América Latina envejece rápidamente. Mientras que tomó casi un siglo para que en la mayoría de los países de alto ingreso la población de 60 años o más se duplicara, la mayor parte de los países latinoamericanos experimentará este proceso en menos de 20 años, por tanto, “están envejeciendo antes de enriquecerse”. Estos países tendrán una alta proporción de personas mayores (una cuarta parte para el año 2050) antes de consolidarse como países de alto ingreso y que probablemente no tendrá programas de pensiones integrales.
Los aumentos significativos en la esperanza de vida representan un gran logro. Sin embargo, combinados con el brusco descenso en las tasas de natalidad, las altas y persistentes tasas de informalidad laboral y la falta de sistemas adecuados de cuidados y de pensiones a largo plazo (donde apenas 40% de población de 60 o más años recibe una pensión), elevan el riesgo de un aumento en la proporción de personas mayores sin recursos para la vejez. Esto plantea desafíos en términos de un mayor riesgo a caer en pobreza, pero también para la sostenibilidad de los sistemas de salud y equidad en su ejecución, puesto que la falta de protección social y recursos materiales puede afectar la capacidad de los adultos mayores de mantenerse en un buen estado físico y mental.
Las pensiones sociales y no contributivas intentan en parte cerrar este “brecha de pensiones” y reducir la pobreza en la tercera edad. Estos programas proporcionan beneficios en efectivo a los adultos mayores que no reciben algún tipo de pensión, muchas veces debido a que carecen de un historial de empleo formal. Pero si bien los programas de pensiones sociales se han expandido de manera rápida —solo en América Latina 12 de 26 países ya han implementado una pensión no contributiva o un sistema complementario—, la evidencia en torno a sus efectos es limitada.
Hasta hace no mucho tiempo era poca la atención al potencial de los programas de pensiones no contributivas en la agenda del riesgo y la equidad en la salud. Se daba por hecho, de manera intuitiva, que los beneficios de las pensiones sociales debían tener efectos positivos sobre la salud, tales como mejorar las condiciones de vida y acceso a medicamentos, reducir la oferta laboral y por tanto la exposición a riesgos laborales. Pero el acceso a estos beneficios podría no siempre traducirse en un mejor nivel de salud. Por ejemplo, conjuntar las pensiones, es decir, compartir el ingreso de pensiones dentro de un hogar, es una práctica muy común en América Latina, muchas veces acompañada de la apropiación de beneficios por parte de los familiares del pensionado. De manera más general, los beneficios de las pensiones a la salud dependen mucho de la disponibilidad de medicamentos y servicios, así como de la conciencia en torno a la salud, en particular en área rurales.
Recientemente, presentamos evidencia de que el programa de pensiones sociales “Colombia Mayor” derivó en mejoras estadísticamente significativas, aunque pequeñas, en auto reporte de mala salud y en una disminución del nivel de hospitalizaciones para los hombres. No se encontraron efectos significativos para las mujeres. Nuestro estudio utiliza la expansión diferenciada en la entrega del programa en los municipios de Colombia, para evaluar sus efectos sobre la salud de los beneficiarios y el uso de los servicios de. Iniciado en 2004, “Colombia Mayor” proporciona una transferencia en efectivo no condicional, a adultos mayores (a partir de 54 años de edad para las mujeres y 59 para los hombres) que viven en situación de pobreza. Desde su lanzamiento, el programa se amplió rápidamente; actualmente cubre a casi dos millones de personas.
¿Qué nos dicen estos resultados? Nuestros hallazgos están alienados con la evidencia creciente sobre los beneficios que las pensiones sociales tienen en la salud y que apuntan a efectos positivos indirectos de estos programas, más allá de la mitigación de la pobreza. Sin embargo, los resultados de nuestro estudio muestra efectos relativamente modestos, por ejemplo, se establece un descenso de 5% en el riesgo de auto reportar mala salud o por haber sido hospitalizados; lo cual solo se manifiesta entre los hombres, no en mujeres.
Este efecto relativamente modesto probablemente esté relacionado con el hecho de que la transferencia en efectivo es relativamente pequeña, un total de US$15 a US$34 por mes, que es el beneficio más bajo de todos los programas similares en América Latina. De hecho, el monto de la transferencia también podría explicar por qué una reciente evaluación del programa hecha por el gobierno colombiano no reveló efecto alguno sobre la pobreza multidimensional. El efecto relativamente de baja magnitudtambién podría explicarse por el hecho de que los adultos mayores pobres, a pesar de contar con una cobertura de salud universal, siguen enfrentando muchos obstáculos para acceder a estos servicios, incluidas largas filas de espera y elevados tiempos de viaje o gastos complementarios.
Por su parte, la falta de resultados para mujeres podría estar relacionado con la dinámica de la distribución del ingreso dentro de los hogares, que típicamente favorece a los hombres. Además, las mujeres usualmente están más dispuestas que los hombres a compartir su ingreso con otros miembros del hogar, beneficiándose menos de las transferencias. Dado que es más probable que un hombre siga empleado a una edad mayor que las mujeres, los hombres disfrutarían, en mayor medida que las mujeres, de los beneficios sobre la salud conferidos por la pensión social. Esto es compatible con los resultados de una reciente evaluación de “Colombia Mayor” realizada por el Banco Mundial, que reveló un aumento en la participación laboral entre los beneficiarios hombres relativamente más jóvenes, debido a que la transferenciaen cierta forma da liquidez para ocupaciones que requieren algún tipo de inversión inicial (autoempleo en agricultura y servicios). Sin embargo, de la misma forma no se encontró efecto significativo para las mujeres.
Las pensiones sociales pueden ser un elementoimportante de una estrategia más amplia para abordar la salud de los adultos mayores en países de ingreso medio y bajo. En todo caso, en su forma actual, las pensiones sociales en Colombia probablemente sean insuficientes para mejorar de forma significativa las condiciones de salud de los adultos mayores pobres. Entonces la pregunta que surge hacía adelante es: ¿Cómo “maximizar los efectos sobre la salud de programas como “Colombia Mayor”? Una estrategia sería desarrollar un enfoque más intersectorial, que combine intervenciones sobre la oferta de servicios de salud como controles médicos preventivos, intervenciones sobre la demanda de servicios de salud, como vales de transporte para atenderse asistir a chequeos médicos, así como campañas de concientización. Una estrategia como esta podría ayudar a ampliar el impacto de estos programas en la reducción de la pobreza y en las mejoras de la salud de esta población vulnerable.
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