Es hora de redefinir qué significa ser agricultor en el siglo XXI

Todas las semanas aparecen nuevos informes que ponen de manifiesto los impactos negativos de los sistemas alimentarios en el medio ambiente. La agricultura y el cambio en el uso de la tierra figuran entre los principales factores que contribuyen a la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático . En vista de que hay 1 millón de especies en peligro de extinción (de un total de 8 millones de especies) (i) y de que la agricultura constituye el uso principal de la tierra, es crucial repensar la actividad agropecuaria como fuente de productos comercializables y también de funciones ambientales para el planeta.

Tanto si somos principalmente consumidores de alimentos como productores, contribuyentes o funcionarios responsables de la formulación de políticas, todos tenemos interés en lograr una agricultura más ecológica en favor de la estabilidad ambiental del planeta. Pero en lo que respecta a la implementación de cambios, actualmente es mucho lo que se espera de uno de los grupos que conforman este sistema: los agricultores.

En realidad, los agricultores ya enfrentan dificultades para ganarse la vida en un mundo donde los precios de mercado son volátiles, los patrones meteorológicos se modifican con mayor rapidez que la capacidad para adaptarse a ellos, y las plagas y las enfermedades pueden destruir toda la producción de una temporada.

¿De qué manera pueden los agricultores adoptar prácticas de trabajo más sostenibles que no solo protejan sino que también restablezcan los recursos naturales?  ¿Cuál es la combinación más adecuada de incentivos normativos, señales del mercado, regulaciones e inversión pública para respaldar esta transición urgente?

Las respuestas, desde luego, varían según el paisaje. Pero deben comenzar con los resultados financieros de los agricultores. Como un pequeño productor de los Países Bajos me recordó recientemente: “Si estás en rojo, no puedes pasarte a la agricultura verde”. En otras palabras: las prácticas sostenibles a largo plazo que benefician al planeta deben también ser rentables desde la perspectiva del negocio antes que los agricultores puedan comprometerse a adoptarlas. 

Afortunadamente, hay una amplia variedad de actividades que pueden generar beneficios triples: de adaptación, mitigación y productividad. La agricultura climáticamente inteligente abarca prácticas tales como mejor gestión del agua, tolerancia de los cultivos al estrés, cultivo intercalado, enmienda del suelo, mejor gestión de los desechos animales y agrosilvicultura, las cuales permiten a los agricultores reducir su nivel de exposición a las inundaciones y sequías, almacenar más carbono en sus explotaciones agrícolas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar sus ganancias.

Si los agricultores reciben los incentivos adecuados y acceso al capital a un costo asequible, si se les ofrecen las tecnologías adecuadas y el asesoramiento pertinente, a menudo se ponen a la altura del desafío de la sostenibilidad porque les resulta rentable.

Eso no significa que los consumidores y los compradores mayoristas quedan libres de toda responsabilidad en el asunto.

Los consumidores pueden hacer su parte comprando productos de elevada calidad que recompensen las prácticas sostenibles e inclusivas. La compra responsable de insumos en las grandes empresas y la transparencia del mercado también pueden contribuir. Pero con frecuencia las primas que se cobran por los animales o los cultivos producidos de manera sostenible no son suficientes para mantener a los agricultores a flote cuando el exceso de oferta o una crisis del tipo de cambio provocan fuertes caídas en los precios de un producto básico. (Conozca las penurias de un pequeño productor de café de alta calidad de Guatemala, [i] descriptas en un artículo publicado por The Washington Post el pasado verano boreal, por ejemplo). Además, los productos de alta calidad están fuera del alcance de muchos consumidores que tienen dificultades para alimentar y vestir a sus familias.

Gana cada vez mayor aceptación la idea de que el apoyo público brindado a los productores de alimentos debería reexaminarse a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible, de modo de reducir los subsidios que generan impactos perjudiciales, incrementar la inversión en investigación y desarrollo, y establecer incentivos positivos para que los agricultores se vuelquen hacia prácticas que generan sostenibilidad. Esta fue una conclusión clave del informe que la Coalición para la Alimentación y el Uso del Suelo dio a conocer en septiembre, titulado Crecer mejor: Diez transiciones críticas para transformar la alimentación y el uso del suelo, (PDF) y de un programa de políticas que está ganando apoyo en varios de los países en los que trabaja el Banco Mundial.

Sin embargo, en mi opinión debemos ir todavía más lejos. En vista de las demandas que la sociedad impone a los agricultores, es hora de redefinir lo que significa ser agricultor en el siglo xxi: no es tan solo un productor de alimentos, sino también un proveedor de servicios ecosistémicos . Es necesario establecer un sistema que permita respaldar esa visión.

Los pagos por servicios ambientales podrían contribuir a atenuar las oscilaciones de los ingresos de los agricultores derivadas de la volatilidad de los precios de sus productos y ofrecer el horizonte de largo plazo que estos necesitan para invertir en prácticas sostenibles. Los agricultores que buscan la sostenibilidad (es decir, los que se esmeran por enriquecer el suelo, proteger las márgenes de los ríos, plantar árboles y preservar los hábitats naturales) podrían recibir compensación no solo por los bienes estacionales que producen y venden en el mercado, sino también por los servicios ambientales públicos que el establecimiento agrícola proporciona durante todo el año. En algunos países, como Costa Rica, ya se han utilizado estos pagos con cierto éxito.

Sin embargo, con los actuales precios de mercado, los pagos por los servicios ecosistémicos, como el almacenamiento de carbono, la estabilización del suelo o la mejora de la calidad del agua, no reflejan plenamente el valor social de dichos servicios. Esta brecha podría reducirse o eliminarse si se reconfigurara el apoyo público otorgado a la agricultura. Ese apoyo podría compensar más explícitamente a los agricultores por proporcionar estos servicios y, a cambio, ellos deberían cumplir ciertos parámetros. De este modo, se empoderaría a los 570 millones de establecimientos agrícolas de todo el mundo y a sus numerosos campesinos y trabajadores para transformar y restablecer los paisajes agrícolas.

Está claro que los sistemas alimentarios deben someterse a una gran transformación para generar resultados más sostenibles . Pongamos manos a la obra y elaboremos soluciones normativas que ayuden a los agricultores a ocupar un lugar de liderazgo en la restauración del planeta.