En América Latina, cuando aumenta la violencia, disminuyen las oportunidades económicas de las mujeres

Imagínese tomar decisiones sobre trabajar, estudiar o desplazarse no en función de las oportunidades, sino del miedo. En América Latina y el Caribe (ALC), los altos niveles de delincuencia e inseguridad condicionan las decisiones económicas cotidianas de formas que rara vez quedan reflejadas en las estadísticas laborales. Si bien la violencia afecta tanto a mujeres como a hombres, sus consecuencias económicas no son iguales para ambos. Las mujeres viven la violencia de manera distinta, y esas diferencias se traducen en un acceso desigual al trabajo, los ingresos y la autonomía económica.

Un creciente cuerpo de evidencia muestra que la delincuencia violenta actúa como una barrera estructural para la participación de las mujeres en el mercado laboral, reforzando las desigualdades de género y limitando el desarrollo a largo plazo.
 

La violencia como restricción económica

ALC es una de las regiones más violentas del mundo. Más allá de los homicidios y la inseguridad visible, la violencia se expresa también a través del miedo, el acoso y la violencia de pareja — factores que condicionan directamente el comportamiento económico de las mujeres. Incluso cuando no son víctimas directas, el clima generalizado de inseguridad marca dónde pueden ir, qué trabajos pueden aceptar y cómo distribuyen su tiempo.

Como resultado, la violencia afecta la participación laboral de las mujeres, sus ingresos, su productividad y su permanencia en el mercado de trabajo. Estos efectos se acumulan a lo largo de las distintas etapas de la vida, limitando la independencia económica y profundizando la desigualdad dentro de los hogares y entre generaciones.
 

Cómo afecta la delincuencia al trabajo de las mujeres: seis mecanismos clave

Una nueva investigación identifica seis mecanismos interrelacionados (figura 1)  mediante los cuales la delincuencia violenta afecta la situación económica de las mujeres.
 

Figura 1. Mecanismos mediante los cuales la violencia repercute de manera distinta en los resultados laborales de hombres y mujeres. 

1. Segregación sectorial: En ALC, las mujeres se concentran de manera desproporcionada en sectores de servicios informales y mal pagados, como el comercio minorista, la hotelería y el trabajo doméstico, especialmente vulnerables a la delincuencia y las crisis económicas. Cuando la violencia aumenta, estos sectores suelen ser los primeros en contraerse, lo que lleva a las mujeres a abandonar el mercado laboral o a refugiarse en empleos aún más precarios.
   
   
2. Miedo a la victimización y bienestar mental: El miedo a la victimización y el estrés que lo acompaña también alteran las decisiones sobre el trabajo. Las mujeres son más propensas que los hombres a responder a la inseguridad reduciendo las horas de trabajo o abandonando la fuerza laboral por completo, especialmente entre quienes trabajan de manera independiente o informal. Con frecuencia esto lleva a que redirijan su tiempo del trabajo remunerado hacia las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, ampliando las brechas de género con el paso del tiempo.
   
   
3. Limitaciones de movilidad: Las preocupaciones por la seguridad personal y el acoso restringen la movilidad de las mujeres más que la de los hombres. Muchas evitan viajar de noche, usar el transporte público o buscar empleo lejos de casa. Estas limitaciones reducen el abanico de oportunidades laborales a su alcance, reforzando la segregación ocupacional y frenando su potencial de ingresos.
   
   
4. Violencia de pareja: Un clima más amplio de violencia se asocia con mayores riesgos de violencia infligida por la pareja, con profundas consecuencias económicas. La violencia de pareja compromete la capacidad de las mujeres para mantener su empleo — genera ausentismo, reduce la productividad, provoca salidas del mercado laboral y deja secuelas duraderas en la salud mental. Aunque ocurra dentro del hogar y no en el trabajo, sus efectos debilitan profundamente la autonomía económica de las mujeres.
   
   
5. Poder de negociación dentro del hogar: Estas presiones repercuten dentro de los hogares. A medida que crece la inseguridad y caen los ingresos de las mujeres, estas suelen perder influencia sobre las decisiones del hogar: el empleo, el gasto y el uso del tiempo. Esta pérdida de poder de negociación genera un círculo vicioso que restringe aún más su participación en el mercado laboral.
   
   
6. Acumulación de capital humano: La violencia también afecta los resultados económicos futuros al interrumpir la educación. La inseguridad, el desplazamiento, las responsabilidades de cuidado y las normas sociales restrictivas pueden interrumpir la escolarización y el desarrollo de habilidades de las niñas. Estas desventajas tempranas se reflejan luego en peores perspectivas laborales en la adultez, perpetuando la desigualdad entre generaciones.

Un ciclo que refuerza la violencia y las oportunidades

La relación entre el delito y los resultados económicos va en ambas direcciones. Las limitadas oportunidades en el mercado laboral, especialmente para los hombres jóvenes, pueden contribuir a la violencia. El aumento de la violencia, a su vez, reduce la participación de las mujeres en el trabajo remunerado, aumenta la carga de las tareas de cuidado no remuneradas y debilita la estabilidad del hogar. Sin intervenciones específicas, los países corren el riesgo de quedar atrapados en un círculo vicioso donde la inseguridad erosiona las oportunidades económicas y la precariedad económica alimenta las condiciones para que la violencia persista.
 

Las leyes y las instituciones son importantes

Romper este ciclo exige más que estrategias generales de reducción del crimen. Los marcos jurídicos e institucionales determinan de qué manera la violencia se traduce en resultados económicos para las mujeres. La evidencia del  informe Mujer, empresa y el derecho del Banco Mundial  destaca que los países con altos niveles de violencia a menudo carecen de protecciones legales integrales relacionadas con la violencia de género, los derechos laborales, el cuidado infantil y el derecho de familia (figura 2). Incluso donde existen leyes, la aplicación deficiente, los presupuestos insuficientes y las fallas institucionales suelen impedir que las mujeres ejerzan sus derechos en la práctica.

En los entornos de alta criminalidad, estas debilidades amplifican la vulnerabilidad, dificultando que las mujeres permanezcan en el mundo laboral, hagan la transición a empleos más seguros o desarrollen resiliencia económica.
 

Figura 2. Los países con tasas de homicidio más altas tienden a tener menos protecciones legales para las mujeres

Lo que funciona

Hacer frente a los efectos económicos de la violencia sobre las mujeres requiere políticas coordinadas y con perspectiva de género, entre ellas:

• Políticas activas de empleo que faciliten la transición de las mujeres hacia trabajos más seguros, estables y mejor remunerados.
• Inversión en sistemas de cuidado infantil para reducir la carga del trabajo no remunerado y fortalecer su permanencia en el mercado laboral.
• Servicios de salud mental con enfoque en trauma para apoyar la reinserción económica.
• Respuestas de seguridad y justicia con perspectiva de género, centradas en las sobrevivientes.
• Marcos jurídicos más sólidos con mecanismos reales de aplicación, alineados con las brechas identificadas por Mujer, Empresa y el Derecho.
• Iniciativas para transformar las normas sociales, involucrando a hombres y comunidades para abordar las raíces de la violencia de género.