A medida que el peligro de una nueva crisis internacional corroe las expectativas de recuperación económica global, nuestra atención una vez más se dirige al creciente precio de los alimentos y su impacto potencial sobre la recuperación de América Latina y el Caribe.
Ahora, uno puede plantear que la región está bien preparada para sobrellevar otra debacle, y que sus pobres están protegidos del impacto de dichos acontecimientos. Después de todo, América Latina ha sido elogiada en todo el mundo por sus redes de protección social, ¿cierto?
Piensen en cómo Oportunidades, Bolsa Familia, Chile Solidario, Familias en Acción son palabras conocidas fuera de América Latina y del círculo de estudiosos de la asistencia social; piensen en cómo han inspirado a docenas de países de todo el mundo -como Turquía y las Filipinas- a seguir sus pasos.
Por lo tanto, si bien el precio de los alimentos ha aumentado hasta casi alcanzar su pico histórico, en caso de que la situación se tornase muy mala, los países de América Latina y el Caribe deberían poder asistir sin problemas a aquellos que pasen hambre (o más hambre), ¿cierto?
En realidad esta no es la conclusión de ¿Qué tan preparadas se encuentran las redes de protección de América Latina y el Caribe frente a alzas en el precio de los alimentos?, informe que realicé junto a otros colegas, basándonos en un trabajo de 2008. Algunas de sus conclusiones son aleccionadoras, otras son prometedoras, y otras invitan a la reflexión.
Lo aleccionador es que los resultados no son tan buenos como se esperaban, apenas se asemejan a los de una breve evaluación mundial de similares características.
De hecho, a pesar de la fama de los programas sociales de la región, aún existe un número considerable de países en donde los programas de transferencia focalizados en la pobreza son inexistentes, pequeños o implementados mediante sistemas inadecuados. Mediante tales programas, con tan solo US$25, por ejemplo, una familia recibe servicios de salud, nutrición y educación, que han resultado en avances significativos en el rendimiento escolar y la sanidad de los niños menos favorecidos.
Los países con redes de protección débiles son en su mayoría los que corren mayor riesgo de enfrentar graves problemas cuando aumente el precio de los alimentos, ya que importan una buena proporción de sus alimentos y/o muestran una elevada tasa inicial de pobreza o desnutrición.
Enfocándonos en los países con mayor riesgo, en su mayoría países pequeños en América Central y el Caribe, encontramos:
- Una base sólida de respuesta en México;
- Una base moderada en Bolivia, Dominica, El Salvador, Jamaica, Guatemala, Honduras, la República Dominicana;
- Una base débil en Belice, Granada, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas; y que
No preparados es el término para los programas del gobierno haitiano, si bien los programas de donantes y ONG ayudan a mitigar la situación.
Países mejor preparados
La parte positiva de la evaluación es que la mayoría de los países evaluados están más preparados en 2011 que en 2008 para ayudar a su población a sobrellevar el alza en el precio de los alimentos, en caso de que la situación lo amerite.
Varios países (Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Haití, El Salvador) implementaron nuevos programas para incrementar el alcance de la asistencia social. Otros (México, República Dominicana) ampliaron la cobertura de los programas existentes.
Varios países mejoraron sistemáticamente, o planean hacerlo, sus sistemas administrativos, principalmente los sistemas de focalización o de registro de beneficiarios—Belice, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras y la República Dominicana han estado trabajando en mejoras ambiciosas.
Se están llevando a cabo pruebas en torno a programas para áreas urbanas—Mi Primer Empleo en Bolivia, Comedores Solidarios en Guatemala, PATI en El Salvador, canastas alimenticias en la República Dominicana—pero se necesita mucho más.
La otra buena noticia es que si bien los precios internacionales se dispararon en la primavera, desde entonces se han estabilizado o moderado. Por otro lado, los precios locales aún no llegan al nivel que tuvieron en 2008, así que las mejoras que cada país realiza pueden llegar a ser efectivas antes de que se vean obligados a tomar acciones drásticas debido al precio de los alimentos.
La parte que invita a la reflexión es qué tan susceptibles son las apreciaciones respecto a la calidad o preparación de una red de protección ante desafíos específicos.
La recesión puso de manifiesto que mitigar la pobreza crónica mediante programas de transferencias en efectivo focalizados sobre la pobreza, mayormente condicionados, no es lo mismo que proteger a aquellos que de entrada no eran tan pobres de una reducción repentina en su ingreso.
Sin embargo, aun cuando se trata de mitigar las consecuencias del alza en el precio de los alimentos, donde los pobres crónicos forman el grupo vulnerable, resulta que las cosas no son tan simples. Para revertir la histórica desigualdad de oportunidades, el énfasis rural de muchas de las transferencias condicionadas en efectivo de la región es apropiado, así como sus vínculos a la educación y la salud mediante condicionalidades.
Pero la cobertura urbana también es importante para mitigar las consecuencias del alza en el precio de los alimentos. Para protegerse de un impacto a corto plazo, la velocidad, la cobertura y la generosidad también son importantes, en tanto que a largo plazo tienen más peso la compatibilidad de incentivos y la sustentabilidad financiera.
Los países tienen que hacer un balance, no solo entre gastar en redes de protección y otras cosas buenas, sino entre redes de protección diseñadas con propósitos diferentes. (Para ver el informe completo sobre redes de protección, ver enlace a For Protection and Promotion).
Las circunstancias particulares de un país determinan la mejor política de largo plazo en respuesta a una crisis de alimentos. En el corto plazo, sin embargo, se puede tomar en consideración un abanico de soluciones variadas, tales como: transferencias condicionadas de cobertura y calidad adecuadas específicamente focalizadas a grupos vulnerables; y un aumento de beneficios a lo largo de un amplio espectro social tal como pensiones, compensación por incapacidad, beneficios de desempleo (incluyendo a los pobres), entre otros.
Únase a la conversación