Retos y alternativas para enfrentar la violencia de género en Perú

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Mujer cocinando en Perú. Foto: ©Victor Idrogo / Banco Mundial Mujer cocinando en Perú. Foto: ©Victor Idrogo / Banco Mundial

La violencia contra las mujeres tiene múltiples consecuencias y efectos tanto inmediatos como a largo plazo. Genera ansiedad, depresión, baja autoestima, entre otros trastornos en las sobrevivientes e impacta negativamente en sus familias y comunidades. Además, ocasiona pérdidas económicas significativas tanto para las víctimas como para el Estado.

En el Perú este es un problema cotidiano y altamente prevalente. El país registra una de las tasas más elevadas de violencia a nivel mundial.  Reportes oficiales apuntan que 7 de cada 10 mujeres adultas han sido víctima de violencia psicológica, física y/o sexual en algún momento de su vida.

Y el confinamiento motivado por la COVID-19 ha empeorado esta situación. Muchas de las víctimas de violencia de género se han visto forzadas a convivir con sus agresores, lo que ha generado un incremento de las llamadas a la línea de asistencia para casos de violencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Línea 100) que llegó a atender 235 791 llamadas.

 

Gráfico 1. Comparación de reportes marzo-agosto 2018-2020 de la Línea 100 del MIMP

Gráfico 1. Comparación de reportes marzo-agosto 2018-2020 de la Línea 100 del MIMP
Fuente: MIMP / Elaboración propia

 

Principales retos

  • El primer reto es la poca información, que tiene varios orígenes como la normalización del maltrato dentro de las relaciones de pareja, el miedo, la vergüenza, la desconfianza en las autoridades, entre otros. Así, las cifras oficiales confirman que el 39% de las mujeres agredidas no pidió ayuda y un 23% no denunció a su agresor por haber sentido vergüenza, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática ( INEI).
  • El segundo reto es el de atención a las sobrevivientes que no siempre es oportuna ni adecuada. Esto sucede porque aún existen grandes brechas de implementación que afectan la calidad de los servicios que se ofrecen. Por ejemplo, antes del 2020, no existían servicios para recibir denuncias de manera remota, lo que fue un gran problema al inicio de la pandemia. Esto se ve agravado debido a la falta de capacitación en materia de género de las personas que proveen los servicios para atender casos de violencia, lo que se agudiza especialmente en zonas rurales del país.
  • El tercer reto es la prevención de la violencia. Para ello, es primordial dejar de normalizar las situaciones de violencia, reducir la tolerancia frente a ellas, y combatir ciertos mitos y normas sociales que las validan y que se desarrollan desde la niñez y la adolescencia.  Es crucial además que la prevención no se enfoque exclusivamente en las mujeres, sino también en los hombres, quienes son, en la mayoría de los casos, los perpetradores de la violencia.

¿Qué se puede hacer desde las políticas públicas?

Respecto a acciones urgentes para la atención, un primer paso es diseñar estrategias con base en objetivos comunes que involucren a todos los sectores (CEM (Centro Emergencia Mujer), Policía Nacional, Minsa, Ministerio Publico, entre otros). Por ejemplo, en Chile, el Banco Mundial dio asistencia a la creación de una plataforma integrada para sobrevivientes de violencia de género. 

También es crucial garantizar la disponibilidad continua de los servicios de atención y que estos sean oportunos, integrales y, especializados. Por ejemplo, en Uruguay el Banco Mundial ha realizado labores de apoyo al gobierno para mejorar la capacidad de atención telefónica en los servicios para casos de violencia hacia las mujeres, así como el monitoreo de posibles agresores.

Otros puntos cruciales son garantizar que las víctimas no sean culpabilizadas o cuestionadas cuando realizan su denuncia y asegurar el respeto a su intimidad y privacidad en todos los casos.

Finalmente, todas las acciones deben ser adaptadas a contextos específicos del país, teniendo en cuenta las diversas condiciones geográficas y culturales en las que se aplicarán.

En lo que respecta a la prevención a largo plazo se recomienda ampliar los recursos de la Estrategia Nacional de Prevención y dirigirla tanto a hombres como a mujeres. En ese sentido, es relevante incluir estrategias de cambio colectivo y normas sociales en las acciones preventivas.

Por ejemplo, en países como Nepal, en Asia, en donde se evidencian altas cifras de tolerancia a la violencia contra las mujeres, al igual que en Perú, la difusión de radionovelas con mensajes que buscan cambiar actitudes, normas sociales y comportamientos ha generado resultados prometedores. Adicionalmente, es de suma importancia que este trabajo preventivo se realice con niñas, niños y adolescentes mediante enfoques que combinen aspectos individuales, sociales y estrategias educativas.

Es una tarea primordial de las instituciones del Estado combatir este tipo de violencia por medio de estrategias articuladas de atención y prevención intersectoriales que respondan a los diversos contextos del Perú.  Esta tarea debe ser complementada con acciones del sector privado, de la sociedad civil y de la ciudadanía, porque cada uno de nosotros somos piezas clave para combatir la violencia y generar el cambio.


Autores

Manuel Contreras-Urbina

Especialista Senior en Desarrollo Social para América Latina y el Caribe en violencia de género.

Lorena Levano

Politóloga y científica del comportamiento

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