A principios de la década del 2000, Perú afrontaba serios problemas ambientales. La contaminación del aire en áreas urbanas, como Lima-Callao, era tan severa que causaba miles de muertes prematuras cada año. De hecho, la calidad del aire en Lima era peor que la de otras grandes ciudades latinoamericanas, tales como Ciudad de México o Sao Pablo.
Otros riesgos para la salud humana provenían, entre otros, de tres factores: La contaminación del aire al interior de los hogares a causa del uso de leña para cocinar; insuficiente acceso al agua potable, saneamiento e higiene; y la exposición al plomo, un metal altamente tóxico.
En conjunto, los problemas ambientales causaban 12 millones de casos de enfermedades al año, afectando principalmente a los niños, ancianos y a la población pobre incapaz de costear servicios médicos. Un estudio del Banco Mundial estimó que estos impactos negativos tuvieron un costo económico equivalente al 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) de Perú en 2003.
Una de las razones principales por las cuales el Gobierno de Perú no podía responder de inmediato a estos graves problemas ambientales era que no existían organizaciones gurbenamentales con una responsabilidad clara en materia de protección ambiental. Otro motivo de peso era la ausencia de un sistema de información ambiental confiable que respaldara el proceso de toma de decisiones del gobierno. Por ejemplo, había poca conciencia sobre la gravedad de la contaminación del aire, principalmente porque la mayoría de las ciudades no contaba con redes integrales de monitoreo de la calidad del aire. Inclusive en las pocas ciudades donde había estaciones de monitoreo, la información no era divulgada ampliamente. Ante la falta de esa información, era difícil identificar cuáles problemas eran más severos, así como desarrollar acciones y asignar los recursos necesarios para resolverlos.
Adicionalmente, la falta de información limitaba las oportunidades de la población –especialmente las familias pobres y otros grupos vulnerables que más sufrían por la contaminación- para debatir sus preocupaciones ambientales y acordar soluciones con entidades gubernamentales.
El gobierno del Perú reconoció que la problemática ambiental solo podría empeorar si no asumía un decidido compromiso para hacerle frente. Entre 2008 y 2015, el Banco brindó apoyo financiero, a través de tres préstamos, que ayudaron al gobierno a establecer una serie de agencias ambientales con responsabilidades claras y mejores recursos. Estó llevó a la creación del Ministerio del Medio Ambiente y sus agencias, y al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, que tiene el mandato de evaluar el impacto ambiental de proyectos a gran escala. Como un ejemplo del compromiso gubernamental por mejorar la calidad ambiental, el presupuesto para este rubro se incrementó de manera significativa: de US$ 16 millones en 2012 a US$ 71 millones en 2015.
El fortalecimiento del marco regulatorio e institucional ambiental de Perú, acompañado de inversiones y campañas enfocadas en el problema, ayudó a alcanzar mejoras destacadas en numerosos indicadores ambientales. La calidad del aire en Lima - Callao parece haber mejorado y la población expuesta niveles dañinos de contaminación ambiental cayó en 15% entre 2001-2003 y 2010-2012. De la misma manera, los riesgos por el inadecuado acceso al agua potable, saneamiento e higiene han declinado en los últimos años.
¿Significa que Perú ha resuelto sus problemas ambientales? Desafortunadamente no. Aún con la actual disminución de los niveles de contaminación, millones de peruanos siguen afrontando severos riesgos para su salud causados por el aire que respiran. Y todavía existen importantes áreas de preocupación ambiental.
Por todo lo anterior es alentador ver la prioridad que el Gobierno está dando al fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) con el apoyo financiero del Banco Mundial. El Banco financiará la construcción y operación de un laboratorio de vanguardia que será utilizado para analizar muestras recogidas por las autoridades ambientales y suministrará servicios de control de calidad a otros laboratorios públicos y privados.
El Banco también financiará el establecimiento de 31 redes de monitoreo de calidad del agua así como redes de monitoreo del aire en seis ciudades. Adicionlamente, el proyecto apoyará al SINIA en el mejoramiento de sus bases de datos y en el desarrollo de plataformas a través de las cuales el público pueda acceder a información confiable y actualizada. Esto también ayudará al Ministerio del Medio Ambiente a vigilar el cumplimiento de las normas ambientales.
Un viejo adagio dice: “No se puede administrar lo que no se mide”. Un SINIA más fuerte ayudará a la sociedad peruana, al gobierno y a otros actores interesados a monitorear la calidad ambiental. Con mejor información y un decidido compromiso hacia la salud ambiental, el Perú está listo para producir logros y mejoras en beneficio de los grupos menos favorecidos y de la sociedad en general.
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