Uno de cada cuatro jóvenes en América Latina no estudia ni trabaja, mientras que 55% de las empresas en la región reportan enfrentar dificultades para contratar fuerza de trabajo calificada. Salvar esta brecha es uno de los principales retos que enfrenta la región. América Latina necesita jóvenes calificados para estimular nuevos sectores económicos e impulsar la productividad, si la región quiere librarse de la desaceleración económica mundial y aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización.
Durante la primera década de este siglo, América Latina experimentó un fuerte crecimiento económico basado en el comercio, el elevado precio de los productos básicos y un aumento en el consumo interno. Este crecimiento creó nuevas oportunidades de empleo en los sectores manufactureros, de servicios y otros, lo que impulsó a millones a integrarse a la fuerza de trabajo. Sin embargo, muchos de los empleos más atractivos y calificados permanecieron vacantes en parte porque las universidades latinoamericanas no lograron mantenerse a la par de la demanda.
De acuerdo con una encuesta sobre escasez de talento realizada por ManpowerGroup en 2015, alrededor de dos tercios de los empleadores encuestados en Brasil y Perú, y aproximadamente la mitad de los empleadores de México y Colombia indicaron tener dificultades para cubrir puestos, ya sea por la falta de candidatos o por la imposibilidad de encontrar personas con la capacitación o la experiencia requerida.
Ampliar el acceso a la educación terciaria y la formación profesional de calidad es fundamental para aumentar la productividad y competitividad de la región, incentivar la inclusión social, y reducir la desigualdad que ha marcado la región por generaciones.
En un contexto de cortes presupuestarios que limitan recursos para los sistemas públicos de educación, los proveedores de educación privada pueden tener un papel importante en ampliar el acceso a los estudios universitarios y la formación profesional, especialmente para estudiantes adultos que trabajan. Estas opciones ofrecen alternativas a un costo razonable. Se ha destacado que los proveedores de educación privada son particularmente eficaces en establecer vínculos con la industria y asegurar que este alineado con las necesidades del mercado laboral.
Hay ejemplos interesantes. En Colombia, donde 3.2 millones de graduados de secundaria no tienen la oportunidad de asistir a la educación superior, la educación privada de calidad puede generar un impacto social importante. La Corporación Universitaria Minuto de Dios, conocida bajo el nombre Uniminuto, trabaja con la industria y el Gobierno para garantizar que sus programas sean relevantes a las necesidades de los empleadores y que los graduados adquieran aptitudes que se valoren. Más de la mitad de sus programas están orientados a la formación profesional en sectores clave, como la agroindustria, la gestión hotelera, la construcción, el diseño de páginas web y la salud. Uniminuto tiene 100,000 estudiantes en más de 30 planteles en ciudades y zonas rurales, y busca brindar acceso a la educación a estudiantes de todos los orígenes sociales, ya que los costos de la matrícula son comparativamente bajos.
En Perú, Cibertec es una de las instituciones de formación técnica y profesional más importantes, con más de 14 000 estudiantes en seis campus. Dirigida por Laureate, una red internacional de universidades privadas, la institución inicialmente se enfocaba en programas de tecnología de la información, pero se ha expandido a otras áreas, como gestión y negocios, comunicaciones y diseño. Cibertec es centro de aprendizaje autorizado de Cisco, proveedor certificado de soluciones Microsoft y participante del Programa de Desarrollo de la Fuerza de Trabajo de Oracle. También consulta con los principales empleadores locales para garantizar que sus estudiantes estén adquiriendo aptitudes que correspondan a las demandas de la economía peruana, en rápido crecimiento.
Pero la demanda de educación superior en América Latina, tanto pública como privada, excede la oferta actual. Es necesaria la acción conjunta de los gobiernos en la instrumentación de políticas públicas, de las empresas e industria, y de los proveedores de educación pública y privada para ampliar las oportunidades tanto de los estudiantes más jóvenes como de los trabajadores adultos, mejorar sus posibilidades de empleo y obtener un rendimiento mayor de las inversiones en educación.
Los sectores público y privado pueden trabajar juntos para promover un mayor acceso a la educación terciaria y contribuir a mejorar la productividad en América Latina —un factor clave para aumentar los ingresos y la calidad de vida— y su competitividad en la economía mundial.
*Esta nota editorial fue originalmente publicada en El País.
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