Invertir en salud mental es un imperativo económico y social para América Latina y el Caribe

La salud mental representa un importante desafío de salud pública y un problema económico y social crítico para los países de América Latina y el Caribe (ALC), particularmente luego de la pandemia de COVID-19. 

La salud mental y los trastornos por consumo de sustancias, junto con el suicidio, se han convertido en las principales causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad en la región. Esta carga afecta de manera desproporcionada a los jóvenes, con más de 10 adolescentes que pierden la vida por suicidio cada día. 

Las consecuencias sociales son profundas, pero también lo son las económicas: sólo los costos asociados con los trastornos mentales de los jóvenes superan los USD 30 000 millones anuales en pérdidas de productividad y gastos de atención médica en América Latina y el Caribe. El Informe Mundial sobre la Salud Mental: Transformar la salud mental para todos (2022) de la OMS destaca que la depresión y la ansiedad por sí solas cuestan a la economía mundial aproximadamente USD 1000 millones anuales en pérdida de productividad, principalmente debido al ausentismo, el presentismo (trabajar mientras no se está bien) y la reducción de la capacidad laboral. 

A pesar de estas cifras alarmantes, el gasto público en salud mental sigue siendo sorprendentemente bajo, con sólo el 2 % del total de los presupuestos de salud destinados a este fin. Abordar estas enormes brechas requiere decisiones de inversión estratégicas e informadas, junto con enfoques innovadores en la prevención y la prestación de servicios (documento en inglés). 

Prácticas prometedoras en la región ofrecen enseñanzas valiosas y modelos basados en datos empíricos para lograr intervenciones eficaces:

En Colombia, el proyecto DIADA (Detección y Atención Integrada de la Depresión y el Consumo de Alcohol en la Atención Primaria de Salud) emplea herramientas de detección digital que permiten identificar de manera eficiente a las personas en riesgo de depresión y trastornos por consumo de alcohol. Los médicos generales reciben capacitación para diagnosticar y tratar estas afecciones, lo que ha aumentado drásticamente las tasas de detección: de menos del 0,1 % a más del 10 % de los pacientes con pruebas de detección positivas. La eficacia en relación a los costos de la intervención es impresionante, ya que ha generado mejoras importantes en los resultados de salud mental a un costo aproximado de USD 2 por persona tratada. Este enfoque integrado y apoyado en la tecnología muestra el potencial de lograr un impacto sustancial a través de inversiones asequibles y específicas.

La integración proactiva de la salud mental en la atención primaria de la salud en Chile representa otro modelo de referencia. En el marco de la reforma del Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE), Chile ha integrado firmemente los servicios de salud mental en el modelo de la atención primaria de salud. Este sistema promueve la identificación e intervención temprana de las afecciones mentales, reduciendo el estigma y mejorando la continuidad de la atención. El enfoque específico de Chile, respaldado por el objetivo del Gobierno de llegar a un 6 % de su presupuesto de salud a la salud mental —el triple de la mediana regional—, pone de relieve el compromiso del país por reducir la carga de la salud mental.  

Paraguay ha dado pasos significativos en esta dirección al establecer un nuevo marco regulatorio que se aleja del modelo centrado en hospitales y se enfoca en la atención primaria para la prestación de servicios de salud mental. Como parte de esta reforma, el país está avanzando en la capacitación de los equipos de atención primaria para ampliar el acceso a servicios de salud mental de calidad.

Uruguay, que enfrenta una de las tasas de suicidio más altas de América Latina y el Caribe, ha puesto en marcha una estrategia integral de salud mental. Un elemento central de este esfuerzo ha sido el uso de herramientas digitales para monitorear los intentos de suicidio mediante el registro de estos eventos en las salas de emergencia en tiempo real, lo que permite seguimiento eficaz de la atención y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. El acceso a los servicios de salud mental ha mejorado significativamente al reducir las barreras financieras a los tratamientos psicoterapéuticos y los antidepresivos comunes. Los resultados son prometedores, con una reducción del 7,3 % en las tasas de suicidio entre 2022 y 2023.

En Sint Maarten, el Gobierno está invirtiendo para mejorar el sistema nacional de salud mental, centrándose en la gobernanza, el financiamiento y la prestación de servicios a lo largo del continuo de atención. Este proyecto tiene el potencial de transformar la vida de los habitantes de Sint Maarten y servir de ejemplo para otros países en las primeras etapas del desarrollo de su sistema nacional de salud mental.

Sobre la base de estos ejemplos, los países de América Latina y el Caribe podrían considerar priorizar las siguientes cuatro áreas estratégicas:

1. Reorientar la inversión desde hospitales psiquiátricos obsoletos hacia servicios de atención primaria de salud basados en la comunidad. 
2. Realizar inversiones específicas para abordar la carga que representan los trastornos mentales. 
3. Mejorar la gobernanza multisectorial. Las estrategias eficaces de salud mental requieren una acción coordinada en todos los sectores. 
4. Invertir en el fortalecimiento de datos y capacidades de investigación para brindar información confiable y oportuna para la toma de decisiones basada en evidencias.

Priorizar la salud mental en las agendas nacionales y regionales no solo es un imperativo ético, sino también una necesidad económica. El Grupo Banco Mundial está comprometido a trabajar con los países y socios a través del conocimiento y el acceso al financiamiento para garantizar comunidades más saludables, resilientes y económicamente productivas en toda América Latina y el Caribe.