Desde cualquier edificio alto de Ciudad de Guatemala se puede observar un común denominador de América Latina y el Caribe: ocultas entre callejones y aceras de rascacielos modernos, estructuras bajas con techo de hojalata albergan el duro mundo de la economía informal.
Esas suelen ser las estructuras de los pequeños negocios, como el de Cristina Lajuj, que actualmente siente la presión de la espiral de crimen y violencia que amenaza la prosperidad de América Central. Desde hace más de 11 años, Lajuj se gana la vida vendiendo tortillas y otros platos típicos. En un espacio ubicado junto a un estacionamiento y más pequeño que los camiones de alimentos de Washington DC, cinco mujeres comienzan a mezclar harina de maíz todas las mañanas a las 6.30. A las 8.00, una canasta llena de tortillas calientes y una bandeja de queso espera por la clientela de oficinistas, empleados de reparto y otros vendedores callejeros.
Con un quetzal (aproximadamente US$ 0,13) se compran cinco tortillas. Eso quiere decir que Lajuj debe vender 5000 tortillas solo para cubrir el alquiler de su pequeño negocio. Con lo restante cubre el salario de sus empleados y las necesidades básicas de ella y de sus tres hijos. “Nunca podemos progresar”, comenta esta microemprendedora de 41 años una mañana, temprano.
A unas pocas cuadras se está realizando la primera Conferencia Internacional en apoyo de la nueva Estrategia de Seguridad de América Central. El principal objetivo es desarrollar una estrategia capaz de abordar los niveles crecientes de delito y violencia que impiden el crecimiento y el desarrollo de la región.
Cuando se solicitó su opinión al respecto, Lajuj sostuvo que la inseguridad no es tan terrible como la que vivió ella cuando niña, en medio de la guerra civil que duró 36 años y terminó en el año 1996. Sin embargo, también dice que la falta de seguridad es la causa del aumento del precio del maíz y de otras cosechas.
Actualmente, paga 250 quetzales por cada 100 libras de harina de maíz: 70 quetzales más que el mes pasado. El aumento de precios obligó a Lajuj a reducir gradualmente el tamaño de sus tortillas, que actualmente caben en la palma de la mano. Lajuj sostiene que contempla emigrar a los Estados Unidos en algún momento, donde cree que podría tener una buena vida vendiendo tortillas a todos los inmigrantes que ya viven allí. Las consecuencias económicas de la seguridad son en gran medida la razón por la que el Banco Mundial está aquí esta semana. El crimen y la violencia han empeorado tanto en la mayor parte de América Central (se encuentran en niveles epidémicos, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud) que el Banco cree que las iniciativas de desarrollo no podrán asentarse a menos que mejore la seguridad de los ciudadanos.
Más allá del trauma y del sufrimiento de las víctimas, el delito y la violencia representan costos económicos enormes a nivel nacional: hasta el 8% del PIB, que es más que lo que los países de la región suelen invertir en programas sociales, según un informe reciente del Banco Mundial.
Esta semana, los Gobiernos de América Central recibieron más de US$1500 millones en concepto de compromisos del Banco Mundial, los Estados Unidos y otras organizaciones multilaterales, que sin duda contribuirán a desarrollar las defensas de la región contra el azote del delito y la violencia. Sin embargo, queda mucho más por hacer.
Desde nuestra perspectiva, que también es la de muchos otros asistentes a la Conferencia, los habitantes ricos de estos países deben hacer un esfuerzo y pagar más impuestos. Actualmente, los países de América Central tienen los impuestos más bajos del hemisferio.
En una columna de opinión publicada por el diario guatemalteco El Periódico, la Vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Pamela Cox, resaltó la necesidad de que “los líderes y los ciudadanos más ricos de América Central […] demuestren su compromiso haciendo sacrificios fiscales internos adicionales”. De lo contrario, la capacidad de los Gobiernos para atender otras necesidades sociales seguirá viéndose perjudicada, dado que las demandas de seguridad exigen cada vez más recursos públicos. Como indicó la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, en el discurso que realizó en la Conferencia: “la seguridad no puede financiarse sobre las espaldas de los pobres”.
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