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Terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones o sequías son lo mismo en todo el mundo, se trate de México, Colombia, Haití o Pakistán, estos son eventos o “desastres” naturales de variada intensidad. Lo que varía son sus efectos y consecuencias. El agua y la tierra convertidos en enemigos mortales de las poblaciones, con altísimo costos en vidas y bienes.
Entre 1970 y 2010, los desastres asociados a fenómenos naturales causaron en el mundo más de 3,3 millones de muertes y 2,3 billones de dólares en pérdidas materiales – un poco más del PIB de Brasil en 2010.
Y cuando algún desastre golpea sabemos que los pobres son los más afectados. Por eso, cualquier esfuerzo para desarrollar mayor resiliencia ante desastres debe ser parte de la agenda de desarrollo global.
Colombia no ha estado inmune. En los últimos cuarenta años, hemos visto que los desastres han producido en el país pérdidas por 7.100 millones de dólares.
Las consecuencias del fenómeno de La Niña en 2010 y 2011 - fuertes lluvias e inundaciones en gran parte del país - reflejan la complejidad de las condiciones de riesgo existentes en Colombia y las deficiencias frente a la gestión del riesgo. Algunas cifras así lo demuestran: 3,5 millones de damnificados, 8 mil viviendas destruidas y más de 1 millón de hectáreas en actividades agropecuarias afectadas.
Es cierto, las amenazas naturales son causadas por procesos ajenos a los seres humanos. Pero en la gran mayoría de los casos, la vulnerabilidad surge como consecuencia de acciones llevadas a cabo por nosotros mismos.
Una visión integral
Puedo decir sin temor a dudas, que Colombia se ha posicionado como líder en América Latina en cuanto al desarrollo de una visión integral frente a la Gestión del Riesgo de Desastres.
La estrategia del gobierno busca reducir daños y pérdidas, y ofrece particular atención a los esfuerzos de prevención y reducción del riesgo, así como en el control de la volatilidad fiscal –el impacto en las finanzas públicas- como consecuencia de estos fenómenos. Para eso, los hemos apoyado con un paquete integral de servicios de conocimiento, de coordinación y de financiamiento, que incluye instrumentos financieros, préstamos, donaciones, bonos, estudios y análisis de riesgos.
Colombia ha hecho uso, por ejemplo, de productos financieros innovadores como la Opción de Desembolso Diferido por Catástrofes (CAT DDO por sus siglas en inglés). El instrumento ofrece liquidez inmediata una vez que el país alcanza cierto nivel de afectación por causa de algún desastre. En 2010, US$150 millones fueron desembolsados en menos de 48 horas en respuesta a las fuertes inundaciones y al estado de emergencia. Hasta ahora, siete países han firmado préstamos CAT DDO: Costa Rica, Guatemala, Perú, El Salvador, Filipinas, Panamá, y Colombia.
A esto se suma la aprobación de un préstamo por US$250 millones a través de un producto CAT DDO para Colombia, que busca fortalecer las políticas de manejo de desastres naturales a nivel nacional, y reducir las pérdidas por este tipo de eventos en el largo plazo.
Menos muertes, pero más daños
El trabajo realizado en Colombia ha permitido una disminución relativa de pérdida de vidas; sin embargo, los daños a la propiedad, la infraestructura y los medios de subsistencia siguen en aumento y evidencian que los desastres no son eventos de la naturaleza per se, sino el resultado de la aplicacioìn de modelos inapropiados de desarrollo.
Esto significa que los esfuerzos no han sido suficientemente efectivos debido a las crecientes condiciones de vulnerabilidad.
En una colaboración conjunta con múltiples agentes públicos y privados y con el apoyo del gobierno colombiano, el Banco Mundial elaboró el estudio “Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas”. Es la primera vez que se lleva a cabo un estudio de esta naturaleza en América Latina.
Aquí se analizan las causas del riesgo y se mide su crecimiento. Pero va más allá: profundiza en los avances institucionales en el manejo del riesgo en los diferentes niveles de gobierno y su manejo en la administración pública territorial, sectorial y privada.
Señala también grandes oportunidades para articular la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación, inversión, seguimiento y control. Muestra además, la necesidad de definir responsables públicos y privados, incluyendo a la sociedad civil, como parte de la estrategia de reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado.
La contribución se produce en un momento político importante en Colombia, por las reformas que se presentan con la promulgación de la ley por la cual se adopta la política nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se crea el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
De cara al futuro
Para aumentar la gobernabilidad en la gestioìn del riesgo de desastres, es esencial asumir un cambio radical en las políticas de desarrollo y en las prácticas territoriales, sectoriales y privadas para mantener el desarrollo económico, social y ambiental de Colombia.
Las recomendaciones derivadas del estudio proponen elevar la gestión del riesgo a nivel de política de Estado e incorporarlas como políticas públicas.
El reto es grande: no podemos evitar que ocurran los desastres. Pero trabajando juntos, podemos prevenir y disminuir los riesgos, prepararnos, y responder de manera oportuna para minimizar sus costos y sus impactos. Estas acciones pueden representar una gran diferencia.
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