Paradas acá, en el primer cuarto del siglo XXI, es difícil creer que hace siete décadas las mujeres no podíamos votar. O que más recientemente, en el marco de las reformas agrarias de Latinoamérica, el acceso de la mujer a la tierra estaba supeditado a diversos factores , como a la voluntad del varón jefe de familia, o a la viudez, y la figura de la mujer productora prácticamente no existía.
Muchas cosas han cambiado desde esa época hasta nuestros días, especialmente en Centroamérica. En Nicaragua los títulos de propiedad otorgados a través de los proyectos de regularización de tierras se han registrado en un 51% en beneficio de las mujeres, cifra que contrasta con el 9.7% de 1989. Panamá pasó del 27.8% al 34.48% entre 1992 y el 2010.
Y en Costa Rica, el Instituto Nacional de las Mujeres, a través de su publicación Mujeres y Pobreza, establece que las tierras adjudicadas por el gobierno entre los años 2003 y 2006 se registraron en un 95% a nombre de ambos miembros de la pareja, un 4% a nombre de mujeres y 1% a los hombres.
Los gestores de programas de acceso a la tierra podemos sentirnos satisfechos de este avance, sin embargo, es también el momento de hacernos la pregunta ¿Misión cumplida?
Para responder, primero es necesario separar las cifras globales (urbana-rural) de las que enfocan exclusivamente el acceso a la tierra agrícola. En estas últimas, la brecha continúa siendo más acentuada. Por ejemplo, en Honduras se estima que actualmente la cifra global asciende al 40%, mientras que en el ámbito rural el registro de tierras a nombre de las mujeres desciende al 25%.
Igualmente es necesario analizar por separado la calidad y tamaño de las parcelas a las que las mujeres tienen acceso. Para ello veamos el caso de Nicaragua, el cual tomo como referencia por ser el mejor documentado y no por ser el único con estas características en la región. De acuerdo con el Censo Agropecuario realizado en el año 2012, aunque hay avances significativos en la cantidad de mujeres con un título de propiedad, el número de propietarias disminuye considerablemente a medida que el área de la parcela se incrementa. En predios de hasta 0.35 hectáreas, el 49% de la posesión o propiedad pertenece a las mujeres, sin embargo, en predios de 10 manzanas esta cifra disminuye hasta el 17% y cuando se trata de terrenos de más de 500 manzanas cae al 7%.
Además, las decisiones sobre arrendar, producir, heredar o vender la propiedad continúan siendo tomadas por los hombres. Esta realidad la ejemplifica don Gabriel un poblador de Honduras, que cuando escuchó la palabra “género” en una jornada de regularización de tierras en Honduras, dijo potentemente: “En eso del género yo sí creo que las cosas no pueden ser tan parejas, el hombre siempre es cabeza de familia”.
Don Gabriel creció con la convicción de que en el hogar el hombre debe mantener el mando y que al ser su responsabilidad el sostenimiento familiar, las decisiones sobre la propiedad y el manejo de las transacciones y documentos de propiedad son asuntos exclusivos de los hombres.
En este sentido, el reto para superar la brecha de género no solamente se centra en el porcentaje de predios registrados a nombre de las mujeres. Es necesario promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre la tierra y en el manejo de los recursos productivos. Es decir, más allá del marco normativo de avanzada, hay que trabajar por la inclusión en el acceso y la gobernanza de las tierras.
¿Qué otros aspectos valoraría usted para determinar si el acceso a la tierra es igualitario entre hombres y mujeres? ¿Cuáles considera que son las acciones que pueden dar a las mujeres acceso igualitario a la tierra como medio de producción? ¿Cómo podemos permear de forma benéfica y respetuosa la cultura de las comunidades, al menos respecto al acceso de las mujeres a la tierra?
Queremos oír su opinión. Nos puede responder en la sección de comentarios.
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