Al inicio de la temporada de huracanes y otras amenazas naturales durante el COVID-19 (coronavirus), en América Latina existe la necesidad de entender el multirriesgo, la participación multisectorial y el impacto compuesto y vinculado de los riesgos. Además, es esencial que los países tengan salvaguardas fiscales para responder de forma inmediata y eficiente.
Aunque el enfoque inmediato es responder a la crisis sanitaria, el riesgo financiero asociado a las amenazas naturales no deja de existir. Una opción para atender este reto es establecer, antes de que ocurra un desastre o emergencia, estrategias fiscales y de protección financiera que otorguen liquidez oportuna y costo-eficiente. Como parte de estas estrategias se podrían considerar las siguientes seis herramientas:
- Las líneas de crédito contingente, como por ejemplo la Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (Cat-DDO, por sus siglas en inglés), proporcionan liquidez inmediata para apoyar los esfuerzos de recuperación de un país luego de un desastre o una emergencia de salud pública.
- Los fondos de reserva son presupuestos que el gobierno tiene reservados para usar en caso de que surjan imprevistos como desastres, emergencias sanitarias, etc.
- Los seguros por daños a bienes públicos cubren bienes públicos que se vean afectados por un evento imprevisto.
- Los bonos por catástrofe son instrumentos que permiten a los países acceder a los mercados de capital para obtener un seguro contra desastres.
- Los seguros paramétricos son contratos que realizan pagos basados en la intensidad de un evento y la cantidad de pérdida causada que se calcula usando un modelo previamente acordado. Por lo tanto, los pagos se pueden hacer muy rápidamente.
- Los componentes contingentes de respuesta a emergencias (CERCs, por sus siglas en inglés) permiten la reasignación de fondos en proyectos de inversión para responder ante emergencias inminentes o emergencias naturales, como desastres asociados a eventos de la naturaleza y emergencias de salud pública. Puede ser usado para la emergencia y/o para la recuperación temprana.
Centroamérica traza el camino
En Centroamérica, y gracias a la fluida comunicación entre los equipos de finanzas y gestión del riesgo de desastres, países como Panamá, y recientemente Guatemala, han promulgado sus estrategias financieras del riesgo, mientras que El Salvador, Costa Rica, Honduras y Nicaragua avanzan en sus procesos de formulación y formalización. Esto fue diseñado inicialmente con el apoyo del Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de los Desastres (GFDRR, por sus siglas en inglés) y continuará los próximos dos años con apoyo adicional de donantes como Alemania, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea.
En términos de implementación, en los últimos años, Panamá ha incorporado herramientas financieras como una Cat-DDO que se enfoca en respuesta ante desastres. En marzo de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas del país solicitó una enmienda de emergencia al Banco Mundial para cambiar el enfoque de su Cat-DDO. En lugar de usarlo para gestionar desastres, el fondo sería usado para fortalecer la capacidad de respuesta del gobierno ante la pandemia. El pago de $41 millones fue realizado en 48 horas con todos los recursos disponibles de inmediato.
En El Salvador, dada su alta vulnerabilidad ante desastres, el gobierno vio la necesidad de fortalecer el manejo de los riesgos fiscales con una combinación de instrumentos financieros a los que ha incluido el CERC. En ese contexto, a finales de 2019, se realizó un simulacro de activación con el apoyo de GFDRR para que miembros de diversos ministerios simularan la activación e implementación de este mecanismo a través de una coordinación más fluida. Asimismo, en abril de 2020 el país accedió a US$20 millones para responder a la pandemia y fortalecer el sistema nacional de salud pública otorgados por el Banco Mundial bajo el “Proyecto de respuesta a la emergencia COVID-19 ”.
A nivel regional, la Facilidad de Seguros contra Riesgos Catastróficos del Caribe (CCRIF, por sus siglas en inglés) continúa proporcionando liquidez financiera a los gobiernos cuando se activa una póliza . Incluso si ya existiera un desembolso de otros fondos, como en el caso de una emergencia sanitaria como el COVID-19, es la primera línea de defensa inmediatamente después de un desastre. Hasta el momento, el CCRIF ha hecho pagos por US$152 millones a 13 gobiernos miembros después de un desastre, beneficiando a cerca de 2,5 millones de personas en Centroamérica y el Caribe. Esta Facilidad ha demostrado que las soluciones financieras regionales son factibles.
Hay que tener en cuenta que tanto las amenazas ante desastres, como las emergencias sanitarias pueden llegar sin previo aviso. Por ello, un diálogo constante entre los entes encargados de las finanzas del estado, las agencias de gestión del riesgo y los organismos responsables de las emergencias sanitarias permitirán una preparación y planificación previa para responder oportunamente a las necesidades de toda la población.
Lecturas recomendadas:
• Hacia una Centroamérica más resiliente
• Preparedness can pay off quickly: Disaster financing and COVID-19
• Coronavirus Speaker Series: Sharing Knowledge to Respond with Resilience
Únase a la conversación