A medida que se asienta el polvo de la crisis financiera global, se empiezan a vislumbrar las enormes oportunidades que ha abierto para América Latina, lo cual creo propicio discutir en este prestigioso foro de la Conferencia de las Américas.
Una de ellas es dejar atrás la volatilidad económica que históricamente ha caracterizado a la región. La crisis ha generado una nueva fe en el poder de la inversión pública como instrumento de manejo del crecimiento de corto plazo.
En las semanas que siguieron al colapso del banco de inversión Lehman Brothers –que evidenció la profundidad de la crisis financiera-, la mayoría de los países de América Latina (y, en verdad, del mundo) anunciaron paquetes de estímulo fiscal, incluso aquellos que no debían porque no tenían capacidad de implementarlos. Los programas de estímulo fiscal variaron en tamaño, pero en todos ellos figuraba la inversión pública como instrumento reactivador, según señalan estudios del Banco Mundial.
El mensaje es claro: cuando el consumo privado cae, y convierte a la capacidad instalada en capacidad ociosa, el estado interviene para llenar la brecha. Bienvenido al mundo de la política fiscal anti-cíclica.
Lo que veo es que este mecanismo puede transformar los sistemas de inversión pública de la región, para que dejen de ser una fuente de financiamiento del gobierno, que se corta cada vez que caen los ingresos o que hay que acomodar una expansión del gasto. Esto es, que dejen de ser parte del manejo de caja del estado.
A comienzos de los años 90, la preocupación por la inflación forzó a los gobiernos de la región a abandonar la impresión de moneda como fuente de financiamiento del déficit fiscal. La transfirieron a bancos centrales independientes con el compromiso de que logren estabilidad de precios a través de “metas de inflación”. En esta ocasión, la preocupación por el desempleo que está en alza, puede forzarlos a ligar formalmente la inversión pública con el panorama de crecimiento.
En otras palabras, los forzaría a tener “metas de crecimiento” que harían que nuestros estados sistemáticamente ahorren en los tiempos buenos para invertir más en los tiempos malos.
Este principio tan simple pero tan poderoso hizo su debut en América Latina durante esta crisis en Chile, y ha probado ser un éxito económico y político rotundo que –estoy convencido- muchos buscarán repetir.
Por supuesto que amarrar formalmente la inversión pública al panorama de crecimiento tendría una serie de beneficios adicionales. Le daría un objetivo estratégico claro al gasto de inversión: se trata de crecimiento, no de asistencia social, compensación regional o necesidad política.
Encauzaría el dólar marginal hacia proyectos que atraen mayor inversión privada, pues tendrían mayor impacto en el crecimiento. Aceleraría los esfuerzos para mejorar el ambiente de negocios privado y la promoción de inversiones. Y profesionalizaría los mecanismos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos públicos.
Sin duda, los desafíos políticos e institucionales de establecer metas de crecimiento no son menores.
Y todavía carecemos de una teoría adecuada para diseñar un mecanismo de metas de crecimiento. Pero la crisis abre una oportunidad para comenzar a pensar en este tema.
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