Para aquellos que trabajan en temas de gestión de tierras dentro de un contexto de conflicto, existe una historia de éxito que pienso vale la pena compartir. Esta es la historia de Colombia, y cómo los conocimientos técnicos, combinados a la voluntad política, derivaron en una política verdaderamente única que realmente está influyendo positivamente en sus vidas.
Primero un poco de historia. En los albores de este siglo, el número de desplazados en Colombia llegó a su pico como consecuencia de un conflicto interno. La situación muchas veces era descrita como la peor crisis humanitaria que el hemisferio occidental jamás haya experimentado.
En ese entonces, las instituciones colombianas debían hacerse cargo diariamente de miles de desplazados que llegaban a los centros urbanos para proteger sus vidas. Si bien los desplazamientos siempre existieron durante este conflicto, las cifras alcanzadas a principios de la década de 2000 sin duda desafiaron las capacidades del Estado, generando una situación de crisis.
Para enfrentar esta crisis, el foco se centró más que nada en la asistencia humanitaria (comida, albergue, salud). Al principio, la magnitud del problema no daba cabida a enfoques de largo plazo, sostenibles.
Para el año 2003 comenzó a tomar forma una iniciativa que se transformó en el Proyecto para la Protección de las Tierras y el Patrimonio de los Desplazados Internos, apoyado por el Banco Mundial con el financiamiento del Fondo Estatal y de Consolidación de la Paz.
El Proyecto aborda los derechos de propiedad afectados por el conflicto y la violencia en las zonas rurales de Colombia. El objetivo inicial era el de proteger las tierras que estaban siendo abandonadas por los desplazados internos y que les estaban siendo robadas durante su ausencia.
En años subsiguientes, la iniciativa se ajustó con foco en el diseño de procesos para recuperar y restituir los derechos de propiedad que habían sido afectados de manera negativa y por medios ilegales, aprovechando la violencia generalizada para el robo de tierras.
Ese diseño fue innovador para el contexto colombiano en el sentido que analizaba el problema desde una perspectiva holística, por ejemplo, la manera en que involucró a profesionales desde los puntos de vista legal, catastral y social.
También puso un fuerte acento en la protección y restitución de derechos indígenas, en la participación comunitaria y en las organizaciones de la sociedad civil, así como en el seguimiento y evaluación de iniciativas.
No había un sentido de urgencia por la restitución, dado que las cuestiones vinculadas a la tierra no habían sido incluidas hasta ese momento. Por lo tanto, el equipo del Proyecto tenía el tiempo suficiente para diseñar las metodologías a implementarse, pilotearlas y ajustarlas según las necesidades.
Esto le permitió al equipo contar con estrategias sólidas y exitosas. Sin embargo, hasta ese momento el foco de atención estaba en la protección de la tierra y no tanto en su restitución, algo que requería de una voluntad que no podía provenir del escritorio de un técnico.
En 2010 asumió un nuevo gobierno con un ambicioso plan para dar inicio a un proceso de paz y así acabar con el conflicto interno. Los temas de tierras siempre han sido el núcleo del conflicto colombiano, por lo que, súbitamente, la restitución de las mismas pasó de ser el componente de un pequeño proyecto a convertirse en una nueva agencia estatal: la Unidad de Restitución de Tierras.
En 2011, el objetivo del Proyecto, que ahora se presentaba como la Unidad de Restitución de Tierras, se orientó completamente hacia la restitución. Hasta ese momento, el Proyecto había estado protegiendo tierras por más de ocho años, por lo que todo el mundo, en especial las víctimas, esperaban con entusiasmo esta transición.
El legado del Proyecto probó ser crucial para la estructuración de la nueva Unidad, así como la definición de las políticas a implementarse. Las medidas tomadas para proteger las tierras de los desplazados internos sirvieron como evidencia durante los juicios por restitución.
La capacidad institucional desarrollada durante la existencia del Proyecto (metodologías, estrategias, capital humano) se convirtió en el núcleo de la nueva Agencia. La composición del equipo del Proyecto, el profundo conocimiento territorial y las metodologías adecuadas al contexto colombiano no existían antes del mismo, pero fueron rápidamente utilizadas tan pronto se tomó la decisión política de centrarse en la restitución de tierras.
Si bien el conflicto persiste en algunas áreas, en los últimos tres años, y como resultado directo de esta política, se les restituyeron los derechos de propiedad a cerca de 20.000 personas; alrededor de dos tercios han acordado darle un uso productivo a sus tierras una vez más.
La política no es solo la restitución de tierras, también restituye vidas. Si bien el Proyecto terminó en 2014, una vez que la nueva unidad se volvió completamente operacional, sus resultados seguirán teniendo un impacto positivo en la Colombia rural en años venideros.
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