Una simple pregunta en Facebook acerca de los medios de comunicación públicos latinoamericanos suscitó de inmediato el interés de la audiencia virtual.Los usuarios se volcaron, en amplia mayoría, a señalar que sus opiniones no son tomadas en cuenta por los medios públicos de sus países, mostrando así su disconformidad ante el actual escenario de medios públicos.
Esta red social -por definición interactiva-, plasmó en menos de dos horas una situación que incomoda a los ciudadanos de la región. Estos señalaron que los medios públicos deben concebirse como un servicio social generador de valores democráticos, y deben responder al concepto de “servicio público”. Con la finalidad de inculcar estos valores tanto a representantes políticos como a expertos del sector en América Latina, fui invitado al segundo encuentro sobre Medios Públicos y Sociedad la experiencia global y el camino latinoamericano, celebrado en Asunción, Paraguay.
El encuentro trató de paliar la situación de crisis en la que, bajo mi punto de vista, ingresaron los medios latinoamericanos tras el cambio de siglo. Aunque los países de la región presentan diferencias, es posible trazar puntos para dibujar un mapa común que conduce a la presente situación:
- La lógica comercial ha guiado -casi exclusivamente- el funcionamiento del sistema mediático;
- La ausencia de servicios públicos no gubernamentales y la gestión estatal como órgano de propagación del discurso gubernamental ha tenido una incidencia mínima en la audiencia;
- El surgimiento de procesos de concentración de la propiedad del sistema de medios de carácter conglomeral y liderados por pocos grupos que exceden en su significación los registrados en los países centrales de Occidente;
- La centralización de la producción de contenidos informativos y de entretenimientos en los principales centros urbanos de cada país, relegando así al resto de los territorios estatal-nacionales al rol de consumidores de contenidos producidos por otros;
- Los sistemas mediáticos latinoamericanos han sido poco regulados, en comparación con Europa o Estados Unidos, pero fuertemente controlados por la relación que mantuvieron los distintos gobiernos con los dueños las empresas periodísticas.
El resultado de estos procesos arroja un modelo donde el ciudadano es relegado a una posición de cliente. De este modo, el sistema latinoamericano de medios no es una “adaptación regional” del modelo estadounidense con su lógica comercial, ni tampoco del modelo europeo de “servicio público”.
En América Latina la elite de empresas ligadas a gobiernos de turno durante buena parte del siglo XX careció de regulaciones en pro del interés público y, consecuentemente, de una función relacionada con el interés general de la sociedad. Su interés fue definido por esa élite empresaria y política.
Al estar los medios inmersos en una lógica de lucro y al no existir medios auténticamente públicos (es decir, promotores de diversidad y pluralismo) en América Latina, quien pierde es la sociedad. Ciudadanos relegados Cuando no hay medios públicos, el derecho a la información plural o a contenidos diversos, son resignados en detrimento del balance comercial o del uso oficialista de los medios de comunicación.
En ambos casos la sociedad es relegada, como se dijo anteriormente, a una posición clientelar: las ciudadanas y los ciudadanos son interpelados como clientes comerciales o como clientes políticos.
De todas formas, la primera década del siglo XXI completó en América Latina la consolidación de procesos que apuntan al cambio: la alteración de los nexos que históricamente se construyeron entre política y medios (y en particular, entre gobiernos y empresas periodísticas) y la transformación tecnológica en el marco de la digitalización del audiovisual.
A esto se debe sumar la creciente desintermediación de la labor articulada por los sistemas tradicionales de medios en relación con la masificación de nuevos medios y redes digitales y la inexistencia de medios públicos no-gubernamentales.
Estos retos están ligados a la problemática de la libertad de expresión y los cambios regulatorios y estos, a su vez, vinculados a una concepción del derecho a la comunicación que emerge en el contexto latinoamericano con singular potencia.
Se trata de los procesos centrales que tensionan la actual coyuntura en América Latina y cuyo diagnóstico, explicación y comprensión constituyen desafíos ineludibles para generar acciones de defensa de la democratización de nuestras sociedades.
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