A medida que los países preparan sus campañas de vacunación contra la COVID-19, es igualmente importante mirar atrás estos últimos meses y evaluar qué políticas funcionaron en el sector de la salud, cuáles no lo hicieron y qué se puede mejorar.
Los trastornos en las cadenas de distribución a nivel mundial, la falta de conocimiento e inadecuados sistemas de monitoreo fueron solo algunos de los factores por los cuales los sistemas de salud trabajaron “a ciegas” a comienzos de la pandemia en marzo de 2020. Pero esto no tiene por qué seguir siendo así, comprender cuáles intervenciones funcionaron y en qué contexto, podría ayudar a los países a trazar un rumbo y mitigar posibles brotes futuros de la enfermedad a medida que comienzan a distribuir las vacunas.
En este contexto, el Banco Mundial, junto al Observatorio Norteamericano en Sistemas y Políticas de Salud de la Universidad de Toronto y el Fondo de Asociación entre Corea y el Banco Mundial (KWPF, por sus siglas en inglés), entablaron un análisis sobre cómo agilizar el aprendizaje mutuo durante la pandemia.
El estudio recopiló y analizó datos sobre políticas para la COVID-19 en diez países de América Latina y el Caribe —Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago— con el fin de identificar intervenciones exitosas y repetirlas donde y cuando sea posible. Con este fin, los países fueron comparados con dos países de alto desempeño, Corea del Sur y Uruguay.
El análisis se centró en tres aspectos de la respuesta a la pandemia: preparación ante emergencias y gobernanza, oportunidad y rigurosidad de las políticas para la COVID-19, y respuesta del sector de la salud . Los datos se obtuvieron de la base de datos COVID-19 Government Response Tracker de Oxford, sitios web gubernamentales, comunicados de prensa e informes de situación de la Organización Panamericana de la Salud.
¿Qué encontramos tras realizar una evaluación comparativa entre políticas para la COVID-19?
Comparados con Corea del Sur y Uruguay, la mayoría de los países de la región tenía leyes similares en torno a emergencias de salud pública, planes de preparación ante pandemias y actividades de vigilancia de la salud pública. Sin embargo, pocos tenían existencias de equipos de protección personal (EPP).
Si bien los gobiernos actuaron rápido, movilizando su liderazgo y asignando fondos para la lucha contra la COVID-19, un área de mejora tuvo que ver con la capacidad de los gobiernos de comunicarse con el público de manera oportuna, fidedigna y sensible en aras de mejorar la concientización del público respecto a la pandemia.
Los países de la región actuaron rápido para achatar la curva; todos los países del estudio introdujeron las medidas de cierre más estrictas (como escuelas, lugares de trabajo y eventos públicos) más temprano que Corea del Sur . Honduras y Trinidad y Tobago, por ejemplo, impusieron restricciones sobre el movimiento interno un mes antes que Corea del Sur, mientras que Haití lo hizo dos meses antes.
Por el contrario, la puesta en marcha de medidas de protección social —apoyo económico, programas para garantizar la seguridad alimentaria y ayudar con los gastos— tuvo lugar relativamente más tarde. La mayoría de los países no puso en marcha programas para apoyar el acceso de sus ciudadanos a equipos de protección personal de manera oportuna, muchos aún no lo han hecho .
Corea del Sur y Uruguay sobresalen por su elevado nivel de testeo de individuos sintomáticos y asintomáticos, una herramienta de salud pública clave para responder a la pandemia. Corea del Sur realizó 109 pruebas por caso confirmado y Uruguay 128, una tasa mucho más alta que cualquier otro país de América Latina. Muy pocos de los países analizados por el estudio ofrecieron un nivel similar de testeo público abierto, requiriendo la mayoría la existencia de síntomas, o síntomas más criterios como la exposición a un caso conocido. Sin embargo, los gobiernos sí tomaron medidas para ampliar la oferta de camas y el acceso a respiradores en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), poniendo en marcha políticas para ampliar el personal de la salud.
El camino a seguir
El informe concluye que los gobiernos de América Latina y el Caribe deberían considerar a futuro:
- Asegurar un suministro y distribución adecuados de equipos de protección personal entre los trabajadores de la salud y la población en general.
- Asignar recursos de una manera que enfatice la prevención y oriente los recursos hacia intervenciones de menor costo, en la medida de lo posible.
- Apoyar el cumplimiento de las intervenciones de salud pública con redes de protección para el apoyo de emergencia.
- Asegurar la existencia de medidas adecuadas para el testeo y rastreo.
- Fortalecer a la dirigencia del campo científico y una comunicación clara con el público.
En los meses venideros, los gobiernos deben centrar sus esfuerzos en distribuir las vacunas para la COVID-19 de una manera eficiente, justa y equitativa . De todas formas, no todas las poblaciones tendrán la oportunidad de acceder a una vacuna en 2021, haciendo que el suministro de equipos de protección personal, el testeo proactivo a nivel población y una trazabilidad de contactos agresiva sean cruciales para acotar el número de víctimas de la pandemia y sus devastadores efectos sobre las economías y el capital humano.
En 2021, seguir aprendiendo de la vasta experiencia documentada en el estudio —como el programa de vigilancia sanitaria a domicilio en Argentina, Detectar, o la implementación de cercos epidemiológicos en áreas de infección elevada en El Salvador, Panamá y Honduras— será crucial para fortalecer la respuesta del sector de la salud y reducir las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia.
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