Cuidar los bosques nativos puede ser un buen negocio

¿Conservar o deforestar? ¿Cómo responde esta pregunta un propietario de tierras con bosque nativo? La decisión muchas veces suele estar determinada por consideraciones económicas. Un nuevo análisis* de datos geoespaciales y microeconómicos propone cómo mejorar los incentivos para que producir de manera sustentable y conservar los bosques sea la mejor opción.

A fines de la década de 1990, en Argentina, empezó a darse una deforestación alarmante, impulsada por el aumento del precio de la soja, que derivó en la expansión agropecuaria hacia tierras boscosas, facilitada por innovaciones tecnológicas como la siembra directa y el uso de cultivos modificados genéticamente. A principios de los 2000, Argentina perdía más del 1,2% de sus bosques cada año.

Así es como Argentina llegó a ubicarse entre los diez países con más tierras deforestadas, siendo esta transformación un importante aporte a las emisiones de gases de efecto invernadero del país. En las ecorregiones del Gran Chaco y Yungas, y particularmente en las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, se concentró más del 80% de deforestación de las últimas décadas.

Deforestar y no respetar la ley

El estudio encontró que las probabilidades de deforestar tierra apta para agricultura aumentaron tras la sanción de la Ley de Bosques y la creación del “fondo de bosques” en 2007. Además, como el financiamiento otorgado no distinguió entre tierras boscosas con y sin potencial agrícola, la política no fue eficiente para contrarrestar el mayor incentivo a deforestar que existe en las tierras con ese potencial.

Adicionalmente, se detectó que solo en un porcentaje menor de los 141 escenarios estudiados en 17 departamentos de las regiones de las Yungas y el Gran Chaco el marco vigente induce a los propietarios de tierras a respetar la ley y no deforestar. 

Incentivos para proteger

¿Cómo se pueden alinear los incentivos hacia la protección de los bosques?

1) Aliviar la carga tributaria a los propietarios de tierras con bosque nativo.  Solo las provincias de Córdoba y Salta poseen beneficios tributarios en favor de los propietarios de terrenos que poseen bosque nativo. La propuesta consiste en eximir a las tierras que contengan bosques nativos del pago del impuesto inmobiliario y asimilarse a otros beneficios tributarios de la Ley de “Bosques Cultivados”.

2) Optimizar los mecanismos de control y aplicación de la Ley de Bosques. Mantener actualizados los valores de las multas. Aumentar las probabilidades tanto de detección de las infracciones como de aplicación efectiva de las sanciones es prioritario para que el marco normativo sea efectivo. En los escenarios analizados, se concluyó que los niveles y probabilidades de efectivizar las multas son claves ya que los incentivos a cumplir cambian fuertemente con las mismas.

3) Fijar índices para montos de pagos por servicios ambientales y multas que incluyan variables ambientales y económicas. Se recomienda implementar en Argentina una metodología estandarizada para determinar los montos a pagar por servicios ambientales de acuerdo a la ubicación de la tierra boscosa, los servicios ambientales prestados y el costo de oportunidad que generan otras actividades económicas que compiten con el bosque. Tal metodología se podría utilizar además para diferenciar valores de las multas por áreas geográficas. El Proyecto Enfoque Silvopastoriles para el Manejo del Ecosistema (PESIME), en el que participaron Costa Rica, junto con Colombia y Nicaragua puede brindar valiosas lecciones para estructurar estos índices.

4) Introducir bonos de aglomeración para inducir el mejor diseño de los paisajes de conservación y producción. Este mecanismo crea incentivos para el cumplimiento grupal de los propietarios de tierras ya que busca vincular hábitats fragmentados para proteger la biodiversidad y especies en peligro de extinción. De esta manera el propietario recibe un pago adicional por cada hectárea retirada de la producción que comparte un límite común con otra hectárea destinada a conservación. Es decir, si propietarios vecinos destinan a la conservación tierras en su frontera común, ambos reciben un mayor beneficio económico.

5) Dar mayor previsibilidad y estabilidad al financiamiento del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), por ejemplo, incorporando como fuente de financiación un impuesto que grave el valor de la tierra. En particular, se propone gravar con el impuesto a los bienes personales a los propietarios de tierras rurales, salvo que posean bosque nativo. La recaudación extra debería financiar la Ley de bosques, con una asignación específica y automática. Para que sea una medida efectiva los catastros provinciales deberían simultáneamente actualizar los valores fiscales de la tierra. Otro impuesto que podría asignarse es el Impuesto al CO₂, si se actualizan los valores.

6) Adaptar el marco normativo para facilitar el comercio de créditos de carbono de los actores privados. Los mercados de crédito de carbono han vuelto a experimentar un incremento, y los que tienen origen en soluciones basadas en la naturaleza como la conservación de bosques son particularmente relevantes en este contexto. Habría un potencial allí para financiar la brecha entre los incentivos económicos para conservar los bosques versus destinarlos a otras actividades económicas. Argentina ya tiene experiencia en ese tipo de mercados, y podría fortalecerla.

Argentina debe mejorar la protección de su bosque nativo. Para lograrlo, mejorar el sistema de incentivos de forma que promueva el cumplimiento individual y colectivo entre los propietarios de tierras resulta crucial para poder compatibilizar el desarrollo de actividades económicas con la conservación del bosque nativo, especialmente en un contexto de severas restricciones al gasto público. Con la implementación de herramientas analíticas basadas en datos, y un uso más eficiente de los recursos públicos, se podría consolidar un marco más eficaz para el desarrollo económico en armonía con el cuidado de los bosques, contribuyendo al mismo tiempo la política de reducción del déficit fiscal.

* El estudio fue realizado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) y la Universidad Católica de Salta (UCASAL), con apoyo de la Alianza Global para Paisajes Sostenibles y Resilientes (PROGREEN), fondo fiduciario gestionado por el Banco Mundial que busca frenar la pérdida de ecosistemas y detener la deforestación; restaurar las tierras degradadas; mejorar los medios de vida de las comunidades rurales vulnerables y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.