Siempre hemos oído que si Colombia no tuviera el problema de drogas ilícitas y el conflicto armado, sería un paraíso terrenal. Bendecida con recursos naturales que parecieran infinitos, Colombia ocupa uno de los primeros lugares en biodiversidad del mundo. Sus playas, sus selvas, sus montañas, sus gentes son de una riqueza invaluable.
Pero esa Colombia hasta ahora se está empezando a conocer. Desafortunadamente lo que más se conoce son las profundas heridas que han dejado décadas de conflicto armado y lucha contra el narcotráfico. Colombia es uno de los productores de hoja de coca más grandes del mundo. Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC) en julio de 2016, Colombia aún lideraba la lista global de productores de cocaína por encima de Bolivia y Perú. Según la agencia, aproximadamente 65,000 hogares en Colombia, en condición de pobreza, dependen del cultivo de hoja de coca para su subsistencia.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno de Colombia por reducir la desigualdad histórica entre zonas rurales y urbanas –una de las causas del conflicto armado- desde finales de la década de los 70 hasta la actualidad, miles de campesinos han debido recurrir a la siembra de la hoja de coca como mecanismo de subsistencia. Al igual que en otros países afectados por la existencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado, las zonas productoras de hoja de coca se caracterizan por una baja o nula presencia estatal y por ende por una limitada oferta de servicios públicos básicos como la justicia, salud y la educación. A veces me pregunto si éstas son las zonas del país que fueron en algún momento excluidas del contrato social.
A través de estas palabras quiero desafiarlos a pensar en la producción de hoja coca de otra manera. ¿Alguna vez se han preguntado cuáles son los obstáculos que tienen las comunidades donde se cultiva coca para lograr su desarrollo?
Como es por todos conocido, muchas organizaciones, tanto nacionales como internacionales –basándose en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario– han denunciado reiterativamente violaciones de los derechos humanos contra recolectores y pequeños cultivadores de hoja de coca. Estas denuncias son frecuentemente derivadas del uso excesivo de la fuerza durante las labores antinarcóticas en zonas apartadas. De hecho, grupos defensores de los derechos humanos han condenado los esfuerzos del estado colombiano, que con frecuencia están acompañados de alta presencia militar, para reducir la producción de hoja de coca en los departamentos más afectados por el conflicto armado colombiano.
Dado que el narcotráfico ha sido una fuente de financiamiento de los grupos armados ilegales, inevitablemente las estrategias de contra-insurgencia y anti-narcóticas han estado íntimamente relacionadas. Lo anterior ha producido que la población dedicada a la siembra y recolección de la hoja de coca haya sido históricamente asociada a grupos armados insurgentes.
La ausencia de garantías efectivas para la participación política y para la libre asociación de los campesinos, cocaleros o no; los desplazamientos forzados individuales y colectivos; las detenciones y procesos judiciales arbitrarios; la violencia desproporcionada en respuesta a movilizaciones masivas; las extinciones de dominio arbitrarias; la contaminación de cultivos lícitos y fuentes hídricas a través de fumigaciones aéreas y terrestres; los problemas de salud provocados por la exposición a químicos han sido algunos ejemplos de los hechos reportados por organizaciones de derechos humanos.
Es en este contexto en el que surge la necesidad de pensar la producción de hoja de coca de una manera diferente. Los campesinos cultivadores deben ser actores activos en el desarrollo de su región para que la sustitución de los cultivos ilícitos sea sostenible en el tiempo.
La filosofía detrás del desarrollo impulsado por la comunidad –o community driven development, en inglés – parte de la base que el control comunitario sobre los procesos de planeación y la distribución de recursos para el desarrollo frecuentemente culmina en un mejor aprovechamiento de los programas y proyectos. Bajo los principios de participación comunitaria, transparencia, acceso a la información, empoderamiento local y capacidad apropiada, el Banco Mundial ha observado que las comunidades pueden tener un papel protagónico en la planeación para el desarrollo, y, sobre todo, alcanzar mayor sostenibilidad de los programas y proyectos en el tiempo.
Los casos exitosos de desarrollo impulsado por la comunidad apoyados por el Banco Mundial son prueba de esto. Los proyectos con enfoque de CDD en Indonesia y Filipinas son ejemplo de estos en países de medianos ingresos, pero aun en ambientes de posconflicto como en Afganistán, la participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre las inversiones de desarrollo ha permitido lograr resultados sostenibles de desarrollo más allá de los vistos en otras intervenciones.
Si la exclusión de la voz y la participación de las comunidades afectadas por cultivos ilícitos de los círculos de toma de decisión en materia de sustitución de cultivos ilícitos persiste, los programas dirigidos a este objetivo posiblemente serán poco sostenibles en el tiempo.
El Nordic Trust Fund, un programa de conocimientos y aprendizaje sobre derechos humanos para el personal del Banco Mundial, tomó la decisión de apoyar la implementación de un proyecto en Colombia que justamente tiene como objetivo principal visibilizar los beneficios de la participación de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes afectadas por la presencia de cultivos ilícitos para que desarrollen una capacidad efectiva de diálogo con autoridades locales, departamentales y nacionales en materia de planeación para el desarrollo y solución al problema de las drogas.
Creemos que esto es algo muy innovador, ya que, para solucionar el problema, por un lado, debemos fortalecer a las comunidades donde se cultiva la hoja de coca, ayudarles a que su voz se escuche, y por el otro, porque podemos cambiar la perspectiva que se tiene del tema y enfocarla hacia el desarrollo de las comunidades.
Los invitamos a ver y oír testimonios de los mismos protagonistas a través de la iniciativa Crónicas Desarmadas http://cronicasdesarmadas.com/
De esta manera, quizás podríamos comprender que la presencia de cultivos ilegales en muchas partes de Colombia no es un problema del conflicto armado o de las guerrillas, sino que es un problema de desarrollo.
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