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El terremoto en Costa Rica ha causado graves daños, que incluyen importantes instalaciones nacionales como el sistema de agua potable. Más de 1.3 millones de habitantes de San José dependen de este sistema para su consumo diario de agua. La buena noticia es que el suministro del vital elemento está garantizado, con lo cual se salvan vidas y también incomodidades.
Imagínese esta buena noticia en medio de un desastre –aunque ficcional --como el descrito.
Es más. Si usted es ingeniero como yo, imagínese que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (o AyA, agencia de agua potable del gobierno) informara que, si bien 15% de su infraestructura sufrió daños considerables por el terremoto, no están comprometidos componentes vitales del sistema como tanque elevados y estaciones de bombeo.
Con lo cual no se suspendería la provisión de agua en la Gran Área Metropolitana de San José de Costa Rica. En realidad este es el tipo de reporte –de prensa o técnico- que yo esperaría encontrar si continúa el proceso de prevención de riesgos de desastre que dicha agencia gubernamental actualmente está desarrollando.
Es un interesante proceso institucional que busca reducir la vulnerabilidad sísmica del sistema de agua y alcantarillado en el mediano plazo, tras la adopción de una iniciativa abierta para calcular riesgos y prevenirlos. Esta se conoce en la comunidad de manejo de riesgos como Iniciativa de Modelamiento Probabilista de Riesgo de Desastre o CAPRA, por sus siglas en inglés.
Para tener una idea más clara de la magnitud del esfuerzo, aquí van algunos números: el sistema de agua potable y alcantarillado en San José consiste de 570 km de tuberías primarias, 2610 km de tuberías secundarias, 15 plantas de potabilización, 65 tanques de agua elevados, 35 pozos habilitados y 43 estaciones de bombeo, entre otros componentes.
Este esfuerzo es interesante no sólo desde el punto de vista de ingeniería -al que no me voy a referir en este texto- sino también por la manera cómo se inicia y se desarrolla, ya que su historia encierra una interesante lección de manejo de desastres. AyA, creada en 1961, expande fuertemente su infraestructura en la década de los 70 y 80.
Actualmente, la agencia sirve a una población de 4.3 millones aproximadamente a lo largo de todo el país. Costa Rica, como el resto de países centroamericanos, está localizada en una zona sísmicamente activa.
Hasta hace apenas dos años el riesgo sísmico, es decir el daño probable a la infraestructura y su efecto en el servicio, no había sido analizado y cuantificado por las autoridades. Por ende tampoco se habían tomado medidas de mitigación. En el 2010 AyA se vincula a CAPRA que ya había estado funcionando en Centroamérica desde 2008, con la ayuda de varios organismos internacionales como el BID, la ONU y nosotros.
Como resultado, un grupo de ingenieros de la agencia fue entrenado en el uso de la plataforma de CAPRA y asesorado durante todo un año. En este período, el equipo desarrolló con su propia capacidad el estudio “Evaluación de riesgo sísmico de los sistemas de agua potable y saneamiento del Gran Área Metropolitana, San Isidro e Iguito”.
Sus resultados fueron sorprendentes no solo desde el punto de vista técnico --por ejemplo, mostraron que los tanques de agua elevados son los componentes más vulnerables del sistema. Pero principalmente fueron sorprendentes porque desencadenaron decisiones institucionales para incorporar la gestión del riesgo de desastre dentro de sus planes y organización.
Tanto los gerentes como los técnicos de la institución avalan el estudio y confían plenamente en él. Conocen sus hipótesis, entienden su alcance y limitaciones, son conscientes del reto que tienen para reducir la vulnerabilidad sísmica del sistema.
Y acaso lo más importante: están decididos a avanzar en un plan de gestión de riesgo de mediano y largo plazo. AyA tiene actualmente la capacidad para mejorar los estudios e implementar dichos planes.
La historia de AyA resume la esencia de lo que es y busca CAPRA: fortalecer la capacidad de los gobiernos para generar e integrar información de riesgo de desastre en las políticas y programas de desarrollo.
Ello significa incorporar criterios de seguridad en los programas e inversiones de sectores tales como salud, educación, agua y saneamiento, y transporte, entre otros. También quiere decir que aunque en el futuro ocurran desastres, dicha infraestructura continuará operando para salvar y proteger la vida de los ciudadanos.
Esto es cierto no sólo para Centroamérica sino también, confiamos, para el resto del mundo.
CAPRA tuvo sus inicios en América Central, se extendió posteriormente a Sudamérica y el Caribe y recientemente ha iniciado actividades en el sur de Asia. CAPRA es la primera plataforma de modelamiento probabilista de riesgo abierta y libre en el mundo. Los invito a conocer más acerca de esta iniciativa en www.ecapra.org y a unirse a nuestra comunidad de usuarios.
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