En el 2015, más de 500 millones de hectáreas de bosque estaban bajo posesión de pueblos indígenas. A pesar de que en las últimas décadas el área boscosa designada para y en posesión de pueblos indígenas ha crecido, los gobiernos aún tienen 60% de estas áreas bajo su administración y las
corporaciones y agentes privados tienen el 9%. La presión de los pueblos indígenas en las últimas décadas ha permitido aumentar en un 50% el área boscosa reconocida como propiedad y designada para las comunidades indígenas. Latinoamérica y el Caribe, donde los pueblos indígenas controlan el 40% de los bosques, es la región con mayores avances. Otras regiones del mundo también muestran tendencias similares.
Para los pueblos indígenas que han vivido siempre en el bosque, este representa su espacio de reproducción cultural, producción de alimentos y seguridad espiritual. Para los gobiernos y empresas, el bosque contiene activos importantes para la producción de alimentos, desarrollo económico, seguridad, mitigación ante cambio climático, secuestro de carbono, agua, minerales, y extracción de gas. A estas percepciones divergentes sobre propiedad y uso del bosque se ha sumado en las últimas décadas la multiplicación de conflictos sobre el control del territorio y los recursos del bosque. Con la creciente demanda internacional de bienes primarios (minerales, hidrocarburos, soja y otros productos básicos agrícolas) hay un mayor dinamismo económico a partir de su explotación. Sin embargo, esto ha sido a costa de graves impactos ambientales, reclasificaciones espaciales y afectaciones de derechos, intereses, territorios y recursos de los pueblos indígenas (CEPAL 2014).
En ese contexto, ¿Qué está contribuyendo al cambio de actitud, a nivel de país y también global, que nos permite concluir que ha comenzado a revertirse la situación?
