Ecuador reconoce la importancia de la información y el compromiso de todos los sectores.
Los desastres son parte de nuestra vida, en cualquier parte del planeta. Desde que se tiene registro, las inundaciones, huracanes o terremotos han marcado la historia de la humanidad y su evolución. Pero nunca antes como ahora, hacer frente al impacto de estos fenómenos ha captado tanta atención para tratar de disminuir los daños materiales, pero sobre todo los humanos.
Gestionar los riesgos que conllevan los desastres es una prioridad para muchos países de América Latina y el Caribe. Cada año, el Caribe es azotado por una temporada de huracanes que afecta a más de un país. Asimismo, el resto de la región es escenario de devastadores terremotos, como los más recientes de México y Ecuador. En Perú, Colombia, Argentina, por nombrar algunos países, los fenómenos de El Niño y La Niña desatan desde fuertes lluvias, deslizamientos e inundaciones hasta intensas sequías, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua y comida para la población, entre otros.
La región es, sin duda, un laboratorio para los desastres.
Cuando se presenta un desastre, la población y en general las instituciones públicas y privadas, tienden a buscar a todos los organismos de primera respuesta, a los bomberos, la defensa civil y/o a la dirección de atención de emergencias (en caso que exista) para que respondan inmediatamente a la situación. Y resulta que hay varios aspectos que deben entenderse y atenderse desde mucho antes que esto ocurra. Situaciones como estas, surgen de manera constante en comunidades y es cuando se evidencia, de nuevo, la necesidad de trabajar en gestión de riesgos de desastres y en temas de resiliencia (poblaciones más adaptadas y ciudades mejor construidas para reponerse rápidamente a los impactos adversos).
¿Cómo trabajar con los diferentes gobiernos para reducir riesgos y prepararse para un adecuado proceso de respuesta en caso de un desastre?
En cooperación con el Banco Mundial, diferentes países de la región desarrollan esfuerzos para implementar acciones de prevención y reducción del riesgo de desastres que involucran a las comunidades, gobiernos nacionales y locales, incluyendo el sector público y privado.
Como muestra, en Ecuador, luego del terremoto de abril de 2016, el Gobierno decidió visibilizar la responsabilidad compartida tanto para el sector público como para el privado. Es así como, a través del financiamiento del Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres del Banco Mundial, (GFDRR por sus siglas en inglés) se apoyó a la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) para encontrar una metodología que permitiera avanzar en la inclusión del conocimiento de amenazas y riesgos en las agendas sectoriales, inicialmente para los sectores de agua y transporte, así como en una Estrategia Nacional para responder ante desastres.
¿Qué es una agenda sectorial y cómo funciona?
Las agendas sectoriales son documentos orientados a plantear acciones clave para la adecuada gestión de riesgos en el sector. Permite recopilar información de amenazas y riesgos que afectan al sector, así como identificar vulnerabilidades a fin de orientar mecanismos para su reducción. De la misma manera busca contribuir al mejoramiento de la capacidad de respuesta de sectores estratégicos, como los relacionados a infraestructura, por ejemplo.
En Ecuador, con la asistencia técnica del Banco Mundial, la SGR lideró el desarrollo de estas agendas para los sectores de transporte y agua. Los documentos contienen una serie de medidas estratégicas, estructurales y operativas que se incorporan en un plan específico de implementación. Incluir en los diseños de construcción las especificaciones técnicas que permitan reducir las amenazas existentes, y visibilizar la gestión de riesgo como política dentro del sector, son algunos ejemplos de las acciones incluidas en las agendas.
Construcción del Plan Nacional para la Atención de Desastres
Construir un Plan Nacional de Atención de Desastres implica convocar a las instituciones relacionadas al manejo de los riesgos de desastres, es decir, a todos los sectores de infraestructura y productivos, e identificar y planificar las actividades para dar respuesta ante un desastre y velar por la pronta recuperación. Salvar vidas, proteger la propiedad y el ambiente, satisfacer las necesidades humanas y garantizar los derechos de las personas afectadas, estabilizar los efectos del evento adverso, restablecer los servicios básicos y funcionalidad de las zonas afectadas y establecer un entorno seguro que facilite la recuperación, son algunas de ellas.
Ambos instrumentos, las agendas y el Plan de Atención, son necesarios para la mitigación de los riesgos y preparación para dar respuesta efectiva ante los impactos negativos de los desastres. Responsabilidad que no solo corresponde al sector publico y/o privado sino a la comunidad en general. De hecho, a nivel familiar también debemos estar preparados.
¿Han pensado en su núcleo familiar cómo actuarían en caso de un desastre? ¿Han establecido puntos de encuentro y conocen números telefónicos para llamar en caso de emergencia? Como dice el refrán: “Hombre prevenido vale por dos”.
Grupo de trabajo: Diana Marcela Rubiano Vargas (Especialista Senior en Gestión de Riesgos), Van Anh Vu Hong (Especialista Senior en Desarrollo Urbano) y Nicholas Callender (Analista en Gestión de Riesgos de Desastres).
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Las agendas sectoriales son documentos orientados a plantear acciones clave para la adecuada gestión de riesgos en el sector. Permite recopilar información de amenazas y riesgos que afectan al sector, así como identificar vulnerabilidades a fin de orientar mecanismos para su reducción. De la misma manera busca contribuir al mejoramiento de la capacidad de respuesta de sectores estratégicos, como los relacionados a infraestructura, por ejemplo.
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Construcción del Plan Nacional para la Atención de Desastres
Construir un Plan Nacional de Atención de Desastres implica convocar a las instituciones relacionadas al manejo de los riesgos de desastres, es decir, a todos los sectores de infraestructura y productivos, e identificar y planificar las actividades para dar respuesta ante un desastre y velar por la pronta recuperación. Salvar vidas, proteger la propiedad y el ambiente, satisfacer las necesidades humanas y garantizar los derechos de las personas afectadas, estabilizar los efectos del evento adverso, restablecer los servicios básicos y funcionalidad de las zonas afectadas y establecer un entorno seguro que facilite la recuperación, son algunas de ellas.
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