Personas afectadas por las inundaciones recientes en Río Grande do Sul, Brasil. Foto: Gustavo Mansur/Palacio Piratini
Durante casi tres semanas seguidas en mayo de 2024, fuertes lluvias azotaron implacablemente el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, causando inundaciones devastadoras que se cobraron 169 vidas y obligaron a unas 600.000 personas a abandonar sus hogares. La urgencia de asistencia y ayuda es innegable, ya que esta catástrofe representa una amenaza significativa para los pobres y vulnerables, empujándolos a una situación aún más precaria.
¿Cómo garantiza Brasil que los más vulnerables y pobres no caigan aún más en la pobreza durante esta crisis? ¿Cómo está apoyando el sistema de protección social la respuesta a la crisis?
El sistema de protección social de Brasil aceleró sus esfuerzos de respuesta a través del programa de transferencias monetarias condicionadas Bolsa Família. La aplicación de los protocolos existentes para adelantar las transferencias monetarias, tanto a través de pagos digitales como en efectivo, ha facilitado la respuesta a la emergencia. También se han eliminado los tiempos de espera para ingresar al programa en Rio Grande do Sul, lo que garantiza una asistencia rápida para 21.700 nuevas familias en el programa. Además, el gobierno puso en marcha una ayuda para la reconstrucción de US$ 1.000 para cada familia desplazada por las lluvias. Esta rápida acción pone de relieve la importancia de la protección social adaptativa (PSA) para responder y mitigar los impactos de tales desastres.
Los desafíos planteados por el cambio climático no son exclusivos de Brasil. En América Latina y el Caribe, las crisis y los desastres climáticos se han duplicado en los últimos 30 años en la región. A medida que el cambio climático se hace más fuerte en la región de ALC, la dura realidad de los fenómenos meteorológicos extremos amenaza a los hogares pobres y vulnerables. Estos acontecimientos no solo alteran la vida cotidiana, sino que también profundizan la pobreza y las disparidades socioeconómicas existentes, revirtiendo años de avances en materia de desarrollo arduamente logrados.
El camino hacia una protección social que responda a las crisis en ALC ha sido testigo de una gran innovación en el pasado reciente, especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19 y la posterior crisis de los alimentos y los combustibles. La pandemia puso de relieve el papel fundamental de la protección social adaptativa, que ha surgido como un enfoque novedoso e integral que ayuda a aumentar la resiliencia de los hogares pobres y vulnerables invirtiendo en su capacidad de preparación, respuesta y adaptación ante las crisis.
El informe recientemente publicado, "Liberar el potencial de adaptación para la protección social: Buenas prácticas de protección social adaptativa en la región de América Latina y el Caribe”, se basa en los resultados de los tests de estrés en el ámbito de la protección social realizados por el Banco Mundial, diseñados para evaluar el grado de preparación de los sistemas de protección social para responder a crisis covariantes. Entre 2021 y 2023, se realizaron 18 tests de estrés en la región de América Latina y el Caribe. El objetivo principal del informe es ofrecer buenas prácticas integrales basadas en datos empíricos para orientar el diálogo y la formulación de políticas en el ámbito de la PSA, en América Latina y el Caribe y otras regiones.
Países de América Latina y el Caribe incluidos en las evaluaciones de los tests de estrés
Profundicemos en algunas de las buenas prácticas de la región, cada una de las cuales está alineada con un componente básico de la protección social adaptativa.
En primer lugar, los programas y sistemas de prestación existentes son cruciales para canalizar la asistencia hacia los pobres y vulnerables durante las crisis. Como consecuencia de la pandemia, el programa de transferencias monetarias condicionadas Bolsa Familia de Brasil se amplió horizontalmente a otros 1,2 millones de familias. El programa también se ha potenciado en respuesta a desastres tales como el colapso de una represa en Brumadinho en 2019, lo que permite a los beneficiarios efectuar retiros anticipados de la transferencia. La modernización de los sistemas de pagos y la transición a los pagos digitales también han sido fundamentales para aumentar la resiliencia ante las crisis. En Perú, este esfuerzo también se combinó con la inclusión financiera, donde se exigió a los beneficiarios existentes y nuevos que abrieran una nueva cuenta de transacciones para recibir asistencia en efectivo.
América Latina y el Caribe: Programas y sistemas de prestación de servicios: Puntaje de la evaluación de los test de estrés
En segundo lugar, los sistemas de datos e información, incluidos los sistemas de alerta temprana y los registros sociales, son vitales para una asistencia informada y oportuna. La República Dominicana, por ejemplo, cuenta con un sistema integral que cubre un amplio espectro de conmociones. También integra índices de vulnerabilidad para orientar la asistencia focalizada y los esfuerzos de fortalecimiento de la resiliencia. Los sistemas y registros integrados de información social de Chile permiten una focalización y respuesta efectivas, lo que facilita las evaluaciones posteriores a los desastres y garantiza una asignación eficiente de los recursos.
Recientemente, muchos países de América Latina y el Caribe han digitalizado o adoptado tecnologías convergentes como parte de su cadena de ejecución. Algunos países ahora llevan a cabo actividades de acercamiento a los beneficiarios a través de canales de redes sociales, proporcionan pagos digitales o integran el aprendizaje automático para reducir errores, mejorar la calidad de los datos y verificar la exactitud de la información.
América Latina y el Caribe: Datos e información: Puntaje de la evaluación de los tests de estrés
En tercer lugar, se debe disponer de financiamiento previsible y reservado para medidas de respuesta a las crisis canalizadas a través de los sistemas de protección social. El Fondo de Seguro contra Riesgos Catastróficos para el Caribe (CCRIF) brinda una cobertura casi completa a los países del Caribe y América Central. El seguro constituye una ayuda vital para los Gobiernos miembros, ofreciendo pagos rápidos para atender necesidades inmediatas después de los desastres. Los Gobiernos de Belice y Dominica celebraron un acuerdo con el PMA para recibir un complemento de la prima del CCRIF. A cambio, una parte del pago del seguro se destinará a asistencia en efectivo.
América Latina y el Caribe: Finanzas: puntaje de los tests de estrés
Por último, pero no menos importante, los mecanismos institucionales y las alianzas entre los sectores de Protección Social y Gestión del Riesgo de Desastres permiten el despliegue de asistencia oportuna en caso de crisis. La estrategia integrada de PSA de la República Dominicana es un ejemplo de mecanismos institucionales sólidos, fomentando la coordinación entre los sistemas de protección social y de gestión del riesgo de desastres para lograr una respuesta eficaz a las crisis. Otros países, como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, han logrado importantes avances en la creación de sólidos mecanismos institucionales.
América Latina y el Caribe: Arreglos institucionales y alianzas: puntaje en los tests de estrés
A pesar de los avances y las innovaciones, persisten desafíos en la aplicación de la protección social adaptativa en la región, que van desde la fragmentación hasta los retrasos burocráticos. En el informe se subraya la necesidad de mejorar la coordinación, invertir en datos, sistemas de información e infraestructura digital, y reforzar los mecanismos de seguimiento para abordar estas deficiencias.
Además, para promover el programa sobre protección social adaptativa es importante adoptar un enfoque sistémico completo para abordar los problemas estructurales y emergentes en la región. Estos desafíos abarcan el envejecimiento de la población de la región, la dinámica de la migración intrarregional y la importante proporción de población empleada en el sector laboral informal.
Las evaluaciones de los test de estrés y el informe fueron posibles gracias al financiamiento proporcionado por el Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (GFDRR en inglés).
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