Woman in a public office in Peru.
Antes de la crisis generada por la COVID-19, la violencia de género afectaba a una de cada tres mujeres en América Latina y El Caribe, pero la pandemia ha empeorado la situación. Datos recientes revelan un aumento drástico en el nivel de violencia de género y abuso de menores en toda la región. Quedarse en casa no es una opción segura para todos.
Las medidas de los gobiernos para contener el avance del virus han dejado a muchas mujeres, niñas y niños en casa, junto a familiares abusivos, y aislándolas de las personas y los recursos que pueden ayudarlas a lidiar con situaciones violentas. Además, el estrés relacionado con aspectos económicos, financieros y de la salud en el hogar aumenta la tensión y contribuye al riesgo de la violencia.
Desde el inicio de la pandemia, se ha reportado un aumento excesivo en las llamadas a líneas telefónicas de ayuda en América Latina, lo que probablemente proporciona solo una visión parcial de lo que está ocurriendo a puertas cerradas en muchos hogares de la región. En algunos países los datos están desactualizados, incompletos o, simplemente, no existen. Por ejemplo, en El Salvador hubo un aumento del 70% en la cantidad de reportes sobre violencia contra la mujer, comparado con 2019. En Honduras, se ha registrado un aumento semanal del 4,1% en la cantidad de casos reportados de violencia doméstica e intrafamiliar.
Más allá de las puertas cerradas
La violencia contra las mujeres no solo ha aumentado en el hogar, sino que también en el ámbito público. La violencia contra las trabajadoras de la salud ha aumentado durante estos tiempos de la COVID-19. En muchos países latinoamericanos, las mujeres representan a la mayoría de los trabajadores de la salud y a los cuidadores, que están en la primera línea contra la pandemia mundial, y también en riesgo en cuanto a la violencia.
La crisis en la salud pública y los impactos directos o indirectos de las medidas de confinamiento han puesto presión sobre los recursos fiscales, limitando su disponibilidad para aumentar el apoyo a las víctimas de violencia de género y para incrementar las medidas de prevención.
Este menor espacio para la respuesta también ha exacerbado el problema. En particular, los refugios para las mujeres han estado llegando a su límite o no pueden recibir a nuevas víctimas, o se han convertido temporalmente en refugios para indigentes por parte de las autoridades. Muchas instituciones multilaterales, como ONU Mujeres, también han expresado su preocupación sobre la posibilidad de que los servicios vitales de salud para asistir a las víctimas de violencia de género sean desviados con el fin de lidiar con la pandemia.
Los efectos económicos negativos de la violencia de género limitan el potencial de crecimiento económico de los países. Se estima que la violencia contra la mujer cuesta, económicamente hablando, entre 1,6% y 6,4% del producto interno bruto de los países de la región, casi 1,5 veces lo que los gobiernos gastan, en promedio, en educación .
En este contexto, la urgencia de reducir de manera eficiente la violencia de género se ha vuelto más evidente, y la necesidad de contar con recomendaciones basadas en evidencias causales se ha hecho esencial.
El caso del Perú y el enfoque en la monitorización y la evaluación
El Perú no es la excepción en cuanto a la violencia de género. Dos de cada tres mujeres reportaron ser víctimas de la violencia, y solo un tercio de ellas buscó ayuda. Este triste panorama es real para las mujeres en el Perú, independiente de la región donde viven, su nivel socioeconómico o su edad.
El reporte "10 mensajes sobre la violencia contra las mujeres en el Perú. Un análisis de las inversiones públicas en esta agenda" muestra que, como respuesta a esta situación, el gobierno redobló la inversión para reducir la violencia de género entre 2018 y 2019, involucrando a alrededor de diez diferentes sectores e instituciones.
Este aumento en los recursos permitió expandir el rango y el alcance de las intervenciones, cubriendo cerca de 100 actividades intersectoriales tanto en los servicios de prevención como de atención y protección. Muchas de las acciones se han basado en lo que ha probado ser efectivo a nivel internacional. Sin embargo, el estudio también identificó un amplio espacio para entender de mejor manera lo que estaba funcionando y lo que no en el contexto del Perú.
Para comprender mejor la efectividad de este tipo de programas gubernamentales en la reducción de la violencia de género, y para fortalecer la evidencia hacia programas más efectivos, es esencial que estos incluyan una agenda para el monitoreo y la evaluación. Un componente de monitoreo y evaluación puede alimentar a la cadena de políticas con base en evidencia, haciendo que la reducción de la violencia de género sea más asequible y tenga más probabilidades de convertirse en realidad para los países en vías de desarrollo.
Con la profunda recesión ocasionada por la crisis de la COVID-19 y las implicancias fiscales que ha tenido en muchos países, y con los impactos ocultos que probablemente están empeorando la situación de la violencia de género, es extremadamente importante tener una visión clara de cómo usar de mejor manera los recursos para abordar esta problemática. Los colaboradores de desarrollo, la sociedad civil, el ámbito académico y el sector privado tienen un papel importante a la hora de complementar los esfuerzos del sector público.
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