privado y las entidades multilaterales que operan en la región aún tienen mucho que mejorar.

A partir de 2005, y gracias al esfuerzo conjunto de estos actores, las alianzas público-privadas (APP) volvieron a ser una herramienta ampliamente utilizada. Hasta fines de la década de 1990, América Latina y el Caribe era la región en la que más proliferaban estos mecanismos. En ese momento, las inversiones se desplomaron debido en parte a las reacciones adversas provocadas por la implementación deficiente de las APP.

Impulsados por la disminución del precio de los productos básicos y el aumento del déficit fiscal, así como por la mejora de las condiciones para implementar APP, muchos países establecieron organismos específicos y fortalecieron las regulaciones, con lo que las inversiones mediante APP crecieron de USD 8000 millones en 2005 a USD 39 000 en 2015. En total, en apenas una década, la región de América Latina y el Caribe ha registrado inversiones de USD 361 300 millones en alrededor de 1000 proyectos de infraestructura enmarcados en APP, mayormente en los sectores de energía y transporte.

Priorizar las inversiones en infraestructura: El camino de largo plazo de Panamá hacia las APP

Cledan Mandri-Perrott's picture
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En Panamá, un entorno económico saludable y un apoyo institucional entusiasta proporcionaron el terreno de prueba ideal para el Marco de Priorización de Infraestructuras (IPF) del Banco Mundial. El crecimiento del PIB del país y el dinamismo económico en 2014 motivaron un ambicioso programa de inversión pública, acompañado de un gran número de propuestas de proyectos de infraestructura  presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas. Aunado con el compromiso político de reducir el déficit fiscal, Panamá decidió implementar proyectos seleccionados durante un período estratégico de cinco años.