De los muchos impactos negativos que ha tenido la pandemia de COVID-19, uno de los más graves y seguramente el más oculto es el drástico aumento de la violencia de género en América Latina y el Caribe. Se la ha calificado -creo que con justicia- como una pandemia silenciosa. Los números que muestra la región son realmente preocupantes, y las consecuencias físicas y emocionales para quienes la sufren permanecen en muchos casos como heridas abiertas de por vida.
El encierro por las cuarentenas, el distanciamiento social y el cierre de escuelas y oficinas, todas medidas muy necesarias para contener la propagación del virus, han dejado sin embargo a millones de mujeres y niñas en una situación de mayor aislamiento, dependencia financiera y vulnerabilidad. En el último año se restringió el acceso a servicios de salud, refugios y centros de apoyo legal, y se vio afectada la capacidad de respuesta a emergencias. Es decir, crecieron los factores de riesgo y se redujeron las posibilidades de asistencia.
La región es hoy la segunda a nivel global en violencia sexual perpetrada por hombres que no son la pareja de la víctima . De los 25 países con los números más elevados de femicidios, 14 están en nuestra región. Es una tragedia cotidiana, en la que nueve mujeres son asesinadas cada día. Más aún, según datos recogidos por Naciones Unidas, en Argentina, México, Colombia y otros países de la región, la violencia doméstica contra las mujeres creció este año entre 30% y 50%. Es un triste retroceso.
Debemos tener estos números muy presentes en todo momento. Y muy especialmente en los 16 días de activismo que observamos todos los años a partir del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es una realidad que nos debe llamar a la acción. No podemos tolerarla, cualquiera sea nuestro lugar. Todos podemos contribuir al cambio. Son nuestras hijas, madres, hermanas, colegas y amigas las que están en riesgo.
El Banco Mundial ha hecho de la violencia de género un tema prioritario en su agenda de apoyo a los países de América Latina y el Caribe. Resolver este problema es crucial para garantizar la plena participación de las mujeres en nuestras sociedades y construir el capital humano necesario para un desarrollo sustentable. Según el caso, las respuestas incluyen servicios remotos de asesoramiento, entrenamiento a trabajadores de la salud para la identificación y derivación de casos, apoyo para mejorar el registro de situaciones de violencia y campañas de comunicación, entre otras muchas iniciativas.
En Uruguay, por ejemplo, apoyamos la capacidad de atención telefónica, protección de víctimas, seguimiento de casos y monitoreo de posibles agresores, como parte de un programa de colaboración con el gobierno. También los menores de edad pueden pedir ayuda en línea cuando enfrentan situaciones de violencia doméstica. En Chile asistimos en la creación de una plataforma integrada para sobrevivientes de violencia de género; y en Perú en el desarrollo de una aplicación para la protección de víctimas con apoyo comunitario e información sobre refugios y servicios de atención.
Del mismo modo, en Centroamérica acompañamos los esfuerzos de los gobiernos por mejorar la prevención y el diseño de políticas tendientes a mitigar riesgos y asistir a las víctimas de violencia. Y lo mismo hacemos en otros países. En el Caribe, contribuimos a la formación de docentes, para que a través de la educación combatan de manera activa los estereotipos de género y la violencia contra las mujeres.
Estos son solo algunos ejemplos entre muchos. Sin embargo, no es suficiente. El aumento de la violencia de género en los últimos meses indica que debemos hacer más. Del esfuerzo combinado que entre todos podamos hacer depende la posibilidad de que millones de mujeres en la región accedan a una vida digna, libres de la violencia y plenamente integradas a la economía de sus países y el mundo del trabajo.
Este último punto es clave. Las estimaciones indican que en términos laborales la pandemia afectó sobre todo a las mujeres con empleos informales y en el sector de los servicio s. Es decir, ensanchó la brecha de desigualdad con los hombres.
Debemos cerrar cuanto antes esa diferencia, porque el empoderamiento económico y la creación de capital humano entre mujeres y niñas no solo les abren oportunidades, sino que son vitales para su independencia financiera y -vale la pena recordarlo en estos días- contribuyen a reducir la violencia de género.
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