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A pesar de los esfuerzos del Estado chileno, los índices de violencia contra la mujer no han mejorado en los últimos ocho años. En 2019, 4 de cada 10 mujeres declararon haber sido víctima de violencia intrafamiliar. Más aun, una proporción muy pequeña de aquellas mujeres que sufrieron violencia realizan una denuncia. Esto, muchas veces debido a la desconfianza en la red de servicios estatales. Lo cierto es que la oferta de servicios estatales es débil y poco coordinada para aquellas que si denuncian. Si bien existe una gama de servicios, las sobrevivientes pueden tener una experiencia muy distinta, dependiendo de quien realiza la primera acogida. Es probable que la mujer tenga que repetir su historia múltiples veces, que se enfrente a largas demoras en sus procesos judiciales, y si continúa siendo agredida, es posible que nadie haga un seguimiento o levante alertas aún cuando existan varias denuncias contra el mismo agresor.
Ante esta realidad, un desafío urgente que limita una respuesta efectiva y coordinada del gobierno es la falta de información fácilmente disponible para casos de violencia contra la mujer entre instituciones públicas . Actualmente, cada institución involucrada brinda servicios a las mujeres sobrevivientes y cumple con sus funciones y tareas, pero no existe un modelo institucional de atención integrado que asegure un paquete completo de servicios de atención para toda mujer que es víctima de violencia.
Si bien cada institución tiene sus propios procesos y sistemas (algunas hasta con múltiples sistemas), estos no están interconectados, imposibilitando el monitoreo de la calidad de los servicios existentes y el seguimiento de casos de violencias extremas que pueden culminar en femicidios.
Dado que actualmente no existe una coordinación institucional que permita identificar casos de violencia recurrente, si una mujer presenta una denuncia, la oficina local no tendrá información sobre si ella ya había presentado una denuncia similar en una región o institución diferente. Asimismo, no es posible saber con exactitud cuáles son los servicios a los que la sobreviviente accedió, por lo que probablemente tendrá que repetir su historia múltiples veces, sin un seguimiento coordinado.
Finalmente, no se recolecta de manera sistemática información critica que pudiera conducir a la detección y prevención temprana de casos de violencia. A esto se agrega que, en algunos casos, la información es transmitida entre instituciones manualmente o por correo electrónico, lo que genera preocupaciones de confidencialidad y retrasos importantes en lo que a menudo son situaciones de vida o muerte.
El camino hacia una solución
Para buscar una solución oportuna a estos múltiples desafíos, un equipo del Banco Mundial trabajó en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género desde varios frentes.
En primer lugar, se realizó un análisis cuantitativo para dimensionar la violencia contra la mujer en Chile, usando la Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar (ENVIF 2020). Adicionalmente, se hizo un estudio cualitativo sobre la percepción de las mujeres sobrevivientes de la oferta de servicios estatales en este tema.
Y finalmente, a través de una serie de reuniones bilaterales, se hizo un diagnóstico integral en las instituciones que prestan servicios en la red estatal de atención en cuanto a: sus procesos institucionales, tanto dentro de cada institución como entre instituciones; su marco normativo, que rige los registros administrativos y el intercambio de datos; y sus tecnologías de la Información, identificando la existencia, gestión y posibilidad de interoperabilidad.
La consolidación de estos cinco componentes dio una mirada integral sobre cómo se estructuran y coordinan las instituciones estatales frente a los casos de violencia de género.
A partir de este diagnóstico evidenciamos la necesidad de instalar un nuevo modelo de atención integrado y orientado a las sobrevivientes, que incluya la definición de un paquete mínimo de servicios y el desarrollo de un sistema efectivo de derivación. Además, se debe incorporar una estrategia de atención de casos que tenga una secuencia lógica, sin importar cuál es la institución que realiza la primera acogida.
El establecimiento de una plataforma integrada de gestión de casos puede apoyar este nuevo modelo de atención, fortaleciendo la recolección y uso de los registros administrativos. El desarrollo de una plataforma aportaría a la coordinación entre instituciones, permitiendo un mejor seguimiento y trazabilidad de casos, una reducción en la revictimización de las mujeres, y la posibilidad de establecer un sistema de alerta temprana que pueda salvar vidas.
Chile está ante una gran oportunidad. La hoja de ruta para el diseño de una plataforma integrada de gestión de casos de violencia contra las mujeres propuesta por el Banco Mundial busca definir los próximos pasos que son urgentes y necesarios para desarrollar un nuevo modelo de atención que, gracias al uso de la tecnología pueda generar, entre otros resultados, alertas tempranas que contribuyan a la protección de las mujeres sobrevivientes que estén en riesgo de situaciones de violencia extrema o muerte.
Solo el año pasado se registraron 194 casos de femicidios consumados o frustrados, lo que equivale -en un solo año- a 2 de cada 100 mil mujeres. Esta plataforma podría ayudar a cambiar el futuro de estos casos trágicos y el destino de miles de mujeres sobrevivientes de violencia de género en Chile.
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