Readaptación: una política de vivienda que salva vidas

Cuando un huracán, terremoto u otro desastre natural golpea a un país pobre, muchas veces las familias se enfrentan a una doble tragedia: la pérdida de seres queridos y de su activo más preciado (y muchas veces el único): su hogar. Tras el terremoto de magnitud 7,0 que azotó Haití en 2010, y mató a más de 260.000 personas, el 70% de las pérdidas de activos estuvieron relacionadas con la vivienda. 
 
Ecuador debe desembolsar miles de millones de dólares en costos de reconstrucción tras el terremoto de 7,8 en abril , que mató a 900 e hirió a casi 28.000 personas. Si Perú sufriese un terremoto de magnitud 8,0, alrededor del 80% de las pérdidas económicas potenciales estarían relacionadas con la vivienda .
 
Y si bien la furia de la naturaleza no distingue entre áreas urbanas y rurales, la mayor parte de las pérdidas causadas por un desastre se concentra en las ciudades, y afecta de manera desproporcionada a los pobres. Esto representa un gran desafío para los países de ingreso bajo y medio.
 
En América Latina y el Caribe, 200 millones de personas -1/3 de la población- vive en asentamientos informales, donde la mayoría de las viviendas no cumple con las normas de construcción y los seguros de vivienda son inexistentes. No debería sorprender que los distritos informales (es decir, los barrios más pobres) de la región sufran la mayor parte de las muertes relacionadas con los desastres naturales.
 
A pesar de esto, las políticas de vivienda orientadas a los pobres suelen enfocarse en ayudar a construir nuevas unidades, en lugar de readaptar las viviendas existentes para hacerlas más seguras (a veces ignorando el hecho de que suelen ser las construcciones, y no los terremotos, lo que mata a las personas).

Como resultado, el déficit en la calidad de construcción sigue siendo preocupantemente elevado: millones de familias permanecen expuestas no solo a riesgos ante desastres, sino también a altas tasas de criminalidad, desalojo, condiciones precarias de vivienda, así como falta de acceso a servicios básicos, atención a la salud, escuelas y oportunidades de trabajo.
 
Para abordar estos problemas, los países deben lidiar con el desafío de la vivienda desde dos ángulos diferentes aunque complementarios: tienen que encontrar una manera de readaptar y actualizar el parque inmobiliario existente, allí donde vive la mayor parte de los pobres, mientras se aseguran que las nuevas construcciones cumplen con las normas de construcción.
 
Después de todo, si las inundaciones o terremotos no distinguen entre viviendas antiguas y recientes, ¿por qué deberían hacerlo los diseñadores de políticas? Ya es hora que la resiliencia pase a formar parte de la definición de “vivienda decente y asequible”.

Una manera poco complicada y económica de hacer que una vivienda sea más resiliente -y salvar miles de vidas en el próximo desastre natural- es ayudar a los millones de personas que viven en asentamientos informales a modernizar sus hogares, al menos hasta alcanzar un estándar mínimo de seguridad. A continuación mencionamos tres maneras de generar incentivos para que los propietarios de viviendas, gobiernos y el sector privado inviertan en modernización:

1. Aprovechar las nuevas tecnologías. Avances en mapeo geoespacial y recopilación de datos in situ, mejores técnicas de modelado de riesgos, junto a décadas de experiencia en intervenciones post desastre natural, están facilitando y reduciendo los costos de ubicar zonas peligrosas y evaluar los riesgos que impactan en el parque inmobiliario, lo que permite diseñar soluciones modernizadoras para mitigarlos. 
2. Potenciar las capacidades del gobierno. En todo el mundo en desarrollo, los gobiernos ya tienen las instituciones, políticas, programas e instrumentos para responder a la demanda de vivienda decente y asequible (por ejemplo, agencias de formalización territorial, bancos inmobiliarios, subsidios a la vivienda y estrategias de gestión de riesgos ante desastres). Adaptando las herramientas existentes, los gobiernos pueden establecer nuevos incentivos para que los propietarios modernicen sus inmuebles como subsidios, acceso a préstamos asequibles, licencias de construcción simplificadas formalización y registro territorial. Por ejemplo, las áreas donde un porcentaje elevado de los hogares cumplen con un umbral mínimo de ubicación y calidad para la modernización, también podrían beneficiarse de una expansión más rápida de la red de alcantarillado, vías de acceso, espacios públicos y demás infraestructura, lo que a su vez promovería la densificación, rehabilitación urbana e iniciativas de construcción ambientalmente amigables, fomentando la creación de un vibrante mercado de seguros inmobiliarios. 
3. Adopción y mejora de la auto-construcción. Ningún gobierno en el mundo en desarrollo puede darse el lujo de subsidiar o subcontratar la construcción de suficientes unidades de vivienda nuevas para satisfacer la demanda actual. La auto-construcción es la única manera realista para que los residentes urbanos tengan un techo sobre sus cabezas. Los gobiernos deberían dejar de tirar dinero luchando contra la informalidad y aceptar su complejidad y potencial para salvar vidas. El desafío al que se enfrentan los diseñadores de políticas es el de incentivar a las familias para que construyan o mejoren sus viviendas de acuerdo a la normativa vigente y en lugares seguros. La tecnología también puede ayudar a lograr que las viviendas informales sean más seguras, incluyendo aplicaciones  que servirían para alertar a las personas respecto a los riesgos de un área dada o informarles sobre cómo construir estructuras más seguras. 

Invertir en barrios decentes, asequibles y resilientes es una solución integral a una multitud de desafíos urbanos : un hogar más seguro no solo salva vidas en el corto plazo, también, con el tiempo, ayuda a transformar las áreas informales en el tipo de barrio habitable y productivo que -ahora sabemos- explica el crecimiento económico de las ciudades más grandes y ricas del mundo.