Also available in English
Detrás del boom del crecimiento económico de América Latina se esconde, aunque torpemente, una ola de crimen y violencia que afecta a todos sus ciudadanos, en particular a los más humildes que no tienen cómo protegerse.
El fenómeno tiene múltiples orígenes, cada cual con su propia complejidad: desde el crimen organizado, pasando por sistemas judiciales y policiales poco modernos y efectivos, hasta la violencia doméstica, que afecta a una de cada tres mujeres en el mundo.
El crimen y la violencia en América Latina ya alcanzan el nivel de "epidemia" -más de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)-. Para ponerlo en perspectiva: mientras que España, con 47 millones de habitantes, tiene un promedio de 400 homicidios por año, en Centroamérica, que tiene 41 millones de habitantes, se registran unas 18,000 muertes violentas anualmente.
Sumados, todos los minutos de silencio por esas víctimas no equivalen, ni por asomo, a una fracción del tiempo perdido por la región y por los hogares afligidos por estas irreparables pérdidas.
Los efectos tangibles de este trágico fenómeno son alarmantes y amenazan los avances sociales y económicos de los últimos años -una creciente clase media y una drástica caída de la pobreza.
Para mí, y esta es una opinión que afortunadamente coincide con la de líderes políticos y empresariales de la región, la inseguridad ciudadana se ha convertido en un talón de Aquiles del desarrollo.
Los costos materiales de la inseguridad son enormes. En el caso de Centroamérica, los gastos policiales, de seguridad y de salud derivados de la violencia y el crimen, representan 8% del PIB subregional (gasto público y privado). En Jamaica es 3.7%, por citar otro ejemplo.
Los costos intangibles son más difíciles de medir, pero se pueden vislumbrar. ¿Cómo calcular, por ejemplo, cuál habría sido el aporte de los jóvenes que vieron sus vidas truncadas por este flagelo?
Otros costos, también difíciles de calcular numéricamente, se manifiestan en una ruptura preocupante del contrato social, incitada por la desconfianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para defender a la sociedad.
Recientes encuestas indican que el número de latinoamericanos que citan el crimen como su principal preocupación se ha triplicado en la última década. El miedo los hace replegarse, esconderse detrás de rejas y lejos de los espacios públicos, lo cual debilita los lazos interpersonales que forman la base de una sociedad.
El problema es difícil, porque su raíz es compleja y múltiple. El narcotráfico, la violencia juvenil y pandillera, la falta de oportunidades educativas, la abundancia de armas de fuego, y los sistemas judiciales y policiales débiles, son sólo algunas de las causas del crimen y la violencia, particularmente en Centroamérica.
Respuesta en varios frentes
¿Qué podemos hacer? En el Banco Mundial hemos decidido mirar el fenómeno más de cerca, dedicándole exhaustivos análisis que ayuden a comprender y atacar la raíz del problema.
Un amplio estudio sobre el tema salió a la luz en 2011 y reconoce que la violencia y el crimen están empezando a socavar el desarrollo en Centroamérica. Concluye que la respuesta al problema tiene que ser integral; no sólo se trata de imponer el peso de la ley, sino también de enfatizar los aspectos preventivos e involucrar a todos los sectores de la sociedad.
Un sector clave en este esfuerzo es la empresa privada, por su capacidad de general empleo. El Estado obviamente no debe abdicar en su papel de aplicar la ley y de gestar oportunidades educativas y laborales para acercar más a todos los latinoamericanos a la meta de una prosperidad compartida.
Al mismo tiempo, creo que la empresa privada tiene que contribuir al esfuerzo de mejorar la seguridad ciudadana.
La creación de empleo juvenil puede amortiguar uno de los factores que exacerban la violencia, es decir la falta de oportunidades para los jóvenes en riesgo -aquellos que han dejado la escuela, que están expuestos a un entorno violento y pueden caer en la tentación de las drogas o las pandillas. Todos estamos en el mismo bote y nos toca remar juntos.
Sin etiquetas ni agendas propias, las organizaciones multilaterales -como las Naciones Unidas, la OEA, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo-, estamos proporcionando apoyo para reforzar las estrategias de seguridad regionales.
Una iniciativa digna de mencionarse es la propuesta creación de un "observatorio" regional del crimen que genere estadísticas y datos para facilitar el entendimiento y acciones contra este flagelo. También debemos trabajar más de cerca con las comunidades.
En Honduras, por ejemplo, recientemente aprobamos nuestra primera operación financiera de seguridad ciudadana -el Proyecto de Municipalidades Seguras, que enfatiza la participación activa de múltiples sectores sociales en la búsqueda de soluciones contra la violencia. Más al sur, la violencia también llena titulares y, claro está, las conversaciones en redes sociales y alrededor de la mesa familiar.
Acabamos de lanzar un estudio que muestra las dos caras de la lucha contra este flagelo: por un lado, las cifras crecientes de crimen en Brasil y, por otro, el éxito en las medidas de prevención tomadas por las autoridades brasileñas. De ser protagonistas de filmes B de Hollywood, o de violentos videojuegos, las 'favelas' miran ahora a un futuro con más esperanza y menos violencia, tras un proceso de pacificación que aún continúa.
La vida en estas comunidades ha mejorado gracias a las llamadas Unidades Policiales de Pacificación, UPP, que también hacen un importante trabajo social. Ahora mismo hay 28 UPP en unas 100 'favelas', donde viven 400,000 personas. Como dice el informe, Brasil se está consolidando como una especie de laboratorio de iniciativas de reducción de la violencia, que incluyen medidas de control con acciones preventivas.
Mi esperanza es que todos estos experimentos -en Brasil, en Centroamérica- den pie a nuevas iniciativas para ayudar a poner freno a la violencia en el resto de la región y mantenerla en el cauce del crecimiento económico incluyente. Esta tarea no será fácil ni a corto plazo. Para que tenga éxito, el planteamiento debe involucrar a toda la sociedad, enfocándose en la prevención de los factores de riesgo.
Asimismo, las políticas públicas deben estar basadas en la evidencia. Es responsabilidad del Estado generar seguridad para todos.
Únase a la conversación