Habitantes de Soacha, Colombia.
En Colombia, 6 de cada 10 habitantes no tienen las escrituras sobre su propiedad, lo que dificulta las actividades de compra-venta, o en caso de abandono por conflicto, volver a recuperarla . En 2019, menos del 6% del territorio colombiano contaba con información catastral actualizada. Pero en solo dos años, ese porcentaje ascendió al 20.23% en enero de 2022.
Esto puede ser atribuido a los grandes esfuerzos de coordinación institucional y al compromiso del gobierno para poner en marcha la política de Catastro Multipropósito, un sistema de información que hace un inventario y registra las propiedades (formales e informales) según las características del suelo, el valor, el área para reconocer y proteger los derechos sobre las tierras.
Como parte de este proceso, estuvimos en Socha, ubicado en el departamento de Boyacá en el centro del país, un municipio con grandes historias de libertad y valentía, de legendarios ancestros muiscas, de independencia, de líderes y lideresas activos y comprometidos con el bienestar de sus comunidades. Allí pudimos observar cómo avanza el Catastro y el interés de la comunidad en este proceso.
Luego de cinco horas de viaje por tierra desde Bogotá, llegamos a Socha en un día soleado aunque frío, para reunirnos con miembros de la el IGAC, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Agencia Nacional de Tierras y el Departamento Nacional de Planeación, y definir los puntos de reunión donde se iba realizar la socialización de resultados del Catastro.
Las socializaciones son los espacios comunitarios e institucionales donde la comunidad puede verificar cómo quedó registrado su predio (área, linderos, ubicación). El Banco Mundial acompaña estas jornadas para verificar el nivel de participación, el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales y la claridad de la información brindada a la comunidad. Este proyecto incluye además la modernización del sistema catastral.
Una jornada constructiva
Muy cerca del casco urbano, en el salón comunal “Sitio Histórico”, al lado de la iglesia – que data del siglo XIV- fue el lugar de la cita. En el sitio, ya había algunas personas, la mayoría adultos mayores, con sus ruanas y sombreros típicos de la región. Los muy mayores tenían prioridad, al igual que las mujeres embarazadas o con niños.
Traían sus documentos (cartas venta, escrituras, certificados de registro) para verificar, con ayuda de los funcionarios y del operador catastral que su predio hubiera quedado bien ubicado, con el área correcta y los linderos bien definidos con los vecinos.
Luego pasaban a una mesa jurídica, donde chequeaban los documentos y establecían preliminarmente la relación del sujeto con el predio. Es decir, si es propietario (quien figura en el Registro de la Propiedad), poseedor (quien ejerce posesión sobre un predio privado, pero reconoce a otro como dueño), ocupante (quien hace ocupación de un terreno baldío, propiedad del Estado).
Dependiendo de esa definición, y de si el predio es rural o urbano, pasan a la mesa con la entidad respectiva: Superintendencia de Notariado y Registro (si es urbano) o Agencia Nacional de Tierras (si es rural). En ambos casos, cuando no hay propiedad consolidada, para que los funcionarios les expliquen qué sigue, les tomen los documentos y ahí finaliza la socialización.
Una de las expectativas más grandes que genera el catastro es poder tener información de predios formales e informales, para proceder posteriormente con procesos encaminados a regularizar y/o formalizar la tenencia en favor de los campesinos. Esto podrá permitirles acceder a créditos, participar en proyectos productivos patrocinados por el gobierno y tener seguridad jurídica sobre sus fincas.
Luego de esta socialización de resultados con las comunidades, el IGAC, como gestor catastral hará control de calidad e incorporará la información validada al Sistema Nacional Catastral. A los municipios seleccionados -Socha, Socotá, Sativasur y Tasco, en Boyacá-, se les entregará la información para que actualicen sus bases de datos.
Se espera un aumento de recaudo por impuesto predial, previa campaña de comunicación para que la gente entienda la importancia de actualizar avalúos y aumentar ingresos propios del municipio. Esta información entrará en vigencia en 2023, tal como lo establece la ley.
Adicionalmente, con todos los otros insumos del catastro multipropósito, la administración municipal podrá actualizar su esquema de ordenamiento territorial, usar la cartografía para gestionar mejor el riesgo, y en resumen, mejorar la gestión de su territorio.
El éxito de este sistema regularizará la situación de miles de hectáreas de propiedades tras décadas de conflicto armado que provocó millones de desplazados en el país.
Pudimos comprobar gran compromiso de los funcionarios del IGAC (autoridad catastral de Colombia) y de las demás entidades y mucho entusiasmo en las comunidades. La alta participación indica que el catastro multipropósito está en marcha y es imparable.
Únase a la conversación