Los trabajadores en América Latina y el Caribe se enfrentan todos los días a un dilema abrumador: ¿salir a ganar algo de dinero arriesgándose a contraer COVID-19 o proteger su salud a riesgo de pasar hambre? Los gobiernos están ante una decisión igualmente difícil: salvar vidas o proteger los medios de subsistencia.
Ante este dilema, los formuladores de políticas públicas tienen la tarea complicada de buscar un equilibrio que logre asegurar la sostenibilidad de sus sistemas de salud sin poner en riesgo los ingresos de sus ciudadanos. Esto implica calibrar y combinar cuidadosamente medidas como confinamientos y toques de queda con apoyos para quienes más sufren a causa del estancamiento de la actividad económica. Este apoyo puede ser en forma de programas de asistencia social, como transferencias directas a los más vulnerables y necesitados, tal y como se han implementado en muchos países de la región.
Encontrar ese delicado equilibrio será fundamental para promover una recuperación incluyente y prevenir efectos negativos de largo plazo para los hogares más vulnerables. Esto significa que en momentos en los que las tasas de contagio sean altas, las medidas que se adopten para contenerlas deben ser diseñadas de tal forma que se minimicen las pérdidas económicas.
Además, algunas actividades económicas deberían poder seguir operando bajo claros y estrictos protocolos de seguridad sanitaria. En el caso en que las políticas de contención sean necesarias, estas deben complementarse en la medida de lo posible con apoyos para el sector empresarial, especialmente para firmas medianas y pequeñas.
Un equilibrio difícil de alcanzar
Nuestra nota más reciente, Lives or Livelihoods? The Cost of Staying Healthy (¿Vidas o medios de subsistencia? El costo de mantenerse sano), describe claramente la dificultad de alcanzar este delicado equilibrio. Los datos de la ronda inicial de la Encuesta Telefónica de Alta Frecuencia de Latinoamérica y el Caribe, obtenidos aproximadamente un mes después de comienzo de la pandemia, indican que las estrategias estrictas de distanciamiento social y aislamiento ayudaron de manera sustancial a aplanar las curvas tanto de contagios como de muertes. Como muestra la gráfica siguiente, entre más estrictas las medidas, más planas son las tasas de contagio y mortalidad. El confinamiento, las restricciones de viaje y el distanciamiento social claramente salvaron miles de vidas en América Latina.
COVID-19 e Índice de rigurosidad en América Latina y el Caribe
Abril – septiembre 2020
Fuente: Data de salud sobre la base de WHO, Coronavirus (COVID-19) Dashboard; Indice de rigurosidad (Stringency index) sobre la base de Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government, University of Oxford.
La nota publicada también resalta el inmenso costo que tales medidas tuvieron para los medios de subsistencia de las personas. Los datos de la encuesta mencionada muestran que alrededor del 17% de los trabajadores de la región perdieron su empleo después de que se introdujeron las primeras medidas de aislamiento en marzo de 2020. Como es de esperarse, restricciones más estrictas están asociadas a una mayor tasa de pérdida de empleo, como se muestra en la siguiente gráfica.
Respuestas y secuelas
Aunque las restricciones de movilidad tuvieron costos en términos de puestos de trabajo para toda la región, el impacto varió considerablemente de país en país. Aquellos países con menores niveles de informalidad y un mayor grado de conectividad digital se adaptaron rápidamente al teletrabajo. Por ejemplo, a pesar de haber implementado medidas de confinamiento similares, la pérdida de empleos en Chile, cercana al 5%, fue seis veces menor que las registradas en Colombia y Perú, cercana al 30%.
La pérdida de empleo tuvo un impacto inmediato y devastador en los ingresos de los hogares latinoamericanos. Aproximadamente dos meses después de la pandemia, cuando los niveles de rigurosidad de las medidas de confinamiento estaban en su punto más alto, entre el 60% y 70% de los hogares reportaron una disminución en su ingreso total. Perú fue uno de los países más afectados: ocho de cada diez hogares reportaron ingresos totales menores comparado con lo observado antes de la pandemia. Lo más preocupante es que la pérdida de empleo y la reducción de los ingresos familiares se tradujeron en una mayor inseguridad alimentaria. Honduras tuvo la incidencia más alta en mayo de 2020, cuando el 53% de los hogares informaron que se quedaron sin alimentos debido a la falta de dinero o recursos. Esto tiene graves consecuencias a largo plazo para la nutrición y la acumulación de capital humano, lo que puede afectar la productividad de la región en un futuro.
Para compensar esta cadena de pérdidas de bienestar, los gobiernos de la región incrementaron su gasto fiscal (incluyendo gasto social y exenciones tributarias) en 2020 con cierto nivel de éxito. Aunque el gasto adicional ayudó a subsanar la inseguridad alimentaria entre los hogares, en la mayoría de los casos no fue suficiente para compensar por completo la pérdida de ingresos. La evidencia sugiere entonces que este tipo de acciones gubernamentales focalizadas pueden ayudar a suavizar el impacto negativo en los segmentos más afectados de la población.
Si bien el efecto de la pandemia y las respuestas de los gobiernos han variado mucho en los países de la región, es evidente que todos deben encontrar una solución adecuada para resolver este dilema. El futuro de América Latina y el Caribe dependerá de poder alcanzar este equilibrio.
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