Según el informe anual más reciente de la Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el Desarrollo Financiero Incluyente (UNSGSA, por sus siglas en inglés), alrededor de 2.700 millones de adultos aún no gozan de los beneficios de tener acceso a cuentas de ahorro, préstamos, seguros, sistemas de pagos, planes de pensiones y servicios de remesas. Los más afectados, y en forma desproporcionada, son las comunidades más pobres del mundo; por ejemplo, solo 19% de las familias de África al sur del Sahara tiene cuenta bancaria.
Habiendo reconocido este desafío, en septiembre de 2009 los líderes del Grupo de los Veinte (G-20) crearon un panel de expertos para tratar temas clave en relación con la innovación financiera y el financiamiento de la pequeña y mediana empresa (pymes).
Como base de un plan de acción concreto para mejorar el acceso a los servicios financieros, este equipo formuló nueve principios para una inclusión financiera innovadora. Su formalización y continuidad se materializó en diciembre de 2010 con la creación de la Alianza Global para la Inclusión Financiera (GPFI, por sus siglas en inglés). Esta asociación reúne a países miembros y no miembros del G-20 con otros actores en una estructura institucional que trabaja activamente en esta área.
En su función de presidente del G-20, México ha asignado gran prioridad al fortalecimiento del sistema financiero y a la promoción de la inclusión financiera.
La importancia de esta última se torna mucho más evidente cuando vemos los esfuerzos coordinados realizados en el último tiempo, el impacto de los sistemas financieros incluyentes en la actividad económica y en los grupos vulnerables y los efectos de la crisis financiera en nuestros sistemas financieros.
En su propuesta para la agenda del G-20 de 2012, México insta a continuar la promoción de medidas que fomenten la inclusión financiera, lo que incluye acciones que respalden la educación financiera y la protección al consumidor. Se trata de componentes fundamentales para el desarrollo de sistemas financieros saludables y estables.
La agenda de inclusión financiera propuesta por México para el G-20 identifica tres aspectos prioritarios:
- Estrategias nacionales de inclusión financiera
- Educación financiera
- Protección al consumidor
- Estrategias nacionales de inclusión financiera
Uno de los primeros objetivos de la agenda propuesta por México para el G-20 es que los países con visiones similares, tanto del grupo como externos a él, se comprometan en la creación de una plataforma nacional que exija la inclusión financiera. Esto incluye la redacción de un plan de acción que refleje el contexto nacional.
Gran parte del desafío implica fortalecer el aprendizaje entre pares y crear plataformas de intercambio de experiencias, lo que requerirá la activa participación de naciones miembros y no miembros del G-20, organizaciones internacionales y el sector privado. El primer objetivo debe ser la instauración de un diálogo lo más incluyente y abierto posible.
Para hacer de esto una realidad, México ha propuesto un “Programa de Aprendizaje entre Pares sobre la Inclusión Financiera del G-20”, el que tomará en cuenta la participación de países de diversas regiones y en diferentes etapas del proceso de creación de sistemas financieros incluyentes. La propuesta abarca tres fases:
- Establecer un compromiso nacional con la inclusión financiera y crear mecanismos o consejos nacionales de coordinación
- Diseñar un plan nacional de acción estratégica sobre el tema
- Implementar el plan de acción y usar el Programa de Aprendizaje entre Pares para compartir con otras naciones participantes sus experiencias en esta área
Los países participantes decidirán en qué aspectos de esta problemática quieren enfocarse, en función de sus propias circunstancias y objetivos. Para formalizar este programa y recoger el compromiso de los participantes se está planificando un evento durante la Cumbre del G-20 en Los Cabos.
- Educación financiera
En los últimos años, los esfuerzos para promover la educación financiera han conseguido un fuerte impulso, tanto a nivel nacional como internacional. En muchos países, existe un número creciente de programas e iniciativas promovidas por diferentes actores, entre los que se incluyen entidades públicas, intermediarios financieros y organizaciones educacionales y otras no gubernamentales. Dada la diversidad de interesados y los posibles conflictos de interés relacionados, la adecuada coordinación y orientación de todos estos interesados es absolutamente necesaria. Conscientes de ello, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en conjunto con la Red Internacional de Educación Financiera (INFE, por sus siglas en inglés), ha estado trabajando en la creación de principios de alto nivel para las estrategias nacionales de educación financiera. Este conjunto de criterios claramente definidos puede convertirse en una herramienta poderosa para los países que deseen crear estrategias nacionales. Más importante aún, los principios proveen una base común para actores con agendas similares, pero no siempre idénticas.
A este respecto, México, en su calidad de presidente del G-20 está fomentando el reconocimiento generalizado de estos principios de alto nivel sobre educación financiera que actualmente están siendo formulados por la INFE y la OCDE.
- Protección al consumidor
La protección al consumidor contribuye al desarrollo saludable de sistemas financieros nacionales e internacionales y redunda en un uso más seguro y adecuado de los servicios financieros por parte de los clientes. Tales protecciones nivelan el terreno de juego para proveedores y usuarios de los servicios financieros al aumentar la transparencia y garantizar la defensa de los intereses de todas las partes involucradas. Las protecciones al consumidor complementan las políticas de educación financiera; más importante aún, contribuyen al éxito de las políticas de inclusión financiera, especialmente en los países menos desarrollados.
La agenda de protección al consumidor propuesta por México se basa en dos componentes. En primer lugar, requiere la formalización de la Red Internacional de Protección al Consumidor Financiero (FinCoNet, por sus siglas en inglés) como institución mundial destinada a ese fin. La propuesta para FinCoNet tendría el mismo modelo y estructura que otras organizaciones internacionales.
En segundo lugar, la agenda requiere el desarrollo de enfoques eficaces para la implementación de los principios de alto nivel sobre protección al consumidor financiero del G-20, según lo aprobado en la Cumbre de Cannes.
La coordinación de las gestiones y el intercambio de experiencias son elementos clave de esta estrategia. Esto aplica a los tres componentes: inclusión financiera, educación financiera y protección al consumidor, tal como ha sido el caso con los esfuerzos realizados en este ámbito en México. El G-20 ha expresado su voluntad de apoyar estas gestiones con la condición de que se tomen en cuenta las circunstancias particulares de cada país. Este es el camino con mayores probabilidades de lograr buenos resultados, puesto que las naciones que participen tendrán la libertad y el deber de diseñar su propia ruta hacia la inclusión financiera. Esta autonomía trae consigo la responsabilidad de lograr frutos. La función del G-20 será prestar apoyo transmitiendo la información crucial y las experiencias obtenidas por todos aquellos involucrados en la misma tarea.
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