Asegurar la continuidad del Estado durante la pandemia de coronavirus (COVID-19)

Los Gobiernos deben liderar las respuestas a la pandemia de la COVID-19 (coronavirus) a través de políticas, coordinación, financiamiento y una ejecución rápida y ágil.  Los propios Gobiernos se ven directamente afectados, ya que el distanciamiento social los obliga a utilizar nuevos procesos y tecnologías para continuar con las operaciones básicas críticas, al tiempo que gestionan el impacto de la crisis en los servicios públicos. A medida que las instituciones inevitablemente se reestructuran, deben alcanzar un equilibrio entre garantizar la rendición de cuentas del flujo y la reasignación de fondos y recursos adicionales (PDF, en inglés) y llevar a cabo su trabajo diario, todo sin poner en peligro los principios y las normas de buen gobierno.

Para enfrentar la pandemia se necesitan Gobiernos eficaces, inclusivos y responsables.  Para impulsar la respuesta, deberán ser rápidos, creativos, flexibles, eficaces, transparentes y responsables. En la situación excepcional que enfrentan los países, los Gobiernos deberán tomar medidas audaces e innovadoras que permitan mitigar el impacto en los hogares, el sector privado (los mercados financieros y las compañías), las empresas estatales y sus propios organismos. En la mayoría de los países, las instituciones públicas son responsables de los servicios de emergencia (generalmente, junto con proveedores privados), la formulación de respuestas especiales (paquetes de apoyo económico, transferencias de efectivo u otras redes de protección social), la coordinación entre los distintos niveles del Gobierno y la regulación de los agentes del sector privado para disminuir los comportamientos especulativos.

Con el fin de desempeñar estas funciones —y muchas otras— de manera eficaz, los Gobiernos deben:

• Asegurar la continuidad de las actividades y de los procesos de toma de decisiones de emergencia, tanto a nivel central como local.
• Movilizar, reasignar e implementar de manera eficiente los recursos públicos, disminuyendo al mínimo los riesgos de fraude y corrupción.
• Aprovechar la movilización de ingresos internos para facilitar la cadena de suministros de atención de salud y abordar la crisis económica que está ocurriendo. Esto incluye el uso de sistemas tributarios para ofrecer alivio a los ciudadanos y las empresas durante los periodos de emergencia y recuperación.
• Asegurar la gestión y la continuidad del empleo, enfocándose primero en el sector de la atención de salud, pero luego en los servicios públicos en general. Esto puede incluir apoyo e incentivos, así como procedimientos ágiles para una implementación y continuidad eficaces y oportunas.
• Brindar servicios esenciales, incluida la salud, pero también otros sectores críticos, como la protección social, la educación, la agricultura, el transporte, la justicia, la seguridad, la energía y el agua.
• Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en los esfuerzos de respuesta a la crisis, la toma de decisiones y el uso de los recursos.
• Interactuar de manera creativa con los ciudadanos y las empresas para desarrollar espacios de colaboración y soluciones innovadoras.

Los países se verán afectados en diversos grados por las crisis sanitarias y económicas y tendrán diferentes niveles de recursos institucionales, financieros y humanos para implementar las respuestas.  La relevancia y viabilidad de sus cambios institucionales y en materia de buen gobierno dependerán fundamentalmente del avance de la pandemia. Los ajustes serán menos factibles si la crisis ya se está desarrollando, pero más viables si hay tiempo para adaptar las instituciones y los sistemas antes de que se sientan los efectos.

Muchos países han adoptado rápidamente medidas de distanciamiento social, entre ellas el confinamiento de la población. En algunos, la alfabetización digital, la conectividad a Internet y otras instalaciones hacen posible que algunos trabajadores del sector público trabajen desde sus hogares y presten servicios administrativos en línea. En otros, estas opciones no son posibles: las respuestas se deben implementar con una menor dotación de personal y herramientas no computacionales. Incluso si la infraestructura informática está disponible, se necesitan pautas y protocolos claros para que los servicios públicos y los procesos de toma de decisiones sean eficaces en forma permanente, y el personal del sector público debe estar capacitado para responder debidamente.

Todos los países —sobre todo los que dependen de los recursos naturales— se enfrentan a una grave escasez de ingresos. Es posible que no tengan el mismo acceso a préstamos y a otras fuentes de financiamiento, lo que dificulta el establecimiento de prioridades y hace que esto sea aún más necesario. Y los países en situaciones de fragilidad, conflicto y violencia encaran desafíos adicionales. Dada la capacidad limitada de estos últimos países, las prioridades deben ser afrontar la crisis de salud y garantizar la continuidad del Estado. También se debe dar preferencia a la implementación y coordinación de medidas con los organismos de las Naciones Unidas u otros organismos especializados.

El Banco Mundial está listo para ayudar a los países a asegurar la continuidad del Estado durante la pandemia de COVID-19.  Una respuesta eficaz demanda una capacidad estatal adecuada. Tenemos una amplia experiencia en reformas del sector público y gestión de emergencias, y nuestros recursos pueden ayudar a nuestros clientes a aplicar soluciones prácticas e inmediatas. Al conectar a países de todo el mundo, el Banco Mundial también ayuda a compartir e intercambiar experiencias y mejores prácticas. Mientras todos aprendemos de esta situación sin precedentes, el Banco Mundial ofrece un espacio para trabajar juntos en el desarrollo de los mejores enfoques y de las soluciones más eficaces para todos los Gobiernos.