Recorrer el último tramo: Cómo resolver los problemas más difíciles con el Gobierno y la sociedad civil

Siempre me ha intrigado el desafío de encontrar nuevas soluciones para los problemas cotidianos, algo así como los rompecabezas en tres dimensiones para adultos. Hay problemas que parecen simples si se los mira desde afuera, pero son realmente difíciles de resolver cuando uno se centra en ellos, tal como pasa con los retos en materia de desarrollo que enfrentan los países. Ya existe una amplia gama de soluciones técnicas sólidas y probadas para el acceso a servicios básicos como la educación o la salud, la construcción de la infraestructura necesaria para conectar a los productores con los mercados, o el suministro de agua potable para todos. Sin embargo, millones de niños siguen recibiendo una educación de mala calidad, las madres continúan muriendo al dar a luz, y las familias pobres pasan una buena parte de su día caminando solo para conseguir agua potable.

¿Por qué es tan complicado conseguir soluciones para quienes más las necesitan? Muchas veces, la respuesta casi automática es que aunque existe el conocimiento, los países carecen de los recursos necesarios para abordar estos problemas. Pero muy rápidamente se aporta más dinero sin cambiar las cuestiones fundamentales, con lo que se obtiene poco éxito en el mejor de los casos. En otras ocasiones, se gastan millones de dólares en la creación de capacidad y el intercambio de conocimientos, pero es arduo obtener resultados porque falta apoyo institucional para las soluciones.

 Esta me pareció una de las mayores paradojas del mundo. Me quedó claro que para resolver realmente estos dilemas, además del dinero y el conocimiento se necesita voluntad política e información a nivel local. Los mecanismos de auditoría social ofrecen una manera de hacer esto, al permitir que las opiniones de los ciudadanos acerca de los servicios públicos lleguen directamente a los funcionarios a cargo. Esta es la tarea que se debe llevar a cabo en el desarrollo internacional y lo que los ciudadanos están exigiendo más y más  cada día.
 
Es por eso que hace un año y medio me uní a la Alianza Global para la Auditoría Social (GPSA, por sus siglas en inglés) para dirigir su programa, actualmente con sede en el Instituto del Banco Mundial (WBI). La GPSA apoya a los Gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para que colaboren en la solución de los desafíos de gobernanza. Después de muchos años de trabajo en países en desarrollo, sabía que estas “iniciativas  de buen gobierno basadas en la colaboración” son eficaces en contextos y sectores muy diferentes. Quería formar parte del impulso para que el Banco y otros se centren en el “último tramo” que es apoyar y fomentar la relación vital entre Gobierno y OSC.
 
La GPSA ayuda a los ciudadanos a dar a conocer su opiniones, a los Gobiernos a escuchar, y mediante una estrecha colaboración apoya a las instituciones públicas para que respondan a las demandas ciudadanas. La Alianza otorga donaciones directamente a las OSC para que puedan crear y sostener su labor en muchas cuestiones: desde la lucha contra la corrupción en la República Dominicana hasta la reducción del ausentismo docente en Malawi. Las OSC aplicarán distintas herramientas de auditoría social (comentarios vía mensajes breves de texto, tarjetas de calificación comunitaria u observatorios ciudadanos) para “cerrar el círculo” de muchos problemas complejos.
 
La iniciativa pone de manifiesto el creciente impulso del enfoque de la auditoría social. Más de 90 asociados globales se han unido a la GPSA hasta ahora, entre ellos UNICEF, la Unión Europea, CIVICUS, el Bank Information Center, Twaweza y Accountability Lab. (i) En las últimas dos semanas, la Fundación Aga Khan de EE. UU. (i) anunció una contribución de US$500 000 para el Fondo Fiduciario de la GPSA (vea su blog), (i) uniéndose al Banco Mundial y la Fundación Ford (i) como donante. También Open Society Foundations (OSF) acaba de dar a conocer una donación de US$750 000 (i) para el proyecto CheckMySchool de las Redes Afiliadas para la Responsabilidad  Social (ANSA-EAP) de Filipinas, que se otorgó como parte del financiamiento paralelo que OSF ha reservado para la GPSA.
 
Treinta y cuatro Gobiernos (i) de naciones en desarrollo se han sumado a este nuevo mecanismo, lo que permite que la GPSA financie OSC que operan en sus países sin ningún tipo de condiciones previas. A comienzos de 2013, la Alianza lanzó su Primera Convocatoria  de Propuestas de nuevas ideas para la resolución de problemas y comprometió más de US$9 millones para apoyarlas. Un innovador portal de conocimientos está en marcha para generar y compartir información, y llevar a cabo intercambios sur-sur sobre lo que funciona en materia de auditoría social. Se acaba de lanzar la Segunda Convocatoria Mundial de Propuestas adaptadas a la situación de cada país en 33 naciones. Por primera vez en la historia del Banco Mundial, los actores de la sociedad civil junto con los Gobiernos y los donantes se reúnen en un activo Comité Directivo que toma decisiones sobre las actividades y el financiamiento de la Alianza.
 
La GPSA ha sido concebida como una entidad del Grupo del Banco Mundial que permite aprovechar el potencial de hacer participar a cientos de actores de la sociedad civil en la resolución de problemas de desarrollo. Hasta ahora, el recorrido ha sido muy interesante. Esto es solo el comienzo y tengo mucho interés en ver qué sucederá en el futuro.