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Los desafíos de llevar el desarrollo a las áreas remotas de Colombia

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Entre 2017 y 2018 visitamos varias veces el departamento de Meta en Colombia. Ubicado justo donde los llanos orientales colombianos desaparecen en la vastedad de la selva amazónica, al sur del país, este territorio del tamaño de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo juntos es un lugar mágico dentro del segundo país más biodiverso del mundo.
 
Meta no es una región pobre, ostenta algunas de las reservas de petróleo más grandes del país. Su tierra altamente fértil y sus múltiples suelos termales crearon una bonanza de agronegocios en los últimos años, mientras que su proximidad geográfica a la capital derivó más recientemente en una floreciente industria turística.
 
Pese a sus avances significativos en varios aspectos, la región enfrenta aún desafíos críticos. En nuestra última visita pudimos hablar durante horas con pequeños productores al suroeste de Meta, una subregión donde el desarrollo económico ha sido severamente dañado por el cultivo de hoja de coca, materia prima de la cocaína.
 
De acuerdo con cifras de la UNODC, en Colombia más de 106.000 agricultores de subsistencia —incluidas minorías étnicas— en áreas extremadamente remotas y marginales dependen del cultivo y cosecha de hoja de coca.
 
Tres voces, muchos problemas
 
Leonor, madre soltera de 33 años y líder comunitaria, tiene que viajar casi 25 horas para ir de La Macarena a Villavicencio, capital de Meta, usando bote, automóvil y autobús. Pedro, un pequeño productor del área rural de La Uribe, tuvo un viaje de trece horas en autobús, al igual que Linda, una joven bailarina de joropo y maestra de Vista Hermosa que debió sentarse en un rústico autobús chiva por varias horas y después en otro autobús por casi siete horas. Todos viajaron a Villavicencio para participar en una reunión convocada por EcoAMEM, un operador ecoturístico comunitario. Luego de la reunión nos sentamos a platicar.
 
Leonor comenzó preguntando si ya habíamos ido a Caño Cristales, el llamado ‘Río Arco Iris Líquido’, descrito por muchos como el río más hermoso del planeta y habló con orgullo de su multiplicidad de colores, aunque sus inquietudes se hicieron evidentes en minutos.
 
“La mayoría de nosotros tiene pequeños proyectos y estamos realmente comprometidos a sustituir los cultivos de hoja de coca que solo han traído problemas. Pero no tenemos caminos asfaltados y el viaje en bote por la zona amazónica es muy caro; cuando por fin podemos llevar nuestros productos a las grandes ciudades, están casi podridos y debemos venderlos a un precio insignificante”, dijo.
 
Pedro la interrumpe para plantear el tema de la propiedad de la tierra. Me recordó que en su municipio de origen —al igual que en la mayoría de las áreas productoras de hoja de coca en toda Colombia— más de 90 % de los pequeños productores carece de la titularidad de sus tierras, volviéndolos más vulnerables a las pandillas armadas implicadas en cultivos ilícitos que les proveen un ingreso a corto plazo.
 
“Si contáramos con un título de propiedad garantizado tendríamos incentivos para invertir a largo plazo y, lo que es más importante, acceso a créditos y subsidios. Pero sin posesión legal de la tierra ¡el acceso al crédito es imposible!”, agregó Pedro.
 
Linda aborda el problema de la falta de escuelas y guarderías bien equipadas y actividades recreativas juveniles en las áreas de Meta que producen hoja de coca. “Los niños y jóvenes son los más vulnerables en estas regiones, los hombres jóvenes son fácilmente cooptados por el ‘dinero rápido’ que ofrecen estos grupos. Es por esto que muchos se unen a los grupos armados o a los narcos”, expresó.
 
“Leonor y Pedro tienen razón. Necesitamos caminos, puentes y subsidios que nos permitan viajar en bote a un precio más económico, contar con títulos de propiedad y acceso a fuentes legítimas de crédito. Aùn así, creo que lo más urgente ahora es construir escuelas y proporcionarle una educación a nuestra juventud, algo que en última instancia mantendrá alejados a los pandilleros. Todos concuerdan en que son las mujeres las que más han sufrido en esta guerra y con el asunto de las drogas, ¡pero no detendremos su sufrimiento a menos de que sus hijos gocen su derecho de acceder a una educación! Los diseñadores de políticas deben pensar en la juventud rural si no quieren una nueva generación violenta”, agregó.

De hecho, se calcula que 49 % de los 8,4 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia ha sido mujeres, especialmente de áreas rurales.
 
¿Qué hacer?
 
Cuanto más entendamos la compleja realidad que viven las comunidades atrapadas entre el cultivo de hoja de coca, la pobreza y un prolongado conflicto armado, más entenderemos que la producción de cocaína es un tema transversal al desarrollo y que impacta en un gran número de sectores clave para el mismo.
 
Por lo tanto, cualquier solución a este problema debe estar orientada a todos aquellos sectores que tienen un impacto en el desarrollo comunitario. Cualquier proyecto enfocado en proporcionar medios de vida tenderá a fracasar si no va de la mano con infraestructura para la conectividad, acceso a financiamiento, prestación de servicios básicos y una sólida participación en la programación del desarrollo.
 
La evidencia que surge del caso de Tailandia —único país que ha eliminado de manera efectiva la producción de cultivos ilícitos mediante un enfoque integral orientado al desarrollo— apunta a que los programas exitosos de sustitución de cultivos requieren de grandes inversiones multisectoriales. Por su parte, las iniciativas públicas no pueden estar dirigidas únicamente a proyectos de sustitución. Los desafíos derivados de los cultivos ilícitos no pueden ser abordados sólo por una institución. Estos problemas demandan iniciativas interinstitucionales centradas en los múltiples factores y condiciones que alimentan los cultivos ilícitos y que requieren el apoyo total de la comunidad de donantes.
 
Los programas de sustitución son un componente crítico de la agenda para consolidar la paz en países donde el cultivo de plantas ilícitas ha sido un factor detrás de los conflictos armados. En Colombia, la firma del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC-EP abrió una ventana de oportunidad histórica para la transformación de regiones como Meta y para la vida de pequeños agricultores como Leonor, Pedro y Linda.

Meta es apenas una de las regiones donde el gobierno de Colombia debe lidiar con estos complejos desafíos.

Leonor, Pedro y Linda son apenas tres de los miles de pequeños productores cuyas historias fueron eclipsadas por el conflicto armado más prolongado del hemisferio occidental. Hoy, ellos exigen convertirse en agentes catalizadores del cambio en sus comunidades.
 

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ENVIADO POR ANA BOLENA ESCOBAR MARÍA el

Es importante que esta información sea conocida por todos los colombianos, para que entiendan el real problema y colaboren apoyando procesos de paz y de desarrollo.

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