Hace casi dos años que vivo en Ciudad de Panamá y aún hay dos cosas que me siguen llamando la atención: el tráfico que se complica cada vez más por el ingreso anual de más de 36.000 vehículos, y el ritmo de la construcción.
Me sorprende la cantidad de edificaciones nuevas que día a día aparecen en la ciudad. Edificios inmensos, lujosos, costosos en las zonas de mayor desarrollo e inversión, pero también proyectos de vivienda social promovidos por el Gobierno Nacional y una amplia oferta de casas para la clase media panameña a cargo del sector privado.
Completan el panorama la alta inversión pública en proyectos emblemáticos como la ampliación del Canal, el Metro, la renovación del sistema de agua y alcantarillado en el Casco Antiguo y la ampliación de vías en varias zonas críticas de la ciudad.
En este contexto, los principios de prevención y mitigación de riesgos asociados con eventos naturales deberían primar en el ciclo de proyectos de inversión, desde los estudios de factibilidad, el diseño y la construcción hasta el posterior mantenimiento.
Con certeza los proyectos de mayor inversión así lo hacen, a pesar de que la percepción generalizada es que en Panamá sólo la provincia de Chiriquí, cuya capital es la ciudad de David, y sus zonas costeras, son las que tienen problemas sísmicos. Es allá, a 5 horas de viaje de la capital, donde se puede sufrir el impacto de algún remoto terremoto o tsunami.
A pesar de esta sensación de seguridad, que se basa en el hecho de que Panamá jamás en su historia ha sufrido un desastre tan severo como sus vecinos centroamericanos, donde las pérdidas por efectos repetidos de los terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, tormentas tropicales, sequías, por señalar algunos, han sido cuantiosas, el país se encuentra ubicado en una zona altamente sísmica, en la convergencia de tres placas tectónicas (Caribe, Cocos y Nazca) que podrían ser las causantes de eventos severos.
En términos de Gestión del Riesgo, Panamá cuenta con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), muy concentrado en el manejo de la emergencia y sus preparativos, pero cuenta con otras dos entidades involucradas fuertemente en los temas de desarrollo como son el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) y el propio Ministerio de Finanzas. Estas dos entidades han sido el motor en los temas relacionados con la prevención y mitigación del riesgo en el país, junto con otras que hacen esfuerzos en esa misma dirección como son los ministerios de Salud y Educación.
Y precisamente, a través de una alianza estratégica de las entidades señaladas, con el concurso de los grupos científicos de las Universidades de Panamá y Chiriquí y con la asistencia técnica del Banco Mundial, se logró montar uno de los ejercicios más interesantes de estimación del riesgo sísmico obtenido de manera probabilista mediante el uso de la plataforma CAPRA en la ciudad de David.
En efecto, en octubre pasado, el equipo técnico local entregó a las autoridades municipales y provinciales, los resultados del mencionado estudio que permite contar con una serie de escenarios sísmicos donde se identifican las pérdidas máximas probables en las edificaciones de vivienda, salud y educación.
Con esta información, las autoridades están en condiciones de identificar prioridades, definir líneas de acción y empezar a tener una estimación del tamaño de las inversiones que se requerirían para emprender campañas de reducción del riesgo.
Estas campañas pasan por el reforzamiento estructural de las edificaciones más vulnerables, pero también por el cálculo de la magnitud de las posibles emergencias y por la capacidad de respuesta en base a una cuantificación más realista. Pero sobretodo, sirven para tomar acciones con el objetivo de prevenir el incremento del riesgo identificado mediante la exigencia del uso de códigos y normas, control de la calidad de los materiales y mejoramiento de las técnicas de construcción.
Este tipo de ejercicios resultan muy provechosos ya que permiten integrar equipos técnico multidisciplinarios e interinstitucionales, capacitarlos en el uso de técnicas novedosas que muestren un alto nivel de desarrollo en la estimación del riesgo; pero también despiertan el interés de las autoridades y funcionarios de distintos niveles de gobierno y de la comunidad en general.
La satisfacción es aún mayor si encontramos en la prensa nacional noticias como la del 15 de Enero de este año, en la que la ingeniera municipal de David, Inés Samudio, señala las acciones concretas que dicho municipio emprenderá, entre ellas, buscar un mecanismo para exigir el uso de la norma sísmica que existe pero no se aplica, capacitar a los ingenieros municipales en el uso de dicha norma para la aprobación de planos, reducir la construcción informal y emprender una campaña de reforzamiento sísmico en edificaciones indispensables, lo que se espera hacer de manera progresiva debido a los altos costos de financiamiento.
La lección es positiva en todos los sentidos y debe llenarnos de satisfacción a todos los grupos involucrados, sin embargo, además de este tipo de ejercicios, tal vez sea recomendable que consideremos alternativas adicionales que incentiven a las autoridades y comunidades a tomar acción antes, cuando estamos planificando el puente, el hospital, la escuela, o simplemente cuando decidimos invertir en la construcción de nuestra vivienda.
Caminando por la ciudad de David tuve la misma sensación que antes en Quito, Bogotá, Lima o muchas otras de nuestras ciudades. La vulnerabilidad estructural frente a terremotos, deslizamientos e inundaciones, a veces, muchas veces, ¡nos salta a la vista!
Un “tour de la vulnerabilidad” organizado con el apoyo de profesionales de la construcción, dejaría a muchas autoridades estupefactas y con ganas de emprender acciones concretas de reducción del riesgo de manera inmediata.
Un ejemplo a destacar es la NSET, siglas en inglés de la Sociedad Nacional de Tecnologías Sísmicas, que lleva a cabo en Kathmandú, Nepal, una serie de visitas guiadas por profesionales de ingeniería y planificación, donde los alcaldes y otras autoridades comunitarias hacen un análisis in situ de las implicaciones de una mala concepción estructural frente a sismos, o de la mala ubicación de construcciones en sitios propensos a deslizamientos o inundaciones.
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