El camino hacia la igualdad de género en Chile

Pueden haber sido desencadenadas por el aumento de la tarifa del metro, pero las protestas que estallaron en todo Chile el año pasado en realidad se debieron a mucho más. Los disturbios sociales nos mostraron que, a pesar del rápido crecimiento económico de las últimas décadas, los grupos más vulnerables de la sociedad aún enfrentan desafíos económicos tangibles. 

Es el caso de las mujeres chilenas, quienes tienen una de las tasas de empleo más bajas de América Latina. Muchas salieron a las calles para exigir igualdad y pedir avances concretos en temas como la disparidad de ingresos, violencia de género y persistencia de los roles de género tradicionales. Fueron las autoras de uno de los himnos feministas más poderosos del mundo, que inspiró a cientos de miles a unirse a su causa.

En este contexto, a comienzos de año estuvimos en Santiago para recopilar datos para nuestro proyecto Mujer, Empresa y el Derecho, una publicación del Banco Mundial que mide la igualdad de género en la legislación de 190 economías.  

Cuando se trata de los derechos legales y las oportunidades económicas de las mujeres, Chile tiene un desempeño mejor que el promedio mundial (que es de 75.2) y ha mostrado un progreso significativo con el tiempo.  Su puntuación aumentó más del 50% entre 1970 y 2020, de 33.8 a 77.5 de un total de 100 puntos.

Considerando que a nivel mundial una economía promedio tuvo un incremento de solo 28.8 puntos, el aumento de 43.7 puntos demuestra un notable compromiso con la igualdad de género. A pesar de esto, Chile sigue teniendo la puntuación más baja entre las economías de altos ingresos de la OCDE (las que tienen un promedio de 94.6) y entre las más bajas de América Latina (promedio 79.2).

Desafíos legales para abordar la desigualdad de género

Durante las reuniones con los expertos legales chilenos, pudimos profundizar y entender cómo el trato desigual de las mujeres afecta sus oportunidades económicas. Por ejemplo, las víctimas de acoso sexual en el trabajo nos dijeron que preferirían dejarlo antes que denunciar a su acosador. El procedimiento establecido por ley para investigar y sancionar dicha conducta a menudo puede carecer de transparencia y provocar humillación para las víctimas, lo que demuestra que es en la práctica ineficaz.

Una abogada habló de la evidente discriminación salarial que enfrentó: su jefe le dijo abiertamente que ella recibía una compensación menor que un colega hombre que hace el mismo trabajo. En su opinión, esto compensaba la posibilidad de que ella tuviera hijos algún día y tomara licencia para cuidarlos. Otra mujer explicó que su madre se negó a casarse por temor a ser discriminada en obtener una línea de crédito para abrir su negocio. Además, agregó que, aunque la obtuviera, temía que un esposo controlara su propiedad.

Cada una de estas preocupaciones refleja algunos de los obstáculos legales que enfrentan las mujeres en Chile:

• Pese a que existe una legislación que prohíbe el acoso sexual en el ámbito laboral en Chile, no hay sanciones penales para sus perpetradores ni compensación civil para sus víctimas. 
• La ley no exige la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, ni prohíbe la discriminación basada en el género en el acceso al crédito. 
• Finalmente, quizás el desafío más importante que enfrentan las mujeres chilenas es que el régimen matrimonial predeterminado en Chile es la sociedad conyugal, el cual convierte automáticamente al esposo en el jefe de la familia y administrador de los bienes matrimoniales. Esto tiene un impacto directo en la inclusión financiera de las mujeres y puede impedir su acceso al crédito. Chile es el único país de América Latina que tiene este sistema, el cual solo existe en nueve economías del mundo, la mayoría de cuales se encuentran en África subsahariana.

Pocos días después de nuestra misión, la cual incluyó una capacitación metodológica para los encargados de reformas legales en Chile, el presidente chileno Sebastián Piñera anunció su intención de dar urgencia legislativa a reformas que mejorarían la posición de Chile en el índice de Mujer, Empresa y el Derecho. 

Específicamente, su gobierno se centrará en eliminar el período de espera de 270 días para que las mujeres puedan contraer segundas nupcias y reformar cualquier disposición discriminatoria relacionada con la sociedad conyugal. En este contexto, el pasado 28 de julio la Comisión de Constitución del Senado de Chile aprobó el proyecto de ley que modifica el código civil, eliminando el impedimento para las mujeres a las segundas nupcias.

Las modificaciones anunciadas cobran aún mayor relevancia debido a los efectos que tendrá la COVID-19 en las desigualdades de género. La mayoría de la economía informal en América Latina y el Caribe está compuesta por mujeres, por lo que la pandemia las hace más vulnerables a perder su empleo y caer en la pobreza.  Además, los trabajos que se consideran esenciales durante este tiempo emplean mayormente mujeres, lo que aumenta su exposición a contraer la enfermedad.  

Es por ello que las reformas que garantizan la inclusión económica de las mujeres son más importantes que nunca. Mujer, Empresa y el Derecho, continuará destacando los procesos de reforma iniciados en países como Chile, y el impacto de la desigualdad de género, ya que solo cuando las mujeres participen plena e igualmente en la vida económica, podremos lograr un crecimiento económico sostenible, incluso en circunstancias difíciles.