La resiliencia económica mundial oculta perspectivas de crecimiento desiguales

En primer lugar, las buenas noticias: frente a una conmoción tras otra, la economía mundial ha demostrado ser sorprendentemente resistente a las crisis desde la pandemia de COVID-19.

A pesar de los elevados aumentos arancelarios y los niveles de incertidumbre normativa históricamente altos durante los últimos 12 meses, se prevé que el crecimiento del PIB mundial en 2025 llegará al 2,7 %, el ritmo que se proyectó (i) en enero de 2025. Esa tasa debería mantenerse más o menos estable a lo largo de 2027. La inflación se está moderando, las tasas de interés están bajando, y los inversionistas vuelven a mostrar entusiasmo. Al menos según una medición, la recuperación mundial de la recesión causada por el coronavirus será la más sólida en seis décadas: el PIB mundial per cápita en 2025 fue un 10 % más alto que justo antes de la pandemia. Las conmociones posteriores —guerras, inflación y altos aranceles— causaron menos daño de lo que temían la mayoría de los economistas.

Sin embargo, emerge un panorama más sombrío si hacemos un balance de la economía mundial después de los primeros 25 años del presente siglo. Es indudable que el crecimiento mundial se ha desacelerado desde la pandemia. En la actualidad, el ritmo es insuficiente para reducir la pobreza extrema y crear empleos donde más se necesitan. Si se materializan las previsiones de la última edición del informe Perspectivas económicas mundiales del Grupo Banco Mundial, la tasa de crecimiento promedio de esta década será la más baja desde los años sesenta.

Esa estadística débil esconde un detalle aún más desconcertante. Aunque casi todas las economías avanzadas tendrán un mayor ingreso per cápita que antes de la pandemia, uno de cada cuatro países en desarrollo —y más de un tercio de todas las economías de ingreso bajo— serán más pobres que hace cinco años.

En pocas palabras, el crecimiento de la década de 2020 no ha beneficiado a todos los países, y sin duda no ha sido el tipo de crecimiento que ayudó a sacar de la pobreza extrema a más de 1000 millones de personas en las décadas de 1990 y 2000. Ha sido, en cambio, una fuente de divergencia entre los niveles de vida de las economías de ingreso bajo y alto. Más de la mitad del aumento del 10 % del PIB per cápita mundial desde 2019 puede atribuirse al desempeño de las economías más ricas. A fines de este año, el PIB per cápita promedio de las economías en desarrollo será de alrededor de USD 6500, apenas el 12 % del promedio de las economías avanzadas. En comparación con los países de ingreso bajo, la brecha es aún más impresionante: su PIB per cápita es inferior a USD 700, aproximadamente el 1 % del nivel de las economías de ingreso alto.

Estas tendencias no pueden explicarse solo por la mala fortuna. En demasiados países en desarrollo, las tendencias reflejan errores normativos que se pueden evitar. Como se deja claro en el informe, estas economías estaban mejor preparadas para hacer frente a la crisis financiera mundial de 2009 que a la recesión provocada por la COVID-19; de hecho, estaban en mejores condiciones que la mayoría de las economías de ingreso alto. El motivo es que las economías en desarrollo emprendieron una serie de reformas en las décadas de 1990 y 2000: redujeron la deuda pública, adoptaron tipos de cambio más flexibles, establecieron sistemas de metas inflacionarias y acumularon fondos de reserva.

Cuando se produjo la recesión de 2009, las economías en desarrollo pudieron incrementar el gasto público para respaldar a sus economías en lugar de recortarlo, algo que nunca se había hecho antes. Sin embargo, el impulso de las reformas en las economías en desarrollo no duró: cuando se desató la crisis de la COVID-19, la deuda de las economías en desarrollo se había disparado hasta alcanzar máximos históricos. Los déficits presupuestarios eran más de cuatro veces superiores al promedio de antes de 2009. El resultado no fue sorprendente: las economías en desarrollo tenían pocos recursos de sobra. En consecuencia, el estímulo fiscal que entregaron a sus economías fue mucho menor que la cantidad administrada por las economías de ingreso alto. No es de extrañar, entonces, que su recuperación haya sido más débil.

La principal enseñanza de los últimos 25 años es que las economías en desarrollo que aplican las políticas adecuadas pueden controlar su propio destino. Esto es especialmente cierto en el caso de las economías de ingreso mediano. Cuando adaptan las políticas a las necesidades de su población, generan enormes beneficios para sus propios ciudadanos, así como para los 2000 millones de personas que viven en las economías de ingreso bajo y alto de todo el mundo. Las economías en desarrollo deben volver a hacerlo. En la próxima década, muchas de ellas enfrentarán un desafío de proporciones históricas en materia de creación de empleo. Y tendrán que abordarlo cuando las condiciones económicas mundiales no sean muy favorables: cuando las relaciones comerciales se estén reconfigurando rápidamente, cuando la deuda de las economías en desarrollo haya alcanzado el nivel más alto desde hace medio siglo y cuando los presupuestos de ayuda externa de las economías de ingreso alto se estén reduciendo.

Un paso importante será restablecer la disciplina normativa, volviendo en primer lugar a la ortodoxia fiscal. En tiempos económicos normales, un Gobierno debe establecer y cumplir las normas sobre cuánto gastar y endeudarse. Las reglas fiscales pueden ayudar a garantizar que el gasto público se mantenga bajo control cuando la economía privada va bien, de modo que haya fondos públicos disponibles en los tiempos difíciles. Las pruebas son claras: estas normas, que se han vuelto cada vez más comunes en los últimos 25 años, son eficaces para mejorar los saldos fiscales en las economías en desarrollo.

La elección del momento oportuno es crucial para determinar si las reglas fiscales son eficaces. Los Gobiernos tienden a adoptar normas fiscales bajo presión, cuando las condiciones económicas son débiles, en lugar de hacerlo en épocas de bonanza. No hacerlo en el momento oportuno puede conducir a un mal diseño de las reglas. La gobernanza deficiente y la poca capacidad de aplicación de la ley —más frecuentes en las economías en desarrollo que en los países de ingreso alto— también obstaculizan la eficacia de las normas fiscales. Estas insuficiencias, sin embargo, son corregibles. Los Gobiernos pueden adoptar reglas fiscales cuando la economía está saludable; pueden optar por fortalecer su capacidad de gestión.

Es apropiado encontrar consuelo en el hecho de que la economía mundial ha desafiado las expectativas (i): no se debilitó bajo las extraordinarias tensiones de la década de 2020. No obstante, sería peligroso presuponer que el peligro ha pasado. La resiliencia mostrada en 2025 no se originó en la fortaleza económica. Fue principalmente el resultado de maniobras difíciles de repetir: empresas en dificultades que se apresuraron a importar antes de que entraran en vigor los aranceles más altos, y Gobiernos endeudados que mantuvieron abiertos los grifos fiscales. Pero se necesitará algo más que agilidad empresarial y laxitud fiscal para retomar la senda de la economía mundial. No hay sustituto para una buena política económica.

Las soluciones son claras: los Gobiernos deben operar dentro de sus posibilidades y, al mismo tiempo, adoptar políticas que alienten a los inversionistas a empujar los límites de las empresas hacia el exterior. Ha funcionado antes, y volverá a funcionar.