Justicia digital para un mundo digital

Cuando me gradué y empecé a litigar en las cortes, me cuestionaba constantemente: Si la tecnología ya transformó cómo nos comunicamos, cómo compramos, cómo nos entretenemos, cómo interactuamos con el Gobierno, ¿por qué no ha podido transformar, la forma en que el Estado administra justicia?, ¿en qué medida el mundo digital puede ser un canal para acercar a la ciudadanía al derecho?

En 2016, la Columbia Británica canadiense implementó el primer tribunal civil completamente en línea y con ello inauguró una nueva era para la administración de justicia. El sistema, no solo dicta una decisión final, sino que educa en derechos, puede evitar conflictos y dinamiza todas las fases de un proceso judicial.  Hoy tiene jurisdicción sobre siniestros de tránsito, deudas de menores cuantías, hipotecas, seguros, daños e, incluso, demandas laborales. El tribunal ha procesado más de catorce mil causas con una efectividad del 85% y en un tiempo record de sesenta días en comparación con los dieciséis meses que le toma a una corte ordinaria resolver un conflicto.

 ¿Por qué esta medida puede mejorar el estado de derecho, el acceso a la justicia y, finalmente, contribuir a la prosperidad en Ecuador y Latinoamérica?

La penetración de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la sociedad se encuentra cambiando todos nuestros espacios de interacción, sin embargo, su aproximación al mundo del derecho y a la justicia es lento.  En Ecuador existen cuatro problemáticas que podrían tener un giro diametral con la implementación de las TIC, emulando la iniciativa de la Columbia Británica: 

1. La accesibilidad: A las personas de bajos recursos económicos les resulta costoso y tedioso acceder a la justicia. Esto sucede primero por la falta de educación en derechos, pues si el ciudadano no los conoce, lo más probable es que ni siquiera tenga la iniciativa de exigirlos. Luego tenemos los costos procesales. Contratar un abogado competente que pueda diseñar el litigio es caro y las opciones de patrocinio gratuito son muy limitadas. Frente a esta problemática, las aplicaciones, páginas web, etc., pueden hacer mucho. En cuanto a la educación, ya existen aplicaciones que, valiéndose de materiales audiovisuales o comandos de voz, hacen una efectiva pedagogía de derechos. Del mismo modo, la digitalización de expedientes, las audiencias en línea, entre otras estrategias tecnológicas, tienen una capacidad enorme de dinamizar y economizar el proceso judicial , pues eliminan costos asociados a la infraestructura física y de personal para atender los eventos procesales –audiencias, reconocimientos, pericias, etc.
2. El tiempo: El proceso judicial se cumple por etapas que se realizan frente al juez y bajo muchas formalidades que retardan la resolución definitiva del caso. Esto sería mejorado sustancialmente con la implementación de las TIC, pues algunas fases podrían realizarse en línea y, además, los jueces estarían sujetos a un software que garantizaría el cumplimiento de plazos.  
3. La comprensión: Nuestro sistema de justicia es híper formalista y utiliza un lenguaje técnico y complejo para referirse a los derechos, generando que una sentencia –que debería ser un documento pedagógico– se vuelva un texto solamente comprensible para el abogado. Las TIC permiten transformar por medio de instrumentos audiovisuales un proceso judicial –tedioso e ininteligible– en algo interactivo y didáctico.  
4. La transparencia: La digitalización de la justicia tiene el potencial de mejorar su transparencia, pues se minimiza el contacto directo entre las partes y el juzgador, se sujeta el proceso a un software difícilmente alterable y se elimina barreras de acceso a grupos históricamente discriminados.  
5. Procesos digitales para un mundo digital: El universo digital no se adapta al modelo tradicional de justicia . Hace años, eBay diseñó su propio sistema de solución de conflictos a sabiendas de que un proceso tradicional no podría atender sus necesidades. Hoy tiene más de 60 millones de usuarios con una efectividad del 90%. Del mismo modo, las nuevas plataformas en línea de la gig economy –Uber, AMT, Lyft– difícilmente encontrarán en las cortes ordinarias un espacio adecuado para la resolución de los conflictos suscitados entre sus actores. Todo ello, nos lleva a la conclusión de que la digitalización de la justicia es una necesidad urgente para mantenerse vigente y relevante frente a los futuros conflictos que, seguro, serán digitales.