¿Qué podrían hacer los países en desarrollo con USD 500 millones adicionales al año para infraestructura? Con esa cantidad de dinero podrían financiar alrededor de 83 kilómetros adicionales para servicios de tránsito rápido por autobús (i), lo que aliviaría la congestión y mejoraría el transporte público. Podrían agregar otros 570 megavatios de capacidad de generación de energía solar instalada (i) duplicando algunas de las plantas solares más grandes de África, o podrían financiar 500 kilómetros extras de carreteras de cuatro carriles (i), impulsando la conectividad y el crecimiento económico.
Imaginen las posibilidades para los países en desarrollo: flotas de autobuses eléctricos, granjas solares extensas, autopistas de enlace y otros megaproyectos de gran visibilidad que marcan una diferencia real en la vida de las personas, conectándolas con los empleos y servicios.
Pero ¿este tipo de inversión es posible? ¿Pueden los países lograr tal nivel de transformación? Nuestras últimas investigaciones nos hacen sentir optimistas, y algunos países ya están en camino. De manera sorprendente, la fórmula secreta no son las tecnologías avanzadas, los trabajadores altamente calificados o los equipos de última generación. Es algo que no se puede tocar ni ver: marcos regulatorios sólidos. En un nuevo informe del Banco Mundial titulado Benchmarking Infrastructure Development (Análisis comparativo del desarrollo de infraestructura), se señala que existe una correlación significativa entre las reformas regulatorias relativas a las asociaciones público-privadas (APP) y las inversiones en infraestructura a través de APP.
Mucho antes de que pueda comenzar la construcción, se requiere una gran cantidad de trabajo entre bastidores. Los mercados financieros locales deben estar preparados, las regulaciones deben ser claras y estables, y los gerentes de proyecto deben asegurarse de que sus equipos tengan las habilidades necesarias para administrar las adquisiciones, las licitaciones y los contratos.
Los Gobiernos también deben establecer prácticas para implementar con éxito las asociaciones público-privadas, que constituyen un vehículo importante para financiar y completar los proyectos de infraestructura. Los datos de nuestro informe indican que estas reformas regulatorias "invisibles" son tan importantes como las grúas y las excavadoras que construyen nuestros puentes y caminos Se muestra que los países que fortalecieron sus marcos de APP entre 1990 y 2022 experimentaron un aumento promedio de USD 488 millones anuales en inversión en infraestructura.
¿Por qué son tan importantes estas acciones entre bastidores? Las reglas claras y bien establecidas hacen que sea más fácil y menos riesgosa la participación de los inversionistas privados en proyectos de infraestructura. Los países que cuentan con marcos regulatorios sólidos están mejor posicionados para obtener financiamiento destinado a infraestructura esencial, liberando así los recursos críticos necesarios para satisfacer otras necesidades urgentes en los sectores de la salud, la educación, el medio ambiente y otros ámbitos.
Por supuesto, las reformas regulatorias son solo una parte de la historia. La trayectoria de cada país es única. Por ejemplo, Kenya y Filipinas pusieron en marcha proyectos de energía renovable y gradualmente pasaron a iniciativas de mayor envergadura y complejidad.Colombia fue uno de los pocos países que creó APP en el sector del transporte en etapas tempranas. Y Australia implementó con éxito APP sin contar con una ley independiente en este ámbito. La clave es contar con un marco que fomente la inversión y se adapte a las condiciones locales.
A pesar de los diferentes enfoques, más países están adoptando leyes específicas sobre APP. A junio de 2023, 109 de las 140 economías (78 %) evaluadas en Benchmarking Infrastructure Development contaban con un marco regulatorio específico para APP en vigor y 79 economías habían promulgado leyes sobre APP (56 %). Entre 2019 y 2022, siete economías (Arabia Saudita, Armenia, Ghana, Montenegro, Qatar, República Dominicana y Sudán) introdujeron sus primeras leyes sobre APP, y 60 países modificaron sus regulaciones.
Si bien se han logrado avances, siguen existiendo deficiencias importantes, especialmente en la preparación de proyectos, un área crucial que aún necesita mejoras. Por ejemplo, solo el 5 % de las economías exige sondeos de mercado para recopilar información sobre tecnología e innovaciones, y solamente un tercio de las 140 economías incluidas en el informe estandarizan los documentos utilizados en las transacciones de APP o publican evaluaciones en línea. Estas áreas no han registrado avances desde 2019.
Estas brechas son una razón fundamental por la que el Banco Mundial trabaja con los países clientes en las esferas de las mejores prácticas en APP y el desarrollo de infraestructura. Con ese fin, el área vertical de Infraestructura del Banco Mundial es sede de tres asociaciones financiadas por donantes: el Servicio de Asesoramiento para Infraestructura Pública y Privada (PPIAF) (i) fortalece las políticas, regulaciones e instituciones que facilitan la participación del sector privado en proyectos de infraestructura; el Mecanismo Mundial de Financiamiento de la Infraestructura (GIF) (i) ayuda a los países clientes a elaborar carteras de proyectos de infraestructura sostenibles y de calidad, y la Alianza para la Inversión en Infraestructura de Calidad (QII) (i) brinda apoyo para incorporar principios de calidad (i) que sientan las bases para lograr una infraestructura sostenible, resiliente e inclusiva. En conjunto, estas tres entidades ayudan a los países a introducir cambios eficaces en cada etapa del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura, lo que puede marcar una enorme diferencia.
Para seguir avanzando, los países deben perfeccionar sus estrategias y aprovechar recursos como el informe Benchmarking Infrastructure Development del Banco Mundial, que proporciona miles de puntos de datos sobre las regulaciones relacionadas con las APP a nivel mundial, e ilustra las evoluciones de los países a lo largo del tiempo. Los invito a todos ustedes, ya sean ciudadanos particulares, profesionales especializados o funcionarios gubernamentales, a explorar los datos, evaluar los avances de su país e impulsar más reformas.
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