Agua, luz, teléfono... ¿Quién da mejor servicio? ¿El Estado o las empresas privadas?

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Lo bueno de trabajar en infraestructura es que todo el mundo sabe lo que uno hace.
 
Todos hemos pagado cuentas, sufrido cortes de luz durante una tormenta, y nos hemos preocupado por la calidad del agua que vamos a beber. Todos hemos estado en una línea telefónica que no funciona balbuceando “¿Hola? ¿Hola?”, después de haber confesado “Te amo”, a un aparato de plástico desconectado.

Y si en el mundo profesional nos interesan estos servicios básicos que son tan fundamentales para nuestra vida, sabemos que su prestación confiable y asequible es aún más importante para los pobres. Cuando una larga espera para una nueva conexión telefónica significa estar incomunicado con el mundo exterior, que la falta de electricidad no permite estudiar, y que el agua contaminada equivale a niños enfermos, los servicios públicos representan la diferencia entre estancamiento y crecimiento, pobreza y oportunidad.
 
Todo el mundo sabe cuando los servicios funcionan y cuando no lo hacen. Pero los economistas del sector de infraestructura se han esforzado durante mucho tiempo por comprender por qué algunas empresas de servicios públicos funcionan bien y otras no. ¿Hay algún paquete de reformas que nos ofrezca más conexiones, mayor eficiencia, servicios de mejor calidad y tarifas más bajas?
 
Resulta que, aunque no existe un elixir mágico, hay algunas respuestas a estas preguntas. “Uncovering the Drivers of Utility Performance” (Revelando los factores determinantes del desempeño de las empresas de servicios públicos)- es un análisis que nos ofrece algunas ideas con base en los datos de cientos de proveedores de energía, agua y telecomunicaciones de toda América Latina y el Caribe. 
 
Público versus privado

Este debate es tan antiguo como las montañas, pero todavía puede dividir a una familia, o al menos arruinar una cena. Quitemos la emoción del debate y dejemos que los datos hablen. En promedio, las empresas privadas ofrecen servicios más eficientes y de mejor calidad que sus equivalentes de propiedad estatal.

Las pérdidas e interrupciones del servicio disminuyen, aumenta la eficiencia laboral, y se reduce la duración de los cortes. (Hay algunas excepciones: aproximadamente 1 de cada 10 proveedores públicos se desempeña mejor que el promedio de los privados). Las empresas privadas también han ampliado el acceso, pero en promedio el acceso no ha crecido más rápido que el ofrecido por las empresas públicas, y las tarifas no son más baratas tampoco, sobre todo en el caso del agua y la energía.
 
La regulación es importante

Si la eficiencia mejora pero los precios al consumidor siguen siendo los mismos en el caso del suministro privado, por lo menos una de dos cosas está sucediendo: el sector está recibiendo menos subsidios para cubrir la brecha de la recuperación de costos, o los proveedores se están quedando con una parte mayor de las ganancias.

Eso puede ser justo ante la necesidad de pagar impuestos, obtener beneficios, y cubrir los costos de inversión, pero también significa que alguien tiene que vigilar el gallinero. En la mayoría de los servicios de infraestructura, los consumidores no pueden confiar en la competencia para regular precios y calidad.

En el caso de la energía, agua y saneamiento, así como la telefonía fija, continúa habiendo monopolios. En algunos mercados de electricidad, los generadores compiten por la distribución, y los proveedores de vez en cuando compiten por vender energía o agua a través de cables y tuberías existentes, y las líneas fijas son más eficientes comparadas con los servicios móviles, pero en su mayoría, las cuantiosas inversiones en activos que definen la infraestructura no son superfluas.

Es decir, la forma más eficiente de construir la infraestructura sigue siendo una sola red que brinde servicio a cada hogar y empresa.
 
Una vez que esa red está en funcionamiento, la regulación protege la relación entre el consumidor y el proveedor. Los datos revelan que la ley de separación de principios y organismos —de proveedor y regulador de servicios, como protector del interés público— funciona.

La reglamentación produce mejores resultados para los consumidores —menores pérdidas, menos cortes, mayor eficiencia y soluciones más rápidas a los problemas— y cuanto más sólida sea la capacidad del regulador, mejores serán los resultados.

Esto es válido tanto para empresas privadas como estatales. Entes reguladores más fuertes también se correlacionan con una recuperación de costos más elevada, de modo que incluso si las tarifas promedio son un poco más altas, todo el mundo está mejor, incluidos los consumidores.
 
El misterio de las empresas estatales

Sin embargo, dentro de la verdad de los promedios se ocultan  diferencias muy significativas en el  desempeño. ¿Qué hace que ciertos proveedores estatales tengan igual o mejor desempeño que  los privados?

La diferencia gira en torno a la gestión de las empresas y los sistemas de incentivos. Los resultados son mejores en aquellas compañías que tienen sólidos marcos legales, consejos independientes, incentivos para el desempeño y finanzas transparentes.
 
El secreto de nuestro trabajo

Para aquellos de nosotros que hemos pasado la vida adulta tratando de explicar cómo reformar a los proveedores de servicios de infraestructura, este trabajo nos ofrece algunas orientaciones con base en evidencia numérica. Se parece a lo siguiente...

• En promedio, las empresas privadas de servicios públicos se desempeñan mejor que las empresas estatales, pero no esperemos que esto resuelva todos los problemas de acceso y precios.
• La supervisión y la regulación repercuten sobre el desempeño y devuelven dividendos a los consumidores en todos los países con diferentes tradiciones jurídicas, tanto en el caso de las empresas privadas como públicas. Las entidades reguladoras deben tener herramientas para poder actuar.
• Por último, es posible que no se tenga que correr el riesgo de protestas callejeras por la venta de empresas públicas, ya que algunas de estas funcionan bien. Sin embargo, para conseguir los estándares de eficiencia y calidad de servicio más característicos del sector privado, tal vez se deban implementar reformas estructurales en términos de comercialización, transparencia e independencia.