Personal médico realiza pruebas de COVID-19 en un barrio del centro de la ciudad de La Paz, Bolivia
La región de América Latina y el Caribe (ALC) no se libró de la variante ómicron, detectada en Sudáfrica en noviembre de 2021. Países alrededor del mundo fueron llamados a mejorar no solo sus actividades de vigilancia, sino también sus esfuerzos de secuenciación. Incluso aquellos con sistemas de prueba más sólidos en la región, como Uruguay, se vieron rápidamente sobrepasados. A principios de diciembre de 2021, Uruguay realizaba pruebas a 43 personas por cada caso detectado; en febrero de 2022, este número disminuyó a menos de 3.
Aunque los casos de COVID-19 han bajado en todo el mundo desde el punto máximo de principios de 2022, la variante ómicron sigue circulando y, hasta diciembre de 2022, se monitoreaban activamente cinco subvariantes. Desde inicios de 2023, los casos han comenzado a aumentar de manera abrupta.
Los efectos de la pandemia y de las crisis mundiales en curso, como la guerra en Ucrania y el aumento de la inflación, han sido duros y profundos. Si bien la mayor parte de la contracción del producto interno bruto (PIB) del 7% experimentada por ALC en 2020 debido a la pandemia se recuperó en gran medida en 2021, el crecimiento del PIB en 2022 y las proyecciones para 2023 y 2024 son mucho más modestos. Un aumento de las infecciones por COVID-19 podría volver a poner en peligro el crecimiento económico de la región.
Las pruebas y las actividades de vigilancia a nivel de la población son un componente poco valorado, pero vital, de los planes estratégicos nacionales para prevenir el SARS-CoV-2 y otras amenazas para la salud pública , a fin de proteger el capital humano y la actividad económica. Como parte de una estrategia nacional, las pruebas y actividades de vigilancia aportan un valor indispensable a la respuesta de salud pública de un país, ya que proporcionan datos y evidencias que pueden respaldar medidas proactivas en lugar de medidas reactivas. ¿Pero qué significa esto y cómo funciona?
En la práctica se traduce en utilizar las formas activas y pasivas de realizar pruebas y las actividades de vigilancia para orientar la asignación de recursos, comprender la dinámica de la transmisión, apoyar las vacunas y la vigilancia genómica, y monitorear la inmunidad de la población.
Actividades de vigilancia pasiva y activa
La incorporación de actividades de vigilancia en los planes estratégicos nacionales es el mensaje principal de una guía del Banco Mundial que contiene conocimientos prácticos para ayudar a los Gobiernos a monitorear el SARS-CoV-2 y la inmunidad de la población, anticiparse a las olas de pandemias posteriores, priorizar las poblaciones para efectos de vacunación y medidas de protección, y decidir las medidas de salud pública proactivas para mitigar los impactos de la pandemia en diferentes comunidades.
Las actividades de vigilancia pasiva no suelen requerir importantes inversiones nuevas o en curso, y en ellas se utilizan los sistemas, muestras o datos existentes. La guía abarca temas como:
- Vigilancia sindrómica
- Serovigilancia
- Vigilancia de aguas residuales
- Vigilancia hospitalaria
- Vigilancia de la mortalidad
- Vigilancia genómica
Las actividades de vigilancia activa son más deliberadas y, por lo general, requieren inversiones y esfuerzo para implementarlas, pero los datos que se recopilan son menos propensos a los sesgos y apoyan respuestas focalizadas más proactivas y basadas en datos. La guía abarca temas como:
- Pruebas y rastreo de contactos
- Pruebas en serie en entornos de alto riesgo
- Pruebas y vigilancia focalizadas
- Población representativa o encuestas centinela
- Estudios epidemiológicos prospectivos
Aplicación de un enfoque proactivo para la vigilancia
La guía de estrategias nacionales efectivas de pruebas y vigilancia para SARS-CoV-2 en América Latina y el Caribe del Banco Mundial proporciona asesoramiento práctico basado en la mejor experiencia internacional disponible para que los países desarrollen estrategias proactivas que les ayudarán a responder a la COVID-19 y futuras amenazas para la salud pública.
El documento menciona los elementos esenciales que los Gobiernos deben considerar al momento de elaborar e implementar sus estrategias de pruebas y vigilancia proactivas:
- Tener datos, recursos y personal del sector de salud, incluida información sobre el alcance y la cantidad disponible y necesaria para las posibles estrategias.
- Dar importancia al buen gobierno, utilizar los mejores datos disponibles e involucrar a las partes interesadas para definir las actividades de pruebas y vigilancia prioritarias que se implementarán y las poblaciones destinatarias.
- Considerar aspectos fundamentales sobre la implementación necesarios para una ejecución exitosa, como infraestructura y capacidad de laboratorios; confiabilidad de las cadenas de suministro; redes de transporte; recursos humanos, e infraestructura de vigilancia y transmisión de datos.
- Otorgar importancia a la evaluación y el aprendizaje permanentes para perfeccionar las estrategias durante su aplicación.
El financiamiento y la implementación de estrategias de vigilancia de la población proactivas serán esenciales para fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud de América Latina y el Caribe , como se plantea en una reciente publicación del Banco Mundial.
En última instancia, la vigilancia es un eslabón importante en la cadena de detección y respuesta a las amenazas para la salud pública. Pero como hemos visto con el ébola y la viruela símica en 2022, estos peligros pueden materializarse en cualquier lugar y momento. El desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de actividades de vigilancia a nivel de la población pueden respaldar la respuesta permanente a las emergencias de salud pública, fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud, y ayudar a proteger el capital humano y la economía.
Únase a la conversación