América Latina posee una larga, fracturada y en definitiva fracasada historia en torno a los medios públicos. Los llamados “medios públicos” generalmente han operado como instituciones controladas por el gobierno con fines espurios —propaganda y clientelismo— en lugar de presentar contenidos de calidad al servicio de los múltiples intereses públicos.
Sin excepciones, todos los países poseen emisoras y periódicos de propiedad estatal a los que se les considera “públicos”, término que en general ha sido entendido como no pertenecer a privados. Sin embargo, nunca quedó claro el significado de “público” o a quién tendría que representar un medio público. Ningún país fue capaz de establecer medios públicos estables que fuesen el núcleo de sus sistemas de comunicación. Los gobiernos en su totalidad básicamente se apropiaron de las emisoras y periódicos públicos para que sirvan como el brazo de relaciones públicas del Ejecutivo.
Sin claridad respecto a su misión, en una región sujeta a ciclos de democracia y autoritarismo, el potencial de los medios públicos sigue siendo poco prometedor.
La confusión aún persiste. Hoy en día, muchos jugadores hablan de los “medios públicos”, pero no con una sola voz. Algunos gobiernos insisten en que el sentido de “público” es el de medios de su propiedad al servicio de intereses partidarios. Administraciones tanto conservadoras como populistas han llevado a los medios estatales hasta la primera línea del frente en su lucha contra medios opositores. Otros gobiernos siguen viendo a los “medios públicos” como portadores del contenido intelectual y educativo que ignoran las grandes cadenas comerciales que dominan la industria.
De todas maneras, en un escenario mediático dominado por los medios privados, apenas se pueden destacar algunas experiencias en medios públicos. Para mencionar algunas: El Canal 11 de México y la Televisión Nacional de Chile han producido programas exitosos sin abandonar los ideales públicos. Canal Encuentro y Pakakapa, administrados por el Ministerio de Educación de Argentina, han recibido elogios de fuentes reputadas por la calidad de su programación. El periódico estatal El Telégrafo en Ecuador ha publicado historias críticas, eludiendo exitosamente los intentos gubernamentales por influenciar su contenido. La Empresa Brasil de Comunicação, creada en 2007, ha dado pasos significativos en su compromiso con los principios de autonomía política y producción diversificada. Estos son casos importantes aunque excepcionales entre decenas de estaciones y agencias de noticias públicas administradas como piñatas partidarias y personales a lo largo de toda la región.
Lo que permanece en entredicho es la misión misma de los medios públicos en una ecología mediática multifacética y cambiante. Se necesita una visión coherente para disipar cualquier malentendido y basar los medios en ideales verdaderamente públicos. Su propósito es el de satisfacer la demanda de comunicación de públicos y democracias muy variadas que deben lidiar con desigualdades sociales, violencia y conflictos políticos. Los medios públicos deberían cultivar espacios comunes para el diálogo que zanjen las profundas diferencias políticas, sociales y culturales. Asimismo, deben hacerse cargo de las fallas del mercado creadas por la falta de interés de los medios privados en cualquier tipo de contenido que no represente un éxito comercial instantáneo y de gran magnitud. Las fallas son múltiples: varían desde la ausencia de noticieros de calidad, equilibrados e investigativos que indaguen en los abusos de poder por parte de gobiernos y empresas, hasta contenidos que reflejen las vidas de los ciudadanos en democracias multiculturales.
Pero aun si la misión de los medios públicos es bastante clara, su futuro político es incierto bajo las presentes condiciones. Los sistemas de medios públicos en las democracias occidentales surgieron y se consolidaron en tiempos de escasez mediática y bajo un consenso significativo entre los partidos gobernantes. Disfrutan de la “ventaja de ser los primeros”, antes de la proliferación sin precedentes de canales y plataformas digitales. Ninguna de estas condiciones existe en América Latina. En muchos países, la polarización política y fragmentación partidaria hacen improbable cualquier consenso. Las élites políticas en general se sienten satisfechas con llegar a un acuerdo con contrapartidas con los medios privados o bien directamente ser propietarias de las empresas mediáticas. La llegada de la televisión digital se apresta a fragmentar aún más la audiencia y los contenidos.
Sin un movimiento fuerte y comprometido que reúna a ciudadanos y élites políticas, el futuro de los medios públicos es desalentador. Cualquier modelo mediático necesita de abanderados para ser exitoso. Los medios privados tienen patrocinadores influyentes con mucho dinero —las compañías privadas que han dominado los mercados mediáticos por décadas. Los medios gubernamentales también tienen patrocinadores poderosos —funcionarios que se benefician cabalmente de poder controlar un costoso y muy ruidoso megáfono. Incluso los medios comunitarios son respaldados por un movimiento significativo, como se refleja en el éxito de las leyes recientemente aprobadas por Argentina, Ecuador y Uruguay. Los medios públicos, sin embargo, carecen de un movimiento organizado y poderoso capaz de influir en una legislación que asegure su administración autónoma y provea el financiamiento necesario para mantener a raya los intereses partidarios y comerciales.
Los medios públicos siguen siendo una causa sin movimiento en América Latina. Siguen siendo un ideal valioso, aunque muchas veces se los confunda con propaganda gubernamental y programación “educativa” condescendiente y aburrida. Se necesitan nuevos argumentos para justificar por qué siguen siendo importantes los sistemas de medios públicos en un escenario informativo aparentemente diverso, dominado por la oferta comercial. La construcción de un movimiento sostenible con objetivos compartidos será crucial a la hora de revertir una triste historia de malentendidos, manipulación y mala gestión. El interés actual en reformar la legislación de los medios nos ofrece la oportunidad de generar un movimiento exitoso y regional en pos de la institucionalización de un verdadero sistema de medios públicos.
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