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A estas alturas del debate sobre Manejo de Riesgos Naturales, ya hay consenso en que los desastres, mal llamados "naturales", son en realidad un problema de pobre planificación o falta de ella.
Y esto es algo que tiene consecuencias enormes en términos de vidas y costos materiales. No hay sino que ver la declaración del grupo de los G-20 en su cumbre de Los Cabos, México, para darse cuenta de la dimensión del problema.
En vista del alarmante aumento de pérdidas humanas y económicas por los desastres, los líderes de las economías más grandes del mundo llamaron la atención sobre la gestión del riesgo de desastres como componente de la política de desarrollo.
En 2011 se registraron en el mundo pérdidas sin precedentes, que llegarían a los US$380,000 millones.
La realidad es que los eventos naturales adversos continuarán sucediendo y los impactos negativos en nuestras sociedades dependen del grado de preparación y planificación para enfrentarlos. Este es un mensaje clave que forma parte de toda agenda de desarrollo sostenible o "verde", según hace notar el informe Crecimiento verde e Inclusivo en América Latina y el Caribe.
En efecto, América Latina es una de las regiones más expuestas a eventos naturales por pura cuestión numérica: más de 80 por ciento de la población vive en ciudades y, según proyecciones recientes, un mayor número de habitantes de las grandes urbes -unas 1,500 millones de personas a nivel mundial- estarán expuestos a ciclones y huracanes para el año 2050. Esto es casi el doble de los 680 millones de personas en similar situación hace una década, según el estudio Natural Hazards, Unnatural Disasters.
Ahora bien, cuando hablamos de planificación y preparación nos referimos a que las organizaciones de gobierno, tanto a nivel de sector como de gobierno local, asuman su parte de responsabilidad ante los riesgos a que están expuestos.
Los sectores suelen planificar sin tomar en consideración las variables de riesgo y asumen que la responsabilidad de la preparación de los desastres recae exclusivamente en la Defensa Civil o en los órganos de respuesta. Pues bien, cuando hablamos de desarrollo sostenible en un sector podemos decir con amplios argumentos prácticos, que si el sector no considera los riesgos naturales a los que está expuesto, podría dejar de alcanzar su objetivo como sector en caso de ocurrir un evento natural adverso.
Veamos ejemplos prácticos. Cuando las noticias muestran el daño y destrucción de puentes, carreteras, escuelas, hospitales, tras un desastre, sólo vemos lo material, pero no resulta evidente el valor del servicio que esa infraestructura está prestando.
Es decir sin puente no hay transporte. Se caen las redes logísticas, los productores agrícolas e industriales no pueden transportar sus productos a sus destinos finales, y toda la cadena productiva se ve afectada. El impacto económico del desastre va más allá de solo el daño físico; afecta directamente a la economía del sector privado y público.
Cuando los sectores asumen responsabilidad frente a los riesgos, sus objetivos tienen mayores probabilidades de sostenerse en el tiempo y de cumplirse a cabalidad. Esto no significa que el sector deba ser experto en riesgos, sino que utilice los consejos de los expertos para reducir el riesgo existente y evitar riesgos futuros en sus infraestructuras.
Esta nueva forma de planificar conlleva desafíos. Uno de ellos es la coordinación inter-institucional en la definición clara de roles de las instituciones en la gestión de riesgos. Por un lado tenemos a las instituciones técnico-científicas encargadas de identificar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos; por otro lado, están los sectores y los distintos entes territoriales que deberán utilizar las informaciones técnicas para informarse y tomar decisiones sobre esos riesgos y priorizar acciones para reducirlos.
Otro desafío es la información técnica. Especialmente cuando se trata de determinar qué información hay disponible –generalmente dispersa e insuficiente-, cómo se comparte y cómo se toma decisiones a partir de ella. Sólo así podremos invertir en información de riesgos para tomar mejores decisiones en base a la necesidad técnica de los sectores.
Por otro lado, por más que tratemos de evitar los desastres y reduzcamos su riesgo, siempre habrá eventos naturales con efectos negativos en nuestras sociedades. El quid del asunto es: cómo podemos prepararnos para planificar la respuesta más eficiente ante estas situaciones.
Igual que en la etapa de planificación, los sectores y entidades territoriales pueden prepararse mejor para una respuesta al evento. Conociendo el riesgo podemos tener planes de contingencias territoriales y sectoriales más acordes con las posibles ocurrencias. De esta manera podemos prepararnos para los distintos escenarios.
Las sociedades que buscan un desarrollo sostenible se caracterizarán por ser resistentes, responder organizadamente y recuperarse más eficientemente de un desastre. Incorporar la gestión de riesgos en los procesos de planificación, tanto sectoriales como territoriales, permite que países con políticas públicas orientadas al crecimiento y desarrollo tengan mejores oportunidades de éxito que aquellos que no las consideran.
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