COVID-19 y la crisis educativa en América Latina y el Caribe: ¿cómo podemos evitar una tragedia?

Perder un año entero de escolaridad puede significar la diferencia entre un futuro brillante y una vida desbaratada. Esto es lo que está ocurriendo con millones de niños en América Latina. Los sueños y esperanzas de una vida mejor pueden quedar aplastados para siempre, a menos que actuemos ya.

Enfrentamos la crisis educativa más grande que se haya visto en América Latina y el Caribe. La mayoría de las escuelas han estado cerradas durante casi un año debido a la COVID-19. Ya podemos observar el daño en términos de resultados educativos, capital humano y en la productividad de una generación entera.

Primero, analicemos el daño, para luego dirigir nuestra mirada a la pregunta más acuciante: ¿Qué debemos hacer para evitar que esta crisis se convierta en una tragedia?

A febrero de 2021, alrededor de 120 millones de niños en edad escolar habían perdido o corrían el riesgo de perder un año completo presencial del calendario escolar debido a las medidas para contener la pandemia, de acuerdo a un nuevo informe del Banco Mundial, “Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños. Los costos y la respuesta ante el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector educativo de América Latina y el Caribe”.

Y si bien los gobiernos intentan llegar a esos alumnos a través del aprendizaje en línea y otras soluciones multimodales, demasiados están quedando a la vera del camino. Las escuelas y las familias a menudo no estaban preparadas para llevar a cabo esta transición. Por ejemplo, solo un 77 por ciento de los alumnos de 15 años en la región tiene acceso a Internet en el hogar, y este problema es mucho más pronunciado entre grupos desfavorecidos. En Perú, México, Panamá y Colombia, por ejemplo, solo el 14, 19, 24 y 25 por ciento de los alumnos en el quintil inferior tiene acceso a Internet en el hogar, respectivamente.

El impacto previsto de la pandemia sobre el aprendizaje y los demás resultados educativos es pasmoso y tremendamente desigual. La región de América Latina y el Caribe enfrentaba una crisis de aprendizaje incluso antes de la pandemia. La pobreza de aprendizaje, definida como el porcentaje de niños de 10 años incapaces de leer y comprender un relato simple, ya era muy elevado en la región, con 51 por ciento. Además, la región ya exhibía la mayor desigualdad a nivel mundial en acceso a una educación de calidad por parte de los alumnos. En Brasil, por ejemplo, la pobreza de aprendizaje en el estado de San Pablo era de 27 por ciento, mientras que en el estado de Maranhão llegaba a 70 por ciento.

La pandemia empeoró esta situación. Al menos el 15 por ciento de los alumnos podría no regresar a la escuela en sus vidas. Las pérdidas de aprendizaje probablemente sean mucho mayores entre los niños del quintil de ingreso más bajo, ampliando la de por sí elevada brecha socioeconómica en logros educativos en un 12 por ciento. La reapertura más temprana de las escuelas privadas respecto a las públicas que tuvo lugar en algunos países simplemente contribuye a este aumento.

Y si las cosas estaban mal antes, podrían volverse mucho peores a menos que hagamos algo ya mismo. La pobreza de aprendizaje podría crecer más de 20 por ciento —de 51 por ciento a 62,5 por ciento, equivalente a un aumento de unos 7,6 millones de pobres de aprendizaje—. Tras diez meses sin clases (un año escolar), más de dos de cada tres alumnos de los primeros años de la escuela secundaria (71 por ciento) podrían no ser capaces de comprender adecuadamente un texto de moderada extensión, cuando antes de la pandemia esa cifra era de 55 por ciento. Y si los colegios permanecen cerrados por otros tres meses en el comienzo del año lectivo 2021, el porcentaje ascendería a 77 por ciento.

Estos resultados también tienen costos directos, tanto para el potencial individual de cada alumno como para la productividad futura de los países. Por ejemplo, las pérdidas de aprendizaje pueden resultar en una caída de los ingresos potenciales agregados a nivel regional de 1,7 billones de dólares, o aproximadamente 10 por ciento del cálculo base, equivalentes a un 16 por ciento del PIB regional.

Por si esto fuera poco, las dificultades económicas de las familias y la interrupción de los servicios que los estudiantes solían recibir en las escuelas, incluidas comidas para más de diez millones de alumnos en la región, están perjudicando la salud física, mental y emocional de los alumnos.

Los gobiernos y todos aquellos implicados en la educación de nuestra región deben actuar ahora para mitigar el daño, invertir para reponerse de las enormes pérdidas de aprendizaje y aprovechar la oportunidad de cambio para construir mejores sistemas educativos para nuestros niños.

Esto significa prepararse para una reapertura segura y efectiva de las escuelas a nivel nacional, asegurando la asignación de fondos suficientes para tal fin. Entonces, ¿qué podemos hacer?

• Las escuelas pueden implementar protocolos de salud e higiene acordes al contexto, de forma exitosa.
• Los docentes pueden ser clasificados como trabajadores de primera línea y tener prioridad durante el proceso de vacunación.
• El calendario escolar debe ser modificado y los planes de estudio priorizados, estableciendo metas de recuperación del aprendizaje y objetivos de aprendizaje mínimos para 2021 y 2022.
• Los docentes deben contar con las herramientas para poder identificar de forma efectiva dónde se encuentra cada alumno en términos de logros de aprendizaje. ¿El aprendizaje del alumno se encuentra donde debería haber estado hace tres meses? ¿Hace seis meses? ¿Hace un año?
• Se deben incorporar estrategias efectivas y escalables para una enseñanza adecuada al nivel, e incluir —cuando sea necesario— programas de recuperación durante y después del horario escolar.
• Los docentes y directores requerirán de apoyo para obtener las competencias necesarias para optimizar la alternancia entre actividades presenciales y remotas.

Si bien los desafíos son enormes, el potencial para reconstruir los sistemas de educación para que sean mejores que antes también es enorme. La pandemia representa una oportunidad única para llevar a cabo las inversiones pendientes en tecnología a fin de cerrar la brecha digital; en el caso de los docentes, invertir en la profesionalización de sus carreras y brindarles las herramientas que necesitan para cumplir una función cada vez más compleja, y apoyar el papel de padres y comunidades en el proceso educativo. Esto puede tener lugar de manera más rápida y mejor (por ejemplo, algunas barreras mentales en torno a la capacidad de los docentes de adaptarse a las nuevas tecnologías ahora son menores). Estas inversiones deben construir sobre la base de la respuesta inmediata. El desafío de política fundamental que tenemos entre manos es asegurarnos que esta oportunidad no se desperdicie y que los países utilicen esta crisis histórica como el punto de inflexión para la resolución de la crisis de aprendizaje.

La COVID-19 debe ser una oportunidad para transformar los sistemas educativos y desarrollar una nueva visión en donde el aprendizaje incluya a todos, en todos lados. Pero esto requiere una jerarquización de la inversión financiera en educación y una enorme voluntad política. El futuro depende de que lo hagamos bien.