Muchos de los actuales y cada vez más complejos desafíos del desarrollo, desde la rápida expansión urbana al cambio climático, la resiliencia frente a los desastres y la inclusión social, se relacionan estrechamente con la tierra y el uso de esta. Abordar estos desafíos y asegurar al mismo tiempo que las personas y las comunidades hagan pleno uso de sus tierras depende de que los mecanismos de reconocimiento de los derechos sobre la tierra sean consistentes, confiables y accesibles.
A pesar de los avances registrados en las últimas décadas, el registro de tierras se sigue realizando de forma aislada e incompleta en muchos países en desarrollo. En menos de la mitad de los países del mundo (y solo en el 13 % de África) se han registrado o cartografiado las tierras privadas en las ciudades capitales, y mucho menos más allá de sus límites, y con frecuencia las tierras públicas ni siquiera se registra. En menos de un tercio de los países −y únicamente en dos de África (Rwanda y Sudáfrica) − se mantienen registros digitales, medida que facilita una gestión de la tierra más eficiente frente a niveles de urbanización nunca vistos y otros desafíos ambientales. La informalidad generalizada también deja a las mujeres y otros grupos vulnerables expuestos a la inseguridad y la pérdida de derechos.
Cambiar esta situación generaría enormes beneficios. La transparencia podría aumentar a medida que los registros digitales se vuelvan más confiables y más difíciles de alterar, falsificar o perder, y los servicios públicos relacionados con la tierra se puedan monitorear con facilidad. Los pobres y vulnerables quedarían liberados de la carga de tener que defender sus derechos de propiedad. Los Gobiernos locales podrían transformar el valor de las tierras urbanas en ingresos que se necesitan con urgencia para financiar servicios y obras de infraestructura. Las empresas y los consumidores podrían monitorear los productos producidos de manera responsable a lo largo de la cadena de suministro. Y la disponibilidad de datos para planificar el uso de la tierra, la preparación ante desastres y la alerta temprana podría ayudar a salvar vidas y evitar sufrimientos innecesarios.
La buena noticia es que los avances tecnológicos hacen posible garantizar los derechos sobre la tierra de manera participativa y rentable , algo que era inimaginable incluso hace una década. Las imágenes satelitales de alta resolución y frecuencia ayudan a vincular la tenencia de la tierra con el uso de la misma e identificar brechas en la gestión. La computación en la nube y las plataformas de código abierto están permitiendo a los países en desarrollo superar las limitaciones en materia de infraestructura informática. Algunos incluso sostienen que los teléfonos móviles y la tecnología de cadena de bloques (blockchain) pueden registrar de manera segura los derechos sobre la tierra en aquellos lugares donde las autoridades gubernamentales no tienen la capacidad para hacerlo y no cuentan con la confianza de las comunidades.
Al mismo tiempo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están aumentando la demanda de datos que estas nuevas tecnologías pueden generar. En la actualidad, se espera que los países informen de manera periódica la proporción de hombres y mujeres cuya propiedad de las tierras está documentada legalmente y se considera segura. Relacionar los datos desglosados por género con datos de encuestas de hogares y datos administrativos y espaciales, hará posible, a su vez, que tanto la ayuda internacional como los programas de reformas internas estén más orientados a los resultados y se basen en evidencia.
Si bien las oportunidades de saltar etapas son reales —como hemos observado en países tan diversos como Uruguay, Pakistán y Rwanda— la tecnología no es una “solución milagrosa”. Al contrario, si no existe capacidad local para elegir las tecnologías apropiadas, y supervisión normativa para garantizar la seguridad de los datos y la protección de la privacidad, la tecnología puede promover la exclusión y la opresión en lugar de la inclusión y el empoderamiento. Los organismos gubernamentales que quieran aprovechar de manera eficiente estas nuevas opciones y al mismo tiempo evitar proteger intereses particulares deberán adoptar los reglamentos, los procesos administrativos y las normas de desempeño adecuados, y apoyar una amplia sensibilización de la opinión pública. La experiencia muestra que las grandes inversiones que no están precedidas por los cambios mencionados no aportan muchos beneficios a la población en general.
Para saber cómo los países garantizan a todas las personas los derechos sobre la tierra usando estas nuevas oportunidades, 1800 representantes de Gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y círculos académicos de 124 países participarán entre el 19 y el 23 de marzo en la 19.ª Conferencia del Banco Mundial sobre Tierra y Pobreza. (i) Este evento, organizado por el Grupo de Investigaciones sobre el Desarrollo (Development Research Group) del Banco, ha ayudado a promover el intercambio de conocimientos entre los países, compartir conocimientos e investigaciones del Banco en este campo y explorar maneras de aumentar la eficacia de la colaboración internacional en un tema esencial para el desarrollo de los países. Aquellos que no puedan asistir, tendrán acceso a una docena de sesiones transmitidas en vivo (i) en que se abordarán temas como la reglamentación de uso de la tierra, la adquisición de tierras por el sector público, los datos sobre la tenencia de tierras desglosados por género, los ODS, el potencial de la cadena de bloques para aumentar la confianza y la transparencia, y muchas otras materias.
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